Consumo
La primera gran multa de Consumo a fraudes empresariales abre una vía para limitar la impunidad corporativa

Desde 1984, para sancionar a una empresa que estafa a sus clientes de toda España era necesario poner de acuerdo a los responsables de Consumo de 17 comunidades autónomas. Algo que nunca ha pasado y limitaba el alcance y la cuantía de las multas. De hecho, hasta hace poco la mayor sanción por fraude a los consumidores se la llevó Telefónica que fue condenada a pagar 6,3 millones de euros en Andalucía —aunque al final terminó pagando solo 1,3 millones— por subir unas tarifas que, según su publicidad, estarían congeladas “para siempre”.

La multa de 150 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto el pasado 31 de mayo a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por cobrar a los viajeros por los equipajes de mano entre otros servicios es 115 veces más alta que lo que terminó pagando Telefónica entonces. La sanción abre la vía para limitar la impunidad corporativa de las multinacionales en el ámbito del consumo. 

La sanción ha cambiado las expectativas de las grandes empresas de cometer fraudes sin consecuencias legales o económicas y abre la vía para limitar la impunidad corporativa de las multinacionales

Todo esto hubiera sido imposible sin la ley aprobada por unanimidad por el Congreso en mayo de 2022 que otorgó al Ministerio de Consumo, entonces dirigido por Alberto Garzón (Unidas Podemos), la capacidad de sancionar a las empresas que violan los derechos de los consumidores. Para Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción, se trata del “cambio más trascendental en las políticas de protección a los consumidores que ha vivido España en décadas”. 

Este cambio en la normativa supone un “hito histórico”, explica Sánchez en conversación con El Salto. Impulsado durante años por Facua y recogido en el programa electoral de Unidas Podemos, la ley aprobada en 2022 permite al Gobierno central investigar y sancionar a empresas que realizan fraudes o cometen infracciones de las normativas de consumo en todo el territorio español. 

Las posibilidades de sancionar a las empresas con multas disuasorias con las antiguas reglas eran mínimas, dice Sánchez, especialmente cuando “el talante de las administraciones autonómicas, de consumo y de sus máximos responsables de todos los colores políticos, no ha sido precisamente de luchar contra el fraude y sancionarlo con contundencia”. Esta falta de competencias estatales dejaba en la impunidad gran parte de los fraudes de mayor envergadura.

El cambio normativo era necesario, defienden desde prensa del Ministerio de Consumo, para poder sancionar infracciones “de ámbito supra autonómico que afectasen a miles de consumidores o a la economía en su conjunto”. El objetivo de esta reforma, explican, era “contar con un procedimiento sancionador que pudiese interponer sanciones verdaderamente efectivas, proporcionales y disuasorias, al tener en cuenta al conjunto de los potenciales consumidores afectados”.

Las posibilidades de sancionar a las empresas, hasta ahora, dependían de la voluntad política de 17 responsables autonómicos de Consumo para ponerse de acuerdo, algo “utópico”, dice Sánchez

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había sancionado en los últimos años a decenas de grandes empresas, pero solo en violaciones de la normativa sobre competencia y no infracciones que implique la protección de los consumidores. La multa más alta de la historia llegó en 2022, cuando la CNMC sancionó con 203,6 millones de euros a seis constructoras españolas —Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr— por constituir un cártel que durante 25 años se repartió miles de licitaciones públicas. Nada parecido ocurría en el ámbito del consumo. 

“Cuando llegamos al Gobierno no se podía sancionar los abusos y fraudes de las grandes empresas. Nos costó mucho, pero logramos aprobar una norma para cambiarlo. En agosto anunciamos los expedientes a aerolíneas y hoy se anuncia la primera gran multa”, decía el excoordinador de Izquierda Unida en la red social X.

“Mañana van a llegar más”

Hasta ahora, lo habitual era que las multas representaran una cifra mínima del dinero defraudado. Eso si conseguían ser tramitadas por algún organismo y traspasar las apelaciones y el muro de abogados de las grandes corporaciones. “Las empresas ganan infinitamente más cantidad de dinero de lo que representan las multas”, dice Sánchez. La “falta de voluntad política” es clave, apunta este portavoz de Facua, ya que hay reglamentos en diversas comunidades que permiten multar con cifras que multiplican por diez lo defraudado, algo que nunca se ha hecho: “Hasta ahora, los políticos no se lo han tomado en serio, no han podido o no han querido hacerlo”. Con la sanción de 150 millones a las aerolíneas se abre la posibilidad de cambiar el paradigma. 

Aunque Sánchez reconoce que la sanción es inferior al dinero ganado por las aerolíneas gracias al fraude, se trata de “un expediente sancionador potentísimo”, una multa “que no es de broma”. 

Así lo han entendido las empresas afectadas y la patronal de las aerolíneas que han denunciado la multa por coartar la libertad de elección de los consumidores y han anunciado que continuarán con las prácticas multadas hasta que hayan agotado todas las instancias para recurrir la sanción. Además del cobro por subir al avión equipaje de mano, Consumo sanciona el cobro de otros servicios que deberían estar incluidos en el billete como la selección de asientos o la impresión de la tarjeta de embarque.

Las próximas multas de Consumo pueden estar dirigidas, afirman desde el Ministerio, a las plataformas que publicitan pisos turísticos ilegales, las inmobiliarias que cobran honorarios a los inquilinos o las empresas que hacen “ecopostureo”

Para Sánchez, la primera gran multa del Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy (Sumar) sienta un precedente para castigar y prevenir futuros abusos corporativos. Uno de los elementos más trascendentales de la sanción a las aerolíneas es su capacidad de replicarse en otras estafas, fraudes y violaciones de los derechos de los consumidores. “El punto de partida son los 150 millones de multa y mañana van a llegar más”, declaraba cuando se conoció la noticia.

Las siguientes expedientes en los que está trabajando el Ministerio “desde el punto de vista sancionador”, según responden desde Consumo a las preguntas de este periódico, hay que buscarlos en las investigaciones abiertas en los últimos meses. Entre ellas, destaca el expediente iniciado a diversas plataformas online —especialmente Airbnb— por anunciar pisos turísticos ilegales. Con la información recabada, dice el Ministerio, la Dirección General de Consumo “va a estudiar la posibilidad” de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas con multas de hasta 100.000 euros, “cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido”.

También en el ámbito de la vivienda, la Dirección Nacional de Consumo abrió en febrero de 2024 una investigación a diversas inmobiliarias por seguir cobrando los honorarios a los inquilinos, algo que prohíbe la Ley de Vivienda. Las posibles multas serían equivalentes a las de los pisos turísticos. Varias campañas de los sindicatos de inquilinos evidenciaron una práctica que sigue siendo habitual en Tecnocasa, Alquiler Seguro, RedPiso y la Agencia Negociadora del Alquiler.

Acusan a Alquiler Seguro de cobrar honorarios ilegales a los inquilinos

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Acusan a Alquiler Seguro de cobrar honorarios ilegales a los inquilinos

Martín Cúneo

El Sindicato de Inquilinos de Madrid y Facua denuncian que la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro está cobrando honorarios a los inquilinos, algo prohibido expresamente por la Ley de Vivienda, vigente desde abril.

Las próximas multas de Consumo, cuentan desde el Ministerio, podrían dirigirse una vez más a las compañías aéreas por engañar a los consumidores con lo que llaman “ecopostureo” y “greenwashing” al utilizar afirmaciones medioambientales “potencialmente engañosas”. 

Las sanciones de Consumo también podrían alcanzar a los influencers que hacen publicidad encubierta o engañosa en redes sociales —un 70% de ellos “incumpliría la normativa europea sobre prácticas comerciales desleales”, sostienen desde el Ministerio— o a comercios online por fraudes en ofertas de descuentos en el Black Friday.

Aún así, queda por ver dónde termina la nueva vía abierta por Consumo, vista con recelo no solo por las grandes empresas, sino también por el propio PSOE, representado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que quiso transmitir un mensajes de “tranquilidad” al sector aéreo ya que “el procedimiento administrativo todavía se encuentra en tramitación y, por tanto, es prematuro hablar sobre su resolución definitiva”.