Estados Unidos
Trump y los animales

No es ningún secreto que Donald Trump desprecia a buena parte de los inmigrantes que viven en su país (y no me refiero a Melania). Por citar algunos ejemplos, en el discurso que inauguró su campaña electoral en junio de 2015 dijo que los mexicanos introducían drogas y crimen en su nación, que eran violadores y que suponía que, entre ellos, también habría también alguna buena persona; poco después de jurar su cargo implementó un veto de viajar a una serie de países árabes; y en junio de 2018 se refirió a determinadas naciones centroamericanas y africanas como “agujeros de mierda”.

Pero quizás el momento en el que hizo más patente su odio hacia lo foráneo se produjo en mayo de 2018 cuando, en una reunión con varios líderes de California, se refirió a muchas de las personas extranjeras que habitaban su patria como “animales”: “Tenemos a gente entrando en el país, o intentándolo, estamos parando a muchos de ellos, estamos sacando a mucha gente del país. No os imagináis lo malas que son estas personas. No son personas, son animales”, declaró.

El Departamento de Agricultura hace la vista gorda

Hay que reconocerle una cosa a Trump en lo que a igualdad se refiere: trata con la misma falta de empatía a las personas que a los animales no-humanos.

Hasta ahora podía parecer que las únicas víctimas de su egoísmo y sus prejuicios racistas, capacitistas, aporafóbicos y machistas eran exclusivamente los seres humanos, gracias a los grandes logros de su mandato. De nuevo, por citar algunos ejemplos, recordemos su enfermiza defensa del carbón en detrimento de las energías renovables, su negativa a tomar medidas frente a matanzas armadas, su promoción del amianto – el cual está demostrado que produce cáncer – y sus cárceles de niños y niñas extranjeras. Pero desde hace relativamente poco se ha evidenciado que sus políticas también perjudican – severamente, además – a los animales no humanos.

Desde el arranque de su presidencia, la Agencia de Bienestar Animal del Departamento de Agricultura cuenta con nuevas instrucciones para sus funcionarios. Según un artículo de The Washington Post, el nuevo gobierno ordenó a sus inspectores que “debían tratar a las entidades que normalmente son el objeto de la labor de inspección de la Agencia —criaderos, zoos, circos, espectáculos ecuestres y laboratorios de investigación—más como socios que como posibles infractores”.

Esto se ha traducido directamente en una reducción drástica de su actividad. Según informa Vanity Fair, si en el año 2016 la Agencia realizó 4.944 citaciones en el marco de sus investigaciones, en el 2018 esa cifra se rebajó a 1.716. En el 2018, este organismo inició tan sólo 19 expedientes de revocación de licencias y/o imposición de multas, lo que supone una reducción del 92% en comparación con el 2016.

Un caso paradigmático, citado de nuevo por el Washington Post en una investigación, sucedió en Iowa en el verano de 2017, cuando los veterinarios de la Agencia de Bienestar Animal procedieron a confiscar de una granja una serie de mapaches enjaulados y expuestos a temperaturas de más de 38ºC. Poco después, sus superiores – siguiendo las pautas dadas directamente por el mismísimo Sonny Perdue, el Secretario de Agricultura – les obligaron a devolver a las pobres criaturas a sus centros de encierro y a poner fin a un caso de evidente maltrato animal.

Pero el desdén de la Administración Trump por otras especies no se reduce meramente a una reducción de la labor inspectora o dejadez de funciones, sino también a la aprobación de algunos cambios legislativos para el reino animal, como explicaré a continuación.

Las especies protegidas frente al beneficio económico

En una escena de Silver City – una pequeña película indie dirigida por John Sayles en 2004 que, a título particular, me gusta mucho – el empresario Wes Benteen da un paseo en caballo por las salvajes tierras de Colorado en compañía de Dickie Pilager, el futuro gobernador del Estado y una clara parodia de George W. Bush. En un momento dado, Benteen le pregunta que qué ve a su alrededor y Pilager, un literalista irremediable, le contesta que “montañas”. Benteen le explica que lo que tienen ante ellos es “un gran cartel que pone que los americanos no somos bienvenidos”. Confundido, el poco avispado Dickie Pilager necesita una aclaración, ante lo cual Benteen – que encarna los intereses del gran Capital – se reivindica de la siguiente manera:

“La Oficina de Gestión del Suelo, Servicios Forestales y Parques Nacionales no nos deja vivir. La tierra estaba pensada para los ciudadanos, no los burócratas de Washington… Hijo, tenemos unos recursos que ni te creerías, recursos sin explotar. Y tu padre y tú sois la punta de lanza para liberar esos recursos para el pueblo americano. Aspen y Vail no son una mierda en comparación con lo que yo podría construir si este terreno se abriera para alguien con ideas y conocimientos. Tenemos ríos, lagos, bosques – y eso es solo lo que está en la superficie… Pero la gente no lo hace. Se distraen con una idea de postal que tienen de las montañas Rocosas, o se lo impediría un hurón de pies negros o una planta rodadora en peligro de extinción”.

Este monólogo en defensa de la privatización y la desregulación en materia de medioambiente ejemplifica perfectamente la tendencia del Partido Republicano de las últimas dos décadas. Y esta ideología destructiva se está sublimando bajo el mando de Trump, quien en este mes de agosto ha reformado la Ley de Especies en Peligro de Extinción hasta dejarla prácticamente irreconocible.

Fue Nixon, un conservador, quien impulsó y aprobó en 1973 esta norma que otorga un estatus de “protegido” a cualquier ser cuya existencia futura se ve amenazada, prohibiendo su muerte o destrucción por cualquier medio. Y es precisamente el presidente más formalmente nixoniano de la historia – más que el propio Nixon – quien la ha debilitado 46 años después.

Tras su reforma (que entrará en vigor el mes que viene), se ha eliminado el sistema de “protección automática” para cualquier ser vivo, animal o vegetal, que acceda a la categoría de “especie en peligro”. Asimismo, se han eliminado las disposiciones de la Ley que prohibían que se tuviera en cuenta el coste económico de salvar una especie de animal o planta y, en consecuencia, se acuerda una valoración caso-por-caso de si merece la pena hacerlo.

Además, la modificación relaja los criterios de lo que se considera una “amenaza” para una especie y será más complicado considerar los efectos del cambio climático al decidir si una especie determinada merece protección.

En definitiva, la medida facilitará la eliminación de una especie de la lista de seres en peligro de extinción y debilitará las protecciones para las que ya se encuentran amenazadas.

Trump, de espaldas al planeta

Esta reforma colisiona frontalmente con el informe publicado el pasado mes de mayo ante la UNESCO por la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, en sus siglas en inglés), el cual cifraba en un millón el número de especies animales y vegetales en peligro de extinción o, lo que es lo mismo, alrededor de una octava parte del total.

Al menos 680 especies de vertebrados han desaparecido desde el siglo XVI y están en peligro más del 40% de las especies de anfibios, un 33% de los arrecifes de coral y más de un tercio de los mamíferos marinos. Una estimación provisional sitúa en un 10% el porcentaje de especies de insectos amenazados. El informe añade que el ritmo de extinciones del último medio siglo no tiene precedentes desde que el ser humano está en el planeta, superando en decenas o centenares de veces los valores medios de los últimos 10 millones de años.

Las principales causas de este enorme deterioro se encuentran en el abuso descontrolado de los recursos y seres del planeta, la destrucción de 100 millones de hectáreas de bosque tropical entre 1980 y 2000 para dedicarlo a la crianza de ganado, la contaminación, el cambio climático y las plantaciones de aceite de palma en el sudeste asiático.

Claramente, el gobierno de Estados Unidos no busca atender a las necesidades más básicas de los seres que habitamos este mundo. Ni siquiera de los de los humanos que habitamos en él y que sufriremos el cambio del clima, la degradación de la calidad del aire y el deterioro de la calidad de la comida y energía. Es un gobierno necropolítico.

La “necropolítica” es un concepto que desarrolló el filósofo camerunés Achille Mbembe. Es la gestión de la política basada en la idea de que, para quienes ostentan el poder, unas vidas tienen valor y otras no. No consiste en matar, sino en desarrollar políticas que permiten dejarles morir, que son indiferentes a su sufrimiento.

Y son precisamente reformas como la aprobada por el gobierno estadounidense las que no dejan lugar a la vida. Como dice Yayo Herrero, “cuando el capital maximiza los beneficios, destruyendo la base material que permite la reproducción de la economía, pero también el mantenimiento de la propia vida humana, nos encontramos ante un conflicto entre el capital y la vida. Por eso decimos que el capitalismo mata”.

Por fortuna, hay personas y colectivos que hacen frente, utilizando formas y estrategias muy diversas, a esta forma de entender el mundo y la política. Un ejemplo lo conforman los activistas que protestaron estos días a las puertas del G7 para demandar justicia social mientras ardía el Amazonas. Otro, las organizaciones ecologistas que el 21 de agosto demandaron ante los tribunales a la Administración Trump por su reforma de la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Evidentemente, vamos a necesitar toda la inteligencia y esfuerzo de todo el mundo si queremos revertir la situación. Y creo que desde los estrados de los tribunales hay mucho que podemos aportar los y las abogadas – demandas, recursos, etc – en una batalla jurídica. Pero el Derecho, de naturaleza conservadora, jamás será una herramienta de transformación social por sí misma, si no cuenta con un movimiento social fuerte que ayude a reinterpretar las normas a la luz de los derechos más básicos.