Comunidad de Madrid
Las asociaciones se oponen a una Ley del Suelo de Madrid que el Gobierno central “copia” en sus decretos

La futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (Lider), nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, se votará en la Asamblea regional este septiembre tras pasar por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y hay pocas dudas sobre su aprobación, ya que la garantiza la mayoría del PP y el apoyo de Vox. Desde hace meses voces de la sociedad civil, las asociaciones vecinales o las organizaciones vecinales la han criticado como un proyecto de “desregulación” de la actividad urbanística y preparan una serie de movilizaciones para enfrentarse a ella desde la calle a la vuelta del verano.

En esa batalla, se han encontrado con un nuevo frente, solo que desde una instancia superior: el futuro Real Decreto-Ley de Vivienda del gobierno central, también pendiente de aprobación en septiembre, aunque sin todos los votos asegurados. Un texto que reformará otro anterior de 2015, el Real Decreto de Suelo y Rehabilitación Urbana, y el cual organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) o la plataforma ‘Madrid contra la Lider’ consideran que busca “desregular y reducir el control social” de la construcción y la planificación urbana.

Uno de los aspectos más polémicos de la nueva norma madrileña es la eliminación de la figura del Plan General de Ordenación Urbana (Pgou), repartiendo sus competencias entre dos nuevos modelos: el Plan Estratégico Municipal y Plan Ejecutivo. Una “simplificación administrativa” que, idealmente, separaría competencias actualmente superpuestas. El Plan Ejecutivo quedaría en manos del promotor, y no de la administración, lo que los críticos de la ley califican de “privatización” de facto. Serían estos planes los que decidirían los usos del suelo —rural, urbanizable, etcétera— o la edificabilidad de cada proyecto.

Las asociaciones ecologistas y vecinales han alegado sin éxito contra una de las medidas por considerar que su objetivo es “desactivar la jurisprudencia” que ahora mismo paraliza proyectos en los tribunales

La norma también acaba con el llamado Principio de Jerarquía, sustituido ahora por el de ‘Competencia’. Esto quiere decir que si se paraliza, por considerarlo ilegal, un aspecto de un plan urbanístico —por ejemplo un exceso de edificabilidad, o los permisos ambientales—, el resto se podría continuar aplicando. Las asociaciones ecologistas o la FRAVM han alegado sin éxito contra esta medida por considerar que su objetivo es “desactivar la jurisprudencia” que ahora mismo paraliza en los tribunales proyectos como el polémico de Los Carriles de Alcobendas, entre otros.

Es en este último punto donde coincide el Real Decreto-Ley estatal con la Lider, al permitir tanto menos supuestos en los que un plan urbanístico se puede anular como que se paralice solo por partes, y pueda seguir aplicándose aunque un tribunal considere que es parcialmente ilegal. Las normas actuales obligan a que si una parte se considera incorrecta, se revise por completa y el trámite deba retomarse desde el principio.

¿“Seguridad jurídica”?

“El último texto de la Lider lo que ha hecho es trocear más el articulado para esconder los cambios, separarlos y demás. Pero sigue diciendo lo mismo que antes, no cambia nada”, opina Enrique Villalobos, responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM. Para él, “el verdadero peligro viene del Real Decreto, que cambia la norma estatal, y que entendemos que es una concesión del Gobierno al PNV”.

“Lo que buscan la Lider o el Real Decreto es eliminar los efectos de cometer una ilegalidad urbanística ante los tribunales”: María Ángeles Nieto, de la Plataforma Ecologista Madrileña

Precisamente la futura normativa estatal tiene uno de sus principales escollos en la controversia dentro de Sumar y la oposición explícita y frontal de los cinco diputados de Podemos, sino imprescindibles para su aprobación, al menos necesarios para que esta no pase por otro tipo de componendas (como la abstención del PP).

“Lo que buscan la Lider o el Real Decreto es eliminar los efectos de cometer una ilegalidad urbanística ante los tribunales”, opina María Ángeles Nieto, de la Plataforma Ecologista Madrileña y ‘Madrid contra la Lider’. “Hablan de mayor seguridad jurídica, de que los promotores o los ayuntamientos ya no van a tener el riesgo de que una vez aprobado vaya a poder anularse total o parcialmente un planeamiento”.

La activista entiende que “lo que quieren es desactivar que la sociedad civil pueda rebelarse contra el urbanismo ilegal, como lleva ocurriendo desde los comienzos de la burbuja inmobiliaria en los 90”. Y añade: “están eliminando el derecho a que tú, como ciudadano, puedas recurrir a los tribunales si un planeamiento te está produciendo un perjuicio”.

Cuestiona también Nieto “que se venda la Lider como que va a ayudar a la construcción de vivienda… sin decir el tipo de vivienda, o cómo y dónde se va a construir”. Opina que “sí, se va a agilizar la tramitación administrativa. Pero si se construyen casas que van a valer medio millón de euros como mínimo, ¿es lo que necesita la ciudadanía ahora mismo?”.

Concentración en Sol el 27 de septiembre

‘Madrid contra la Lider’ tiene como objetivo una gran concentración en la Puerta del Sol el próximo 27 de septiembre. Mientras tanto, actualiza con diferentes análisis y comunicados sus posiciones sobre los aspectos más polémicos de las normas, tanto la estatal como la regional, y mantiene reuniones con diferentes agentes de la sociedad civil y los barrios para informarles de los cambios que estas promueven.

Fuentes de la plataforma advierten también de que están estudiando la posible inconstitucionalidad tanto de la Lider como del Real Decreto. Otras fuentes apuntan a que cabe la posibilidad de que el decreto “legalice” a la Lider, en tanto que está no pasaría a contradecir ninguna normativa superior en su articulado, que es contra lo que el Constitucional ha fallado en anteriores ocasiones.