Coronavirus
Apuntes para entender la crítica situación de la sanidad en la Comunidad de Madrid

Desde que el gobierno tomara sus primeras medidas ante la llamada “crisis del coronavirus” la derecha viene descerrajando sobre él un furioso ataque por su conducción de la pandemia. La ofensiva se ha ido enfocando en diferentes aspectos. La aplicó ante sus políticas preventivas, donde pasó de acusarlo de negligencia y demora en la acción, para orientarse hoy en dirección opuesta, atacándolo por el ritmo y plazos de normalización de la vida económica. Pero también batió de frente contra las medidas sociales a su juicio radicales del “gobierno social comunista”. Pareciera que, como de costumbre, en el intento de llegar a su objetivo ─en este caso, tumbar al gobierno─ para la derecha el coronavirus es lo de menos, vale todo.

Sin embargo, hay que reconocer que tres hechos le están facilitando la faena: la circunstancia de España ser récord mundial ─en términos proporcionales─ en el número de fallecidos y de profesionales infectados; a lo que cabe agregar el hartazgo del colectivo sanitario ante el erratismo, incoherencias y precariedad a que se ha visto sometido por la administración (no solo la central, claro). Finalmente, la población pareciera empezar a acusar algún desasosiego ante la incertidumbre del momento y quién sabe hasta del tratamiento recibido, más en clave de jardín de infantes que de una sociedad adulta.

Por su parte, el gobierno responde reclamando apoyo y lealtad a su política, intenta tomar oxígeno apelando al descenso en las curvas de mortalidad y de contagio, y descomprime el escenario lanzando el plan de desescalada por fases. Más allá de que el desconcierto que la pandemia trajo fue ecuménico y de que la derecha local nunca propusiera una estrategia diferente ante ella, todo indica que el ejecutivo no lo tendrá fácil. Los resultados son los que son y es bien probable que le pasen factura.

Pero, en sus disputas retóricas ni el gobierno ni la derecha se hacen cargo de una condición sine qua non para que el coronavirus haya producido semejante estrago: la precarización y desarticulación de nuestro sistema público de salud, que lo inhabilitó para responder eficazmente a la pandemia. Un dato vertebral, del que se derivan otros, es la reforma del artículo 135 de la Constitución que ambas fuerzas suscribieran en 2011, Zapatero por el PSOE y Rajoy por el PP.

A partir de allí, se aplicaron profundos recortes en recursos, servicios y personal en nuestra sanidad pública. Y, en paralelo, otro factor que ha operado como un continuum causal de fondo: su sostenida privatización iniciada en 1997 con la Ley 15/97, denominada “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad”. Esta norma contó con los votos del PP, PSOE, CiU, CC y PNV, como lo recuerda la Coordinadora Anti-Privatización de la Salud de Madrid (CAS-Madrid). Contó hasta con el apoyo de CC OO que, en aquel momento dijo que “valoraba positivamente el consenso alcanzado” por los partidos de marras.

Madrid dedica a sanidad una reducida parte de los recursos de que dispone: apenas 1.274 euros por habitante, solo por encima de Andalucía, que está a la cola de todas con 1.212 euros

Cabe esperar que el futuro debate que se abra, una vez pasada la crisis y controladas las curvas de contagio y de mortalidad, coloque a los diferentes protagonistas sociales y políticos en su lugar. Mientras tanto, las políticas del gobierno central están a la vista. Aunque tamaña visibilidad pueda incomodarlo no tiene cómo evitarla. No sucede lo mismo con la derecha, que, por su menor grado de exposición, puede ocultar datos clave acerca de las políticas que ha llevado adelante.

En ese sentido, y por ser la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) el mascarón de proa del Partido Popular, resulta ilustrativo observar ─con la mirada instantánea de una fotografía─ los trazos fundamentales de la política sanitaria que ha desarrollado durante un año y compararla con las aplicadas por las otras 16 comunidades autónomas. Para ello resulta de utilidad el Informe que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, titulado “Estadística de Gasto Sanitario Público del año 2018”, en el que ofrece datos estadísticos de las políticas sanitarias durante el período 2017-2018.

Es bastante esclarecedor, aunque tomar un período tan exiguo obligue a resignar el tratamiento de cuestiones clave, como un análisis a largo plazo del implacable proceso de privatización ─con énfasis, en la CAM─ a que fue sometido nuestro sistema público de salud, iniciado con la ya mencionada Ley 15/97. También a dejar a un lado el período 2008-2014, en el que la CAM aplicó la política más agresiva del ciclo, en términos de recortes en recursos, personal y servicios sanitarios, a lo que dieron respuesta la Marea Blanca y un sinfín de movilizaciones. Incluso, prescindir de la consideración pormenorizada de la enérgica privatización impulsada por Esperanza Aguirre a partir de 2012.

Un dato elocuente que revela el escaso interés de la CAM en atender con recursos suficientes a la sanidad lo constituye el bajo porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que destina a esa partida. Como se aprecia en el primer gráfico, asigna a ese ítem apenas un 3,6% del PIB, que es ─con diferencia─ el menor porcentaje entre las 17 comunidades autónomas y bastante por debajo del promedio estatal, que es del 5,5%. En el extremo opuesto se destacan Extremadura (8,7%), Asturias y Murcia, ambas con un 7,4% del PIB, más del doble de lo destinado por la CAM a ese concepto.

Esa misma tabla permite también constatar que, en proporción a su población, dedica a sanidad una reducida parte de los recursos de que dispone: apenas 1.274 euros por habitante, solo por encima de Andalucía, que está a la cola de todas con 1.212 euros. Los indicadores revelan que las Comunidad que más recursos aplican a este concepto son, por orden, País Vasco (1.753 euros), Asturias (1.676) y Navarra (1.651). Las cifras son irrefutables y llevan a concluir que, a pesar de que Madrid es la comunidad más rica del Estado, tanto en el porcentaje del PIB como en recursos por habitante asignados a sanidad, la comparación con la mayoría de las autonomías causa rubor.

Una fortaleza y singularidad del sistema sanitario español lo constituye el tejido asistencial articulado a través de la red de Atención Primaria. Sin embargo, el Partido Popular, a lo largo de sus sucesivos gobiernos, viene restando recursos a ese sector de forma continuada. Esta deriva ha dado pie a una histórica reclamación de los colectivos de sanitarios y asociación vecinales que apoyan un mayor protagonismo de la atención primaria. Valoran que desde este ámbito se puede gestionar un cuidado de proximidad, cercano y comunitario, con el tejido social. Ponderan que, aunque el hospital constituye un soporte imprescindible ─sobre todo para garantizar atención especializada─ no construye un vínculo de cercanía entre médico y paciente, promoviendo una relación más lejana, abstracta y funcional. El sistema sanitario español ─afirman─ venía trabajando en las dos líneas con cierta armonía hasta el advenimiento de los gobiernos de Esperanza Aguirre, quien en 2012 apostó por un modelo con clara preeminencia “hospitalocentrista”.

Fue entonces que la cruzada privatizadora por la vía “hospitalocentrista” tuvo un impulso decisivo, cuando esta regidora dio el pistoletazo de salida para dar vía libre a la creación ─y cesión de derechos durante 30 años─ de 12 hospitales localizados en diferentes áreas de la CAM; parte de ellos hoy en manos de Fresenius, fondo especulativo alemán que se dedica al negocio sanitario. En la definición del perfil de patologías a atender y el alcance de los servicios que prestarían primó una filosofía que privilegia la obtención de beneficio económico sobre cualquier consideración de orden sanitario; esta es una valoración que comparten los colectivos de analistas sanitarios consultados.

Lo dicho queda reflejado en el segundo gráfico, donde se aprecia que la CAM es ─de todas las comunidades autónomas─ la que destina el porcentaje más alto (68,6%) a la atención hospitalaria y especializada, en clara primacía relativa respecto a la Atención Primaria. Con el agravante de que, por la metodología seguida por el Ministerio de Sanidad, en los porcentajes del gráfico se solapan ─sin discriminar─ el importe correspondiente a derivaciones y conciertos con empresas privadas, con el asumido por el sector propiamente público. De este modo no se puede saber qué parte se lleva la medicina privada en su alegado papel de “soporte” o “complemento” de la pública.

Según diversos colectivos sanitarios consultados, este interés en priorizar la estructura hospitalaria no tiene que ver con una filosofía sanitaria específica, sino con que es la forma más operativa para articular el proceso de privatización, que es marca registrada de las administraciones del Partido Popular (aunque sería incurrir en falsedad atribuirlo en exclusiva a esta formación partidaria).

También explican que, en nombre de la austeridad y de la eficiencia, desde la administración ─de 2008 en adelante─ se viene aplicando una política sobre los hospitales públicos caracterizada por los recortes en recursos, personal y servicios. Y, para cubrir los déficits que esto generaba se ha orquestado un sofisticado entramado de derivaciones ─por concierto─ al ámbito privado y potenciado la atención especializada, en buena medida también concertada.

“Detrás de las derivaciones a la Sanidad privada están las puertas giratorias del PP”

Sara Plaza Casares

5

Sanidad pública

“Detrás de las derivaciones a la Sanidad privada están las puertas giratorias del PP”

Sara Plaza Casares

5

El 26 de mayo se decidirá en las urnas quién gobernará la Comunidad Autónoma de Madrid los próximos cuatro años. En El Salto hemos querido hacer balance de las políticas autonómicas en Sanidad, Educación, Vivienda, Medio Ambiente y Urbanismo y para ello hemos conversado con varias activistas. En esta entrevista Beatriz Juliá, integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública, Luis Montes, radiografía la situación de la sanidad madrileña. 

En paralelo, y para cerrar el circuito, se cedió a empresas privadas la administración y gestión de hospitales de titularidad pública y, desde estas instancias, se completó la operación en favor del negocio privado, promoviendo activamente los mecanismos de derivación. Un caso modélico de cómo funciona este entramado lo constituiría la Fundación Jiménez Díaz (FJD), que era propiedad del Grupo Quirón Salud hasta ser adquiridas por Fresenius, en 2017.

Describen cómo la FJD opera bajo la pantalla legitimadora de ofrecer un servicio público ─limitado en términos reglamentarios a un sector poblacional específico─ y en simultáneo, ofrece todo tipo de servicios de atención especializada al resto ─la mayoría, en términos numéricos─ de la población madrileña. Por supuesto que los cobra a precios de una clínica privada, solo que ese coste no lo asume el paciente individual, sino que es abonado por la CAM vía las partidas generales del llamado “gasto sanitario”. A esto se suman las derivaciones procedentes de los hospitales periféricos, ahora también en manos de Fresenius. Y este chollo es lo que Esperanza Aguirre decía que no le iba a costar un céntimo a la población madrileña.

Como puede verse en el tercer gráfico, es la CAM la que destina el menor porcentaje de su gasto consolidado (11,5%) a la Atención Primaria. Si se pone en paralelo esta baja asignación con la ─inversamente alta─ que destina a la partida hospitalaria y de especialidades se ve claro que a una mayor asignación proporcional presupuestaria a ese ítem le corresponde una menor a la Atención Primaria. Se confirma así el diagnóstico dado por los analistas sanitarios, de que en la CAM se da un mayor énfasis relativo a este segmento por sobre el de Atención Primaria y un dato que evidenciaría la política privatizadora por vía “hospitalocéntrica” que adopta. 

Según los colectivos sanitarios, en idéntica clave respondió la CAM a la crisis provocada por el coronavirus. En vez de dar un papel de destaque a la Atención Primaria, habría optado por desarticularla para responder a la pandemia, con la instalación de un mega hospital ─en escenografía espectacularizada y modelo lazareto─ en el Ifema. Numerosas denuncias se han hecho públicas ante la ocurrencia, así como por su caos operativo.

Materias aparte ─varias y específicas─ merecen las residencias de ancianos, cuya mayoría ─y no solo en la CAM─ están en manos de intereses privados, frecuentemente ajenos al tema sanitario. Para evitar cualquier cercanía con el truculento recurso ─caro a algunos políticos─ de arrojar muertos a los pies del desafecto político, es preferible evitar adelantar consideraciones. Solo apuntar que, según datos de la Plataforma por la Remunicipalización de Servicios Públicos, la CAM gestiona apenas el 5,8% de las residencias existentes en el territorio, el resto está en manos privadas. Y que, de las 48.758 plazas existentes en residencias de mayores, la CAM opera apenas el 13%; el restante 87%, equivalente a 42.500 plazas, se gestiona en la esfera privada. Con el agravante de que la CAM sufraga una tercera parte de sus presupuestos.