Comunidad de Madrid
En plena acampada por la vivienda, Madrid protesta contra una Ley del Suelo como la de la burbuja inmobiliaria

Esta mañana de jueves una concentración de ciudadanos convocada por la ‘Coordinadora Madrid contra la LIDER’ protesta contra la tramitación de la nueva “Ley de Suelo” de la Comunidad de Madrid. Organizaciones vecinales, ecologistas, sindicatos o de protección del patrimonio se han unido bajo el lema ‘Una región región para vivir, no para especular’ en rechazo esta normativa que comparan con la desregulación urbanística de los gobiernos de José María Aznar “que llevó a la crisis de 2008”.

En concreto el pleno de la asamblea regional debatirá hoy la enmienda a la totalidad presentada por Más Madrid contra la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), que comienza así su trámite parlamentario. Aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado julio, lo previsible es que la mayoría del PP, seguramente con el apoyo de Vox, garantice tanto el rechazo de las enmiendas como su posterior aprobación. El objetivo de las movilizaciones —que tuvieron una primera entrega en una manifestación el pasado domingo 27 que finalizó confluyendo en la Acampada de Sol— es presionar a los partidos desde la sociedad civil para impedirlo.

La normativa es presentada como una ley que deberá simplificar procedimientos y que permitirá acelerar procesos para construir más vivienda y, por tanto, mejorar el acceso, además de aportar la consabida “seguridad jurídica”. Para la Coordinadora y los partidos de la oposición, supone en la práctica una desregulación que pone la planificación urbana en manos privadas, impide que se puedan combatir las malas prácticas en los tribunales y pone en peligro el patrimonio cultural y el medioambiental.

Uno de los aspectos más polémicos es la eliminación de la figura del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), repartiendo sus competencias entre el Plan Estratégico Municipal y el Plan Ejecutivo, que quedaría en manos del promotor

Supuestamente reducirá los trámites de aprobación de planes urbanísticos municipales de 10 a 4 años y de planeamientos de desarrollo concretos de 7 a 4 años. Unificaría las normativas de suelo y territorio para simplificar, e incluye regulaciones específicas para los municipios más pequeños. Entre otros extremos presume de “lectura más sencilla y criterios más homogéneos”, “menos ‘zonas grises’ y menor litigiosidad” y “ahorro de tiempo para técnicos municipales, promotores y consultores”.

Uno de los aspectos más polémicos es la eliminación de la figura del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), repartiendo sus competencias entre dos nuevos modelos: el Plan Estratégico Municipal y Plan Ejecutivo. Una “simplificación administrativa” diseñada en teoría para separar competencias superpuestas. El Plan Ejecutivo quedaría en manos del promotor, y no de la administración, lo que los críticos de la ley califican de “privatización”. Serían estos planes los que decidirían los usos del suelo —urbanizable, rural, etcétera— o la edificabilidad de cada proyecto.

La norma también acaba con el llamado Principio de Jerarquía, sustituido ahora por el de ‘Competencia’. Esto quiere decir que si se paraliza, por considerarlo ilegal, un aspecto de un plan urbanístico —por ejemplo un exceso de edificabilidad, o los permisos ambientales—, el resto se podría continuar aplicando. Las asociaciones ecologistas o vecinales han alegado sin éxito contra esta medida por considerar que su objetivo es “desactivar la jurisprudencia” que ahora mismo paraliza en los tribunales proyectos como el polémico de Los Carriles de Alcobendas, entre otros.

Para las organizaciones ciudadana la LIDER “facilita pelotazos especulativos a costa de las dotaciones públicas y de la calidad de las ciudades y pueblos, reduciendo las garantías medioambientales y sociales”

La Coordinadora, en su convocatoria para este jueves, considera que la LIDER: “facilita pelotazos especulativos a costa de las dotaciones públicas y de la calidad de las ciudades y pueblos, reduciendo las garantías medioambientales y sociales”. Además “aumenta la presión sobre los espacios naturales y rurales y recupera el criterio del todo urbanizable” propio la burbuja inmobiliaria de 2008. Además, “desprotege el patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid” y “no soluciona el problema de la vivienda: fomenta construir más, pero no garantiza que sean asequibles” ni “asegura que los nuevos desarrollos vayan acompañados de los servicios públicos necesarios”. Finalmente “reduce las oportunidades de la ciudadanía para conocer, opinar y participar antes de que se tomen decisiones que afectan a nuestro entorno”.

a Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior comenzó el pasado noviembre un proceso de consultas en el que ha paseado el nuevo texto por foros profesionales como el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) o el Colegio de Economistas —una práctica habitual en cualquier tramitación de nuevas leyes—, pero también por foros de estrategias de inversión donde se presentaba en paralelo al proyecto de Madrid Nuevo Norte.

La Coordinadora Madrid contra la LIDER reúne a organizaciones como los sindicatos UGT y CCOO, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción Madrid, Alianza por el Clima, ATTAC Madrid, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Madrid Agroecológico, el Club de Debates Urbanos y el Colegio Profesional de Arqueología de Madrid. También diversas asociaciones barriales, plataformas como Stop Fórmula 1 Madrid o Salvemos Montegancedo, y tiene el apoyo de los partidos PSOE, Más Madrid, Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde y Partido Verde.