Opinión
El nuevo caballo de Troya de las políticas de Ayuso

Desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid manifestamos un profundo rechazo a la “ley del concebido no nacido” de Isabel Díaz Ayuso, así como a su posible extensión a nivel estatal anunciada por Feijóo, que pretende considerar el “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos de determinadas ayudas y beneficios públicos.

Esta iniciativa no es aislada ni inocua. Se enmarca claramente en la agenda de los movimientos antielección que, desde hace años, tratan de erosionar el derecho al aborto mediante estrategias indirectas. Bajo una apariencia de ampliación de derechos o de protección social, se introduce un cambio conceptual profundo: equiparar jurídicamente al no nacido con las personas ya nacidas. Este desplazamiento simbólico y normativo abre la puerta a cuestionar, por la vía de los hechos, derechos consolidados.

El Tribunal Constitucional ha establecido de forma reiterada que la titularidad del derecho a la vida proclamado en el artículo 15 de la Constitución corresponde exclusivamente a quienes han nacido

Siguiendo las líneas de la agenda de los grupos antielección, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido la iniciativa afirmando que “cada vida importa desde el primer suspiro”. Sin embargo, conviene recordar que el  Tribunal Constitucional ha establecido de forma reiterada que la titularidad del derecho a la vida proclamado en el artículo 15 de la Constitución corresponde exclusivamente a quienes han nacido. El nasciturus, si bien es objeto de protección jurídica, no es sujeto de derechos fundamentales en el mismo sentido. Esta distinción no es menor: constituye la base del equilibrio constitucional que permite garantizar tanto la protección del embarazo como los derechos fundamentales de las mujeres.

Aunque la nueva ley no modifica formalmente la legislación estatal sobre derechos sexuales y reproductivos —competencia exclusiva del Estado—, sí introduce un marco discursivo y administrativo que puede tener efectos materiales. Al reconocer al “concebido no nacido” en políticas públicas, se genera una presión simbólica y social que puede influir en las decisiones reproductivas, fomentando la culpa, el estigma y la inseguridad en quienes contemplan la interrupción voluntaria del embarazo. Nos preocupa especialmente que este tipo de medidas formen parte de una estrategia más amplia de regresión de derechos.

No se trata de un cambio puntual, sino de un proceso gradual de deslegitimación del derecho al aborto, que busca normalizar la idea de que las mujeres no son las únicas titulares de las decisiones sobre su maternidad. Se construye así un relato que sitúa los derechos de las mujeres en conflicto con una supuesta entidad con reconocimiento jurídico creciente.

Ayuso, de esta forma, vuelve a intentar cuestionar el derecho al aborto, que es un derecho fundamental de las mujeres, vinculado a la dignidad, a la autonomía y a la libertad para tomar decisiones sobre todo aquello que afecte a nuestras vidas y proyectos de vida, a nuestra salud, sueños y deseos.

¿Qué implica reconocer al no nacido en el ámbito de las prestaciones sociales? ¿Cómo se articula este reconocimiento con otros ámbitos del ordenamiento jurídico? Estas preguntas no son retóricas, sino fundamentales en un Estado de derecho

Además, esta iniciativa plantea serias dudas desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la coherencia normativa. ¿Qué implica reconocer al no nacido en el ámbito de las prestaciones sociales? ¿Cómo se articula este reconocimiento con otros ámbitos del ordenamiento jurídico? ¿Se abrirá la puerta a futuras restricciones o condicionamientos del acceso al aborto? Estas preguntas no son retóricas, sino fundamentales en un Estado de derecho.

Además, señalamos la incoherencia en las prioridades políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Mientras se impulsa esta ley, siguen sin resolverse problemas que afectan a miles de personas ya nacidas: listas de espera sanitarias, centros de salud sin pediatría, dificultades para acceder a una vivienda, falta de plazas públicas en educación infantil, insuficiente financiación de los servicios públicos o carencias en las políticas de dependencia. Y su empeño en impedir la regularización de personas migrantes.

Estamos a la espera de que cumpla la ley, y el registro de objetores permita que en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo

Así mismo, recordamos también que la Comunidad de Madrid tiene pendiente la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia, que cerró el plazo de aportaciones el 19 de mayo. Desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid realizamos muchas aportaciones en este proceso. Ahora estamos a la espera de que cumpla la ley, y el registro de objetores permita que en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Actualmente la situación es alarmante: el año pasado, solo el 0,47% de los abortos realizados en la Comunidad de Madrid se practicaron en centros de la red pública, lo que evidencia una externalización sistemática de este derecho. Es por eso que también reclamamos, desde hace tres años, la aprobación de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva, primera de las medidas necesarias para la aplicación efectiva de la ley, como establece la propia norma.

Desde la Comisión del Aborto de Madrid, instamos al Gobierno autonómico a escuchar las necesidades reales de las infancias y de las familias (en toda su diversidad) en la Comunidad de Madrid, en lugar de impulsar medidas que no responden a las urgencias sociales más inmediatas.

Y Ayuso, ¡no nos vamos! Nos quedamos a abortar en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.