Coronavirus
Docentes madrileños muestran su preocupación por el futuro de la educación en la comunidad con menor inversión pública

Docentes y agrupaciones de trabajadores de la enseñanza de todas las partes del Estado han coincidido en reivindicar, durante el estado de alarma, la necesidad de que, al concluir el confinamiento, se inviertan más recursos en educación pública ante una previsible necesidad de apoyo a los estudiantes. Lo justifican por las dificultades de seguir las clases a distancia por parte del alumnado más afectado por la brecha digital y social, pero también por el hecho de haber tenido que adaptar la enseñanza presencial a la docencia telemática de un día para otro.

Grupos como la Federación de Enseñanza de CC OO y  las Mareas por la educación pública ya han manifestado el incremento de plantillas e inversión en la enseñanza pública que hará falta para atender a estudiantes en grupos reducidos. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM) se ha sumado a esta demanda, explicitando la gravedad de los recortes en el caso de la Comunidad de Madrid, para advertir del riesgo “de que una persistencia en las recetas neoliberales nos lleve  a una crisis social sin precedentes”. 

“En la última década, la inversión en la escuela pública se ha reducido un 10%”, resume el STEM en un reciente comunicado, en el que señala que “si bien ningún territorio había llegado al nivel de inversión del año anterior a los recortes, en 2016 (últimos datos del Ministerio) casi todas las administraciones autonómicas habían incrementado en mayor o menor medida el gasto educativo por alumno”. Sin embargo, Madrid se configura según esta tabla como el territorio con menor inversión, según los últimos datos del Ministerio de Educación —publicados en 2017— que desglosan en gasto de cada comunidad por alumno. 

La gravedad del caso madrileño no ha disminuido durante la pandemia. Madrid es una de las comunidades que aún no ha iniciado los llamamientos de interinos para cubrir a los docentes de baja y una de las administraciones que todavía no se ha comprometido a iniciar las adjudicaciones. A ello se suma el anuncio de esta Comunidad de dejar de financiar su parte de los convenios con los ayuntamientos para el mantenimiento de la Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales. “Curiosamente, las administraciones regionales que más recortes han aplicado y que durante más tiempo los han mantenido suelen ser las que mantienen una política fiscal más ventajosa para las rentas más altas”, apuntas desde SETM.

La Comunidad de Madrid completa el abandono del primer ciclo de educación infantil por el estado de alarma

Sarah Babiker

12

Coronavirus

La Comunidad de Madrid completa el abandono del primer ciclo de educación infantil por el estado de alarma

Sarah Babiker

12

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha comunicado a la Federación de Municipios de Madrid el cese de su contribución económica en los convenios con los ayuntamientos relativos a las escuelas infantiles y casas de niños. Ya el pasado 11 de marzo se suspendieron los contratos de gestión de los centros de educación infantil adscritos a la Comunidad. 

Por eso, desde el sindicato exigen que además del esfuerzo que realizará el profesorado para atender a un alumnado que no ha podido recibir docencia presencial durante semanas, “las administraciones también tienen que asumir sus responsabilidades ante la ciudadanía, y especialmente ante la población más vulnerable”. Asimismo, añaden que “su gestión del 'escenario post-crisis' no nos puede llevar de facto a la profundización de una crisis social de la que no habíamos salido”, motivo por el cual rechazan las medidas de austeridad: el incremento de ratios, dejar de cubrir sustituciones, jornadas lectivas abusivas o mantener a miles de docentes en la calle. 

Así, el cuerpo docente exige “reversión total de los recortes” como condición mínima para poder “acometer la dura tarea que tiene por delante en unas condiciones mínimas de dignidad”, además un incremento de profesionales de atención a la diversidad y orientadores, un colectivo que resultará clave en “una situación no exenta de tensión y privaciones para gran parte del alumnado y las familias cuyos efectos en el ámbito psicológico, social, económico y académico aún están por ver”.