COP29
La COP29 y los derechos humanos: Azerbaiyán

La COP29, la Cumbre mundial del clima que se celebra en Bakú (Azerbaiyán) comienza su segunda semana de negociaciones en flagrante contradicción: un evento que busca salvar el planeta en un país con un historial de violaciones de derechos humanos, donde la sociedad civil está silenciada y las decisiones están marcadas por intereses de los combustibles fósiles. Un 'petroestado' como anfitrión no solo pone en duda la credibilidad de la cumbre, sino que también cuestiona los verdaderos compromisos hacia la justicia climática.

Comienzan a alzarlse algunas voces autorizadas, como la del exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuestionando el funcionamiento actual y los escasos avances de los últimos acuerdos. Las acusaciones de greenwashing se multiplican. Y es que este año, de los 28 miembros del consejo organizador de la COP, elegidos por Azerbaiyán, ninguno de ellos es una mujer. Ahora bien, de esos 28 señores, cuatro tienen vínculos con Socar, la poderosa empresa nacional petrolera (y el presidente del país ha afirmado que el petróleo y el gas son un regalo de Dios).

Michael Forst, relator de Naciones Unidas para los defensores ambientales, denuncia que más de 300 activistas y periodistas han sido encarcelados en Azerbaiyán en los meses previos a la COP

Azerbaiyán cuenta con un amplio historial represivo, que se a incrementado en los últimos dos años: desde la limitación de la libertad de expresión y de reunión hasta la restricción del funcionamiento de las ONG, pasando por la criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias o el encarcelamiento de periodistas y activistas. Además, desde la epidemia de covid-19 se han cerrado fronteras, de modo que solo se puede entrar y salir en avión del país. También mantiene relaciones con Israel en cuanto a petróleo y armas, y ha sido acusado de limpieza étnica en la región del Nagorno-Karabaj.

¿Cómo ha llegado Azerbaiyán a ser anfitrión?

Los países anfitriones se eligen de forma rotatoria y este año tocaba Europa del Este. Si bien ciertamente los tres últimos años se ha celebrado en países con graves vulneraciones de derechos humanos (Egipto y Emiratos Árabes Unidos), Naciones Unidas tiene poco margen para decidir, ya que, por normativa, se debe rotar la presidencia entre regiones para facilitar la participación de todos los países, especialmente los del Sur Global.

Por otro lado, la ONU firma acuerdos con los países anfitriones para, en principio, garantizar el respeto al derecho internacional de los derechos humanos y la protección e inmunidad de las personas activistas dentro de la COP. No obstante, y tal como alertan organizaciones de derechos humanos, el acuerdo firmado por Azerbaiyán incluye cláusulas que subordinan este respeto a la “no interferencia” en los asuntos internos de Azerbaiyán. Un gran secretismo envuelve estos documentos: en los últimos años han sido ONG las que han tenido que filtrarlos y hacerlos públicos.

2024 será, con toda probabilidad, el año más cálido hasta ahora. Ojalá sea también el año con un acuerdo histórico de solidaridad para financiar la descarbonización y la adaptación al cambio climático

Al final de la primera semana de negociaciones ya hemos podido ver la expulsión de manifestantes de la Green Zone después de una protesta, personas que han sido “inmediatamente dejadas libres”. Ahora bien, resulta más complicado pensar que se cumplirán las peticiones de puesta en libertad de otros activistas encarcelados desde hace tiempo, como Anar Mammadli. Michael Forst, relator de Naciones Unidas para los defensores ambientales, denuncia que más de 300 activistas y periodistas han sido encarcelados en Azerbaiyán en los meses previos a la COP. De hecho, Forst destaca el clima de miedo que se vive en Bakú, con una gran seguridad desplegada y la presencia de muchos menos activistas que en otras ediciones.

¿Y qué pasa si no se asegura un espacio seguro para la participación?

Especialmente en las COP, es vital que se escuche la voz de las personas que luchan por preservar el territorio. Estamos hablando de defensoras ambientales que protegen espacios naturales, ríos y bosques y que ya sufren las consecuencias dramáticas del cambio climático. Se trata de comunidades enteras y pueblos indígenas que justamente velan por la biodiversidad y se oponen a megaproyectos destructivos. Esto las lleva a menudo a ser perseguidas por los Estados y por actores privados como empresas transnacionales, con un incremento global de los ataques y amenazas —cerca de 200 asesinatos en 2023—, según han denunciado en un comunicado varios relatores de Naciones Unidas y expertos en derechos humanos.

En cuanto a la COP, los y las defensoras ambientales pueden enfrentarse a procesos ultraburocráticos para acreditarse o conseguir los visados. También, a amenazas y represalias antes, durante y después de las cumbres del clima, con campañas, prohibiciones de viajar e incluso detenciones arbitrarias.

Una hipotética reforma de su formato, incorporando condicionantes más estrictos para los países anfitriones en cuanto a los derechos humanos, y limitando el acceso a empresas petroleras, mejoraría sin duda la congruencia de la cumbre

Mientras las comunidades más vulnerables a la crisis climática luchan por tener voz en la COP29, el lobby de los combustibles fósiles ha ganado terreno a un ritmo alarmante. De los 500 lobbistas pro-fósiles que había en la COP26 de Glasgow se pasó a 2.400 el año pasado en Dubái, como denuncia la campaña “Kick big polluters out”. Este año, se han registrado 1.773, que son más que la suma de los delegados de los 10 países más vulnerables al cambio climático.

¿Hacia una reforma de las cumbres climáticas?

A pesar de las contradicciones y dificultades, las COP siguen siendo la única cumbre capaz de aglutinar una representación tan grande de los diferentes Estados, pequeños y grandes, en igualdad de condiciones. Es un espacio sumamente valioso para que defensoras y comunidades especialmente afectadas por el cambio climático puedan hacer presión efectiva para que Naciones Unidas acuerde medidas que obliguen a los Gobiernos a luchar contra el cambio climático y a reparar los daños que ya se están sufriendo. Una hipotética reforma de su formato, incorporando condicionantes más estrictos para los países anfitriones en cuanto a los derechos humanos, y limitando el acceso a empresas petroleras, mejoraría sin duda la congruencia de la cumbre, pero resulta improbable un cambio de las reglas del juego sin boicots y con aún menos acuerdos y logros.

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No hace falta decir que es desalentador constatar la falta de cumplimiento de los compromisos y la victoria de negacionistas climáticos y científicos como Donald Trump o Javier Milei, que amenazan con salir del Acuerdo de París. Pero 2024 será, con toda probabilidad, el año más cálido hasta ahora. Ojalá sea también el año con un acuerdo histórico de solidaridad para financiar la descarbonización y la adaptación al cambio climático, alejándonos de falsas soluciones en las que los países ricos sigamos haciendo pagar a los países del sur global nuestro crecimiento desenfrenado a costa del planeta y de la vida.