Comunidad de Madrid
Presentan la primera demanda por mayores muertos en domicilios sin traslado hospitalario durante el covid

Durante los días más duros del covid, 7.291 mayores fallecieron en las residencias de Madrid sin ser trasladados a hospitales en base a unos protocolos de exclusión para las personas dependientes con discapacidades físicas o cognitivas, firmados por altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular). Desde Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM) denuncian que esta situación también pudo afectar a personas mayores que se encontraban en sus domicilios, tal y como demuestra la primera demanda al respecto que se ha presentado este lunes ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, organismo en el que han mantenido una reunión con la fiscal Almudena Lastra De Inés.

En la demanda, a la que ha tenido acceso El Salto, Francisco, un vecino de Vallecas, explica que sus padres enfermaron de covid y no consiguió su traslado hospitalario inmediato pese a insistentes llamadas. Ambos fallecieron sin recibir asistencia médica a tiempo. Su padre iba en silla de ruedas y enfermó el 17 de marzo. Relata que después de 15 días de llamadas continúas al Centro de Salud Mirasierra y al Servicio Urgencia Médico (SUMMA 112) “sin respuestas de atención médica”, finalmente consiguió que una médica acudiera al domicilio quien le comunicó que ya no se podía hacer nada, su padre se estaba muriendo.

Después de 15 días de llamadas continúas al Centro de Salud y al 112, finalmente consiguió que una médica acudiera al domicilio quien le comunicó que su padre se estaba muriendo

En cuanto a su madre, a quien la misma médica diagnosticó “gripazo” cuando fue a reconocer a su padre, tras nueva tanda de llamadas Francisco consiguió que el 10 de abril una ambulancia del SUMMA 112 con equipo médico se presentara en el domicilio. “Después una revisión intensa, el diagnóstico del médico fue que “estaba estupendamente como una niña de quince años””, asegura en la denuncia. Pero su madre empeoró. "Del 12 al 13 de abril, desde mi domicilio, realizo más de diez llamadas al SUMMA, toda vez que mi madre había empeorado, según me comunicó una vecina. Cuando llegué al domicilio de mis padres me encuentro a mi madre fallecida. El certificado de defunción describe la muerte de mi madre como paro cardiaco por posible covid", expresa Francisco en la denuncia.

Protocolos de exclusión en los centros de salud

Y es que los protocolos de exclusión sanitaria no solo se enviaron a residencias. Tal y como publicó El Salto estos protocolos también fueron enviados a los centros de salud. El 23 de marzo, y en pleno pico de pandemia, los centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid recibieron una orden de la consejería de Sanidad, a la que tuvo acceso El Salto, para establecer una serie de criterios a la hora de valorar la permanencia en el domicilio y la no derivación hospitalaria de pacientes afectados por covid-19 y con signos de dificultad respiratoria.

El documento que condicionó los traslados de enfermos al hospital

Sara Plaza Casares

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Coronavirus

El documento que condicionó los traslados de enfermos al hospital

Sara Plaza Casares

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Una orden enviada a los ambulatorios en pleno pico de la pandemia incluye criterios para no derivar a hospitales a pacientes afectados por covid-19.

En el documento, titulado “Recomendaciones para el manejo del paciente con infección por covid-19 y signos de compromiso respiratorio en Atención Primaria” se indica que ante un paciente con síntomas de covid-19 y con presencia de “compromiso respiratorio” “se valorará su permanencia en domicilio, con el adecuado tratamiento y cuidado” si cumple una serie de criterios.

Los protocolos de exclusión sanitaria no solo se enviaron a residencias. Tal y como publicó El Salto estos protocolos también fueron enviados a los centros de salud

Según explicaba el documento original, estos criterios serían: Paciente mayor de 80 años con enfermedad de órgano terminal, paciente con escala clínica de fragilidad (CFS) de 8-9 (esto es, totalmente dependientes pero sin riesgo de morir, cerca del final de su vida o enfermo terminal), paciente con demencia moderada-grave, paciente con cáncer en fase terminal o paciente con cualquier enfermedad y una expectativa de vida inferior a un año. Contactada por El Salto, la Consejería de Sanidad refirió que el documento fue modificado, aunque no especificó cuándo, para excluir algunos de los supuestos.

Derechos vulnerados

Con respecto a la denuncia emitida por Francisco, desde DJRM, y según la Carta Social Europea, consideran que se han podido violar varios derechos, entre ellos el derecho a la salud,a la Seguridad Social,a la asistencia médica y social o el derecho a la autonomía, la integración y a la participación de las personas con discapacidad.

En reunión con la fiscal, a la que han asistido tantoFrancisco, como Juan Miguel Nogués, asesor jurídico, Viki Zunzunegui, epidemióloga y miembro de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, Trinidad Martos, miembro de la Junta Directiva de la PLAFHC y Rosa María Orea, miembro de la Plataforma por la Sanidad Pública de Ciudad Lineal, le han informado de que van a iniciar una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, “proceso que iniciamos de inmediato, toda vez que el mismo no necesita agotar la vía jurisdiccional española”, aseguran.

Al mismo tiempo han requerido a la fiscalía para que proceda de oficio cuantas gestiones sean precisas para llevar a cabo las diligencias que sean necesarias “para determinar los hechos y la violación de los derechos señalados”. Por su parte, y según aseguran los denunciantes, Lastra les ha comunicado que va a poner todos los medios de la Fiscalía para investigar profundamente todos los hechos relatados en la denuncia, y más expresamente las llamadas telefónicas que el denunciante llevó a cabo. Así mismo, la Fiscal Superior, ha hecho hincapié en que sería muy importante que se llevasen a cabo más denuncias individuales de muertes en domicilios.