Opinión
El declive de la sanidad venía de lejos

Todo son elogios y reconocimiento hacia la sanidad pública y sus trabajadores/as, en su lucha diaria contra el coronavirus. Está muy bien, por supuesto, destacar el abnegado esfuerzo que está realizando el personal sanitario, en condiciones extraordinariamente difíciles y con recursos, humanos y materiales, escasos, claramente insuficientes para contener la enfermedad. Cualquier iniciativa que apunte en esta dirección tiene un enorme valor social y debe ser apoyada, porque, además, es algo que los/as trabajadores/es sanitarios/as hacen a diario.

Todos los políticos, sin ninguna excepción, aplauden este esfuerzo. Pero ¿debemos olvidar que de aquellos polvos vienen estos lodos? Creemos que no, que es necesario tener muy presente que las políticas económicas llevadas a cabo desde la creación de la zona euro y, muy especialmente, desde el estallido del crack financiero han maltratado de manera sistemática a los sistemas de salud pública.

Las denominadas políticas de austeridad son culpables de esta situación; también las mal llamadas políticas estructurales, que han consistido básicamente en menos salarios y más mercado

Las denominadas políticas de austeridad son culpables de esta situación; también las mal llamadas políticas estructurales, que han consistido básicamente en menos salarios y más mercado. La causa de la crítica situación de la sanidad pública no reside, pues, en el coronavirus, que simplemente ha desvelado las miserias que veníamos arrastrando desde hace tiempo.

La imposición de rigurosos e inaceptables objetivos en materia de déficit y deuda público han supuesto meter la tijera en el gasto público en salud y en el conjunto de los servicios sociales. En realidad, el objetivo no era tanto reducir el gasto en estos epígrafes para equilibrar las cuentas públicas, sino, mucho más importante, convertir el sector social público en negocio.

Esto lo ejemplifica a la perfección lo sucedido en el Servicio Madrileño de Salud cuyos recortes en las plantillas entre 2008 al 2018 ha sido de 4.166 profesionales. Todavía a primeros de este año no se habían recuperado 2.264 trabajadores/as de todas las categorías, y esto a pesar del crecimiento económico de los últimos ejercicios. Otras cifras que ponen de manifiesto el deterioro de la sanidad pública madrileña que planificó el Partido Popular, es la pérdida de 1.172 camas en el mismo periodo de tiempo en los 5 hospitales públicos de tercer nivel (La Paz, Clínico de San Carlos, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Ramón y Cajal), mientras se abrieron 11 hospitales, 7 de gestión mixta y 4 de gestión privada, cuyos sobrecostes ahora engrosan la deuda de más de 33.000 millones de euros que soporta la ciudadanía. O el desmantelamiento del primer nivel asistencial, ahora tan crítico en plena epidemia, al que le faltan 500 profesionales (entre médicos/as y pediatras) 2.000 enfermeras/os y 600 administrativos/as.

Esta era la verdadera agenda. Crear las condiciones para la irrupción de las empresas privadas, muy cercanas al poder político -la corrupción y las puertas giratorias han funcionado y continúan funcionando a tope- adquiriendo activos públicos a través de los procesos de privatización o beneficiándose de contratos con el Estado, todo ello en condiciones muy lucrativas y con protocolos la mayor parte de las veces muy opacos. A esta “noble” tarea se han entregado, sin descanso, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de gobiernos socialistas y conservadores.

Defender el papel de lo público en esta coyuntura excepcional es algo más que hacer declaraciones. Significa movilizar una cantidad suficiente de recursos financieros -en una cantidad muy superior a los comprometidos por el gobierno de coalición- para que los profesionales que están en primera línea puedan realizar su trabajo con protección y con eficacia, y para que las personas amenazadas por la enfermedad o que ya están enfermas puedan recibir el tratamiento adecuado; recursos que deben incluir inmediatamente los que gestiona el sector privado, si es necesario procediendo a su nacionalización; de ningún modo podemos permitir una práctica que consiste en seleccionar a los pacientes menos graves, derivando los “menos rentables” a la sanidad privada.

Es evidente para todo el mundo que los ajustes presupuestarios exigidos por Bruselas han saltado por los aires y que la aplicación de un verdadero plan de emergencia implica el aumento del déficit público. Pero también en este punto creemos que hay que estar a la altura del desafío que tenemos por delante. Hay que encarar la crisis con criterios de justicia y esto significa impugnar la deuda pública ilegal e ilegitima -sobornos, sobrecostes, incumplimiento de contratos…-, que los grandes bancos paguen la deuda contraída con la sociedad -los 60 mil millones de euros del rescate bancario-, aplicar un impuesto especial sobre las grandes fortunas y patrimonios, y que el Banco Central Europeo, en lugar de regalar el dinero a los grandes bancos y corporaciones, lo destine a la adquisición directa de deuda pública en el marco de un plan de emergencia.

Hay recursos y la clave es si existe voluntad política para movilizarlos, para hacer frente a la situación de emergencia social que exige el avance de la pandemia, para reforzar el sistema público de salud y para que la crisis económica que se nos viene encima no la paguen los de siempre.