Comunidad de Madrid
Menores hacinados en un ‘búnker’

A las clases pudientes de Madrid siempre les gustó alejarse del mundanal ruido de la capital, aunque en el siglo XVIII se conformaban con una residencia de recreo a menos de diez kilómetros de la ciudad. A esa distancia quedaba Hortaleza, ahora un barrio más, entonces un minúsculo pueblo que cabía entero en cualquiera de las diferentes quintas que la aristocracia acaparaba a sus alrededores. Una de ellas perteneció a los marqueses de Santa Cruz, una de las familias más ricas de la época. Allí levantaron un palacio, el de Buenavista, que fue escenario del transcurrir de la historia de España. Se cuenta que las tropas francesas lo usaron de cuartel durante la Guerra de la Independencia y que después lo frecuentó el rey Fernando VII. Más tarde se convirtió en un noviciado de monjas Ursulinas hasta la Guerra Civil, cuando sirvió de refugio de milicianos anarquistas que se atrincheraron tras el golpe de Casado en los estertores de la contienda. Tras la guerra, el dictador Francisco Franco inauguró allí un orfanato para niñas. El palacio desapareció en 1949 devorado por un incendio, aunque la antigua finca ha dejado su huella en el plano de Hortaleza. Lo que fueron sus jardines forman ahora el parque de Isabel Clara Eugenia. Un lugar donde pernoctaron monarcas y que ahora aloja a adolescentes que duermen hacinados en colchonetas sobre el suelo.

AL BORDE DEL CATACLISMO

Al parque Isabel Clara Eugenia lo rodea una muralla de equipamientos públicos. Al este, en un edificio decimónico que se conserva de la época de las Ursulinas, se ubica el Centro de Salud Mental del distrito de Hortaleza, situado al noreste de la ciudad. En el corazón de la zona verde se levantó durante la posguerra un teatro inspirado en la arquitectura nazi que es sede de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. La manzana queda coronada al norte por una escuela infantil, que no es el único espacio dedicado a los niños en el ‘Claruja’, como lo llama el vecindario.

En los extremos del parque se sitúan los dos únicos centros de primera acogida de menores de toda la Comunidad de Madrid: el Isabel Clara Eugenia, que acoge desde bebés a chavales de 14 años, y el Hortaleza, destinado a los adolescentes hasta que cumplen la mayoría de edad. Este último tiene 35 camas, pero desde verano se encuentra al borde del cataclismo: ha llegado a albergar a 150 jóvenes en unas situación “indigna”, con menores pasando la noche apiñados en pasillos y otras estancias por la falta de espacio, según la plantilla del centro.

“Es un búnker y nunca se sabe qué está pasando ahí dentro”, denuncia Julio Rubio, activista y educador de este barrio. Acaba de publicar un libro, El parque, donde relata las historias de los jóvenes del Claruja que duermen al raso. “Algunos no quieren entrar por la situación en la que está el centro”, asegura. La saturación trascendió el pasado mes de septiembre con la difusión de imágenes que revelaban el “colapso” de un recurso destinado a resolver casos de urgencia. Al centro de primera acogida de Hortaleza llegan adolescentes que han atravesado África y cruzado el Estrecho en su solitario camino a Europa; entre ellos, refugiados que proceden de zonas de conflicto, pero también jóvenes que se enfrentan a situaciones extremas en sus hogares, como malos tratos o abusos sexuales.

Al centro llegan adolescentes que han atravesado África y cruzado el Estrecho en su solitario, entre ellos refugiados, y también menores que se enfrentan a situaciones extremas en sus hogares

“Nosotros tenemos que acoger a los chavales con afecto, tranquilizar y escuchar. Es un trabajo muy delicado, que necesita empatía, espacio y un entorno adecuado, y ese trabajo ya no lo podemos hacer”, explica una educadora, subrayando que la estancia temporal de los adolescentes en Hortaleza les puede determinar el resto de sus días. Con el centro de acogida cuadruplicando su capacidad, los trabajadores admiten que ya no pueden proporcionar a los jóvenes la atención personalizada que necesitan porque la masificación ha transformado el proyecto educativo en una labor de contención y meramente asistencial. “Teníamos un protocolo para derivar a los chavales con un diagnóstico muy bueno, pero hacerlo mal les puede joder la vida”, advierte esta trabajadora. “Tal y como estamos es imposible hacer nuestro trabajo, porque nos tienen, con perdón, como almaceneros”, apunta otra compañera.

SALIDAS CERRADAS

“Se nos ha abierto la entrada, pero tenemos cerrada la salida”, resumen los trabajadores recordando los recortes de plazas en la red de acogida de la Comunidad de Madrid a la que derivan a los adolescentes que pasan por Hortaleza. En octubre, parte del equipo del centro se dirigió a la Fiscalía para trasladar su “preocupación” por la “situación de vulnerabilidad” que padecen los menores, reclamando que interviniera ante “la falta de actuación de la Dirección General de Familia e Infancia de la Comunidad de Madrid”, que, en opinión de los trabajadores, está “vulnerando los derechos fundamentales” de estos adolescentes.

La degradación del centro de primera acogida de Hortaleza repercute en la convivencia. Las visitas de la Policía para intervenir son cotidianas. Y los menores deben aguardar turno hasta para comer y asearse. Antes, las estancias no duraban más que mes y medio. Ahora, se prolongan hasta los cuatro meses. Lo que ocurre en el centro, también se traslada al barrio. “El tema tiene mucha incidencia en el vecindario”, apunta la concejala del distrito, Yolanda Rodríguez. La edil de Ahora Madrid alude al temor extendido, desde principios de año, a la “banda del disolvente”, como llamaron los medios de comunicación a un grupo de menores adictos al pegamento al que se atribuyeron robos y agresiones. La alarma se tradujo en reacciones racistas y violentas como la organización de una “cacería” contra estos adolescentes que desarticuló la Policía el pasado mes de mayo, aunque también hubo una respuesta integradora, como demostró la manifestación convocada en junio por vecinos y vecinas bajo el lema “Basta ya de abandono de menores” para reclamar a la Comunidad de Madrid que asumiera su responsabilidad en la tutela de los chavales de los centros de primera acogida del barrio.

“Este problema afecta a la salud de los menores y al trabajo educativo, pero también al trabajo de recepción, evaluación y derivación de los chavales al recurso más apropiado para su bienestar y desarrollo, que no se puede hacer en estas condiciones, porque tenemos un equipo de profesionales que tiene que estudiar los casos de 140 menores cuando está diseñado para atender a 30”, expone Yolanda Peña, portavoz de Ahora Madrid en el Pleno de Hortaleza, que el pasado mes de julio aprobó una proposición que solicitaba a la Comunidad de Madrid la creación de nuevos centros de acogimiento residencial de menores “que cuenten con unas ratios y con un número de plazas que respeten las recomendaciones de Naciones Unidas sobre los cuidados alternativos a la infancia”. El Partido Popular se abstuvo en la votación, alegando que el Gobierno regional de Ángel Garrido preparaba la creación de 30 nuevas plazas en el centro de Hortaleza.

Las nuevas plazas son el “gallinero”, como han bautizado los educadores a la cuarta planta del Centro de Salud Mental de Hortaleza, adaptado para que pernocten 40 jóvenes del centro de primera acogida. Durante cuatro meses, menores subsaharianos y magrebíes han cruzado cada noche el parque Isabel Clara Eugenia para dormir en este espacio, que tiene carencias de seguridad y evacuación, según los trabajadores. Una solución “provisional” para descongestionar el centro de Hortaleza, según la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ofreció en septiembre las 80 camas del Palacio de Valdés, en Tres Cantos, para acoger a menores. Un ofrecimiento al que se opuso el alcalde de esta localidad 

Con ese mismo propósito, el Ayuntamiento de Madrid ofreció en septiembre el Palacio de Valdés, ubicado en el municipio de Tres Cantos y habilitado con 80 camas, para acoger a menores. Un ofrecimiento que aceptó el Gobierno regional, pero no el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, del Partido Popular, al considerar que no existe una “situación extraordinaria” que justifique el traslado de los menores a su localidad. A finales de octubre, la Comunidad de Madrid descartó definitivamente el Palacio Valdés por “carecer de las condiciones adecuadas”, en palabras del presidente Garrido.

En octubre, el Ayuntamiento de Madrid realizó una inspección al edificio que alberga el “gallinero”. Los funcionarios municipales encontraron a 48 menores en un espacio “sin licencia de funcionamiento” y certificaron las carencias en las salidas de evacuación, proponiendo la clausura del edificio. Sin embargo, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, ha negado que se haya puesto en peligro a los adolescentes. “Cumplía con todos los requisitos. No es ni una tienda de campaña, ni una sala de espera de una comisaría, ni un cortijo en mitad del campo”, afirmó en una comparecencia reciente en la Asamblea de Madrid.

Solo unos días después, la Comunidad de Madrid trasladó a esos adolescentes al centro Isabel Clara Eugenia, el destinado a los menores de hasta 14 años, bajo la promesa de crear nuevas plazas y hacer contrataciones de personal. Una propuesta que aprobaron los sindicatos de los trabajadores, pero que algunos educadores consideran una “chapuza fruto de la improvisación” que pone en riesgo el proyecto educativo. “Sería como convertir el centro de menores en algo parecido a un antiguo orfanato”. Lo mismo que había en el parque Isabel Clara Eugenia en la posguerra.

El traslado de 40 menores no ha aliviado la situación del centro de primera acogida de Hortaleza, porque allí siguen hacinados más de 100 jóvenes en condiciones cada vez más precarias. “Tenemos la sensación de que no ha cambiado nada”, explica un educador. Faltan colchonetas para que los menores duerman incluso en el suelo, también traductores, y la enfermería del centro se ha quedado pequeña. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha vuelto a ofrecer a la Comunidad de Madrid el Palacio Valdés para desahogar la saturación en Hortaleza, pero el Gobierno de Ángel Garrido ha vuelto a rechazarlo. Tiene otro plan: llevar a otros 40 menores al municipio serrano de Somosierra, a casi 90 kilómetros de la capital, situado en los confines, literalmente, de la región.