Congreso de los Diputados
El “Decreto del burofax” para aliviar a 2,6 millones de inquilinos se votará el 28 de abril

Si tu alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027 puedes pedir la prórroga y tienen que dártela. La principal letra pequeña de esa afirmación es que el 28 de abril todo puede cambiar. Lo hará si la derecha de Partido Popular, Vox y Junts certifican su voto negativo al Real Decreto-ley 8/2026, que entró en vigor el 22 de marzo y que, a finales de abril, tiene que ser validado en el Congreso.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros establece que los arrendatarios cuyo contrato de alquiler venza antes del 31 de diciembre de 2027 pueden pedir una prórroga que implica que su arrendador no podrá subir el precio de la renta. La prórroga tiene una validez de dos años. Se estima que puede aliviar la situación de 2,6 millones de personas, de un total de un millón de inmuebles, agobiados por la insostenibilidad del mercado de la vivienda.

Desde el Sindicato de Inquilinos se lanzaba un mensaje claro a la ciudadanía con motivo de la aprobación del Real Decreto: “Si tu contrato acaba entre el 22 de marzo [de 2026] y el 31 de diciembre de 2027 tienes que pedir la prórroga porque es obligatoria, tu casero no se puede negar, pero no es automática, se la tienes que comunicar. Y aunque caiga el Real Decreto, las prórrogas que se comuniquen antes de que caiga van a ser válidas”.

Es decir, aunque la norma decaiga por el voto combinado de las tres derechas el próximo 28 de abril, la solicitud de esa prórroga, que debe ser solicitada por burofax, será válida.

Para que el “decreto del burofax” sobreviva a la sesión parlamentaria es necesaria la negociación política, especialmente con Junts y llevada, especialmente, por un PSOE que se ha mostrado ahora a miles de kilómetros de distancia de un Decreto que nace fruto de la negociación en el seno del Consejo de Ministros con los represantes de Sumar, muy especialmente con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. 

El 30 de marzo, Consumo informaba por carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas de la obligatoriedad de aceptar las prórrogas solicitadas de los alquileres que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Bustinduy, que explicó el alcance del Decreto ante los micrófonos de El Salto Diario, ha mantenido en público que está “convencido” de que el Decreto puede salir adelante. 

Sin embargo, el PSOE ha mantenido un silencio sepulcral sobre cómo puede hacer que Junts, o el PP, negocien una medida que están decididos a tumbar. Especialmente elocuente ha sido el mutismo de la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no ha realizado hasta el momento ningún posicionamiento desde el lanzamiento del RDL. En sus redes sociales, en sus declaraciones de prensa, comunicados y comunicaciones oficiales, la prórroga no existe.

La demanda de información sobre esta medida ha superado las expectativas. La página del Sindicato de Inquilinos de Madrid en la que se explica cómo pedir la prórroga y se pueden descargar formularios para solicitarla estuvo caída por el aluvión de visitas; en apenas unas horas más de medio millón habían pasado por ella. Asambleas, artículos en prensa, noticias y debates en televisión y foros de internet han hecho que hasta el ministro de Economía reconociera este 6 de abril que el Real Decreto había experimentado un “desarrollo interesante en estos días”.