Coronavirus
El estado de alarma agrava la situación de los colectivos vulnerables

En estos tiempos de confinamiento por fuerza mayor, profesionales de servicios sociales, de la abogacía, la educación, dinamizadoras de calle, vecinos y vecinas de centros sociales y apoyo mutuo en barrios, hacen sinergias y unen todos sus esfuerzos para que nadie se quede fuera de las soluciones allá donde el Estado y las administraciones no llegan.

“Las situaciones que entendemos ahora mismo como más emergentes es, por un lado, las personas sin hogar o aquellas personas que no tienen acogida en ningún dispositivo público”, explica a El Salto Patricia Fernández Vicens, abogada de oficio y ciudadana comprometida con la población en riesgo de exclusión en Madrid.

Y es que a las estructuras institucionales, ya de por sí debilitadas por el desmantelamiento en pro de la privatización de décadas anteriores, vuelven a vérseles las costuras y los parches, y en tiempos de respuesta extraordinaria no son suficientes.

Al respecto, señala Fernández: “Antes de la crisis sanitaria provocada por el covid19 ya nos encontrábamos con un sistema de atención a la población de personas sin hogar raquítico, basado siempre en grandes centros, grandes albergues donde solo se garantizaba la pernocta. Aún así se encontraba a muchísimas personas en calle. Esto lógicamente se ha agravado”.

“Antes de la crisis sanitaria ya nos encontrábamos con un sistema de atención a personas sin hogar raquítico, basado siempre en grandes albergues donde solo se garantizaba la pernocta. Aún así había muchísimas personas en situación de calle”

La abogada reconoce que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante en habilitar otros dispositivos, pero a la vez señala que no solo no son suficientes sino que no son idóneos. “Se mantienen los albergues permanentes que ahora se han convertido en establecimientos de día, antes solo se permitía la pernocta de noche y ahora, digamos, están allí confinados”.

En el caso de los albergues de la campaña de frío —con seis duchas para 140 plazas— aún y cuando el consistorio ha prorrogado los establecimientos hasta el mes de julio, Fernández asegura que estos dispositivos se encuentran de por sí muy hacinados, con poco espacio vital por cada uno de los residentes o personas acogidas, “esta situación se agrava cuando ya no solo es un lugar en el que pasas la noche sino que además pasas el día y comes, y son lugares que no tienen comedor”.

Albergues con ocupación al límite y sin recursos adecuados

Diversas fuentes han corrobordo a El Salto que en albergues madrileños como Luis Vives o Puerta Abierta están trabajando con un número mínimo de trabajadores, sin equipos de protección, con la ocupación al límite, y el Ayuntamiento les está derivando nuevas personas, algunas con síntomas de coronavirus.

Un trabajador, portavoz de los trabajadores del centro de acogida Puerta Abierta —que tiene una capacidad hasta para 130 usuarios— cuenta a El Salto que a día de hoy este centro del distrito de La Latina acoge a 147 personas, algunas durmiendo en el hall en colchonetas.

“El colectivo es vulnerable al coronavirus, ya que son inmunodeprimidos, o diabéticos, o tiene cardiopatías o enfermedad mental, aunque esto último no tenga nada que ver con el virus pero que en estos momentos de confinamiento dice mucho. Es peligroso tener encerrada a gente con enfermedad mental, sobre todo si está aumentando el número de residentes, no damos abasto para contener a todos”, advierte el trabajador, quien insiste en mantener el anonimato.

También señala que les están derivando gente que presenta síntomas de coronavirus pero sin las medidas necesarias para poder aislarles correctamente, ya que no saben a ciencia cierta si lo tienen porque no les hacen las pruebas. “Les aislamos pero lo hacemos en sitios que no están adecuados para ello; y que encima no sabes si los tienes que aislar, sino que lo haces porque crees que pueden tener el virus”.

Desde el centro Puerta Abierta un trabajador afirma que les están derivando gente que presenta síntomas de coronavirus pero sin las medidas necesarias para poder aislarles correctamente

Ante la imposibilidad de tomar las medidas de seguridad en estos dispositivos porque no se puede guardar el distanciameinto necesario entre los usuarios, el riesgo de contagio entre ellos es muy elevado, afirma el trabajador: “El miedo que tenemos es que si se empiezan a contagiar, la enfermedad cause estragos en el centro”. Y continúa, “creemos que sería mejor llevar a todos los que tienen síntomas a un solo sitio y no repartirlos por los diferentes centros porque lo único que se va a crear es una cadena de contagio en una población muy vulnerable. Es lo que no entendemos”, por ello estarían intentando luchar por ese aislamiento en un solo centro.

En días pasado el amplio colectivo de trabajadores que integran la red de servicios sociales de atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid, presentaron un escrito al Defensor del Pueblo describiendo la situación de emergencia que se está viviendo en los diferentes recursos de la red de Personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid.

En el documento señalan la cuestionable derivación de personas con síntomas de coronavirus a estos centros ya que “no cuentan con servicios técnicos ni infraestructuras necesarias para albergar a estas personas que dificultan que tomemos las medidas pertinentes y necesarias ante un posible caso entre nuestros residentes habituales”.

Asimismo muestran su preocupación sobre que no se están reforzando o no se está teniendo en cuenta las posibles bajas de trabajadores por contagio que pudieran producirse. Describe el caso de las enfermeras del Puerta Abierta: “Las mascarillas homologadas las tenemos para ellas porque solo tenemos dos enfermeras una por la mañana y otra por la tarde, una para cada 145 personas en cada turno, y los fines de semana otras dos. Si falla alguna de ellas sí que lo tenemos jodido”.

Finalmente, el empledo del centro señala que en su intento por velar por la prevención, protección y seguridad de los residentes “exigimos una respuesta urgente de las diferentes autoridades competentes. Las políticas que se están llevando a cabo no las entendemos, nos parece un ataque directo hacia las personas usuarias de este centro”.

Las fisuras del sistema y colectivos vulnerables

La abogada, Patricia Fernández vuelve a señalar que la actual crisis social derivada del estado de alarma sanitaria actual deja en evidencia lo que ella y otros colectivos de la sociedad civil advierten un día sí y el otro también, sobre el estado de los servicios sociales para las personas excluídas del sistema de bienestar. “Detectamos que en situaciones de crisis del sistema las personas que ya vivían en crisis sufren con mayor dureza y con mayor crueldad, es evidente. Para algunos esto es una situación de crisis muy difícil, y para otros es la crisis sobre la crisis. Lo que está provocando muchísimos colapsos vitales”. Y añade, “si llegamos a esta crisis sanitaria es por la falta de prevención porque habíamos desmantelado buena parte de nuestro sistema sanitario. Si esto se está conviertiendo en una crisis social es porque también habíamos desmantelado nuestro estado del bienestar”.

Asegura que cuando un sistema absolutamente desbordado como el de dispositivos de personas sin hogar, se añade una crisis, se puede generar el colapso, justo lo que ha ocurrido.

“Si esto se está conviertiendo en una crisis social es porque también habíamos desmantelado nuestro estado del bienestar”, afirma la abogada Patricia Fernández

Una parte de la población que preocupa también a Fernández es la infancia que ya tenía, antes del estado de alarma una situación vulnerable, como aquellos confinados en centros de protección como el de Hortaleza, de por si ya hacinados.

“La principal preocupacion es que son centros donde habitualmente se vive con un nivel de tensión muy importante y de muchísima conflictividad, y el hecho del actual situación de confinamiento impide el escrutinio, impide el que podamos estar pendientes sobre lo que allí ocurre”, explica Fernández.

La abogada considera que al no poder salir al exterior los niños y niñas, en caso de situación de alarma —una excepción al normal desenvolvimiento de los derechos fundamentales— ésta podría acarrear situaciones de violencia institucional no deseada.

Describe también el agravamiento de situaciones como la de la infancia empobrecida, “esa infancia en exclusión social que convive con sus familias, habitualmente precarias pero que sobreviven de actividades informales como puede ser la venta de fruta o el chatarreo, los mercadillos... y que ahora mismo no pueden practicar esas actividades con las que habitualmente complementan su sueldo. Se han visto también con los bancos de alimentos cerrados, todo esto genera un déficit importante”.

La abogada carga su crítica sobre la medida de la presidenta Díaz Ayuso de sustituir los menús escolares por comida hipercalórica y poco sana: “Si se hubieran mantenido los comedores escolares se habría evitado, por un lado, el despido de parte del personal, y mantenido la salud económica para estas empresas, y se hubiera garantizado una mejor salud para los niños en dificultad social”.

Insiste la abogada en que con este tipo de medidas lejos de poder mejorar o paliar el daño que sufren las personas en situación de exclusión social, lo agravan todavía más. Fernández no deja de mencionar la situaciones difíciles que las familias están viviendo en sus modestas casas teniendo en cuenta que para muchas el único signo de normalidad para sus hijos es la escuela, y en estos momentos en que han cerrado, para tener acceso a los contenidos escolares hacen falta ciertas condiciones como un ordenador, una impresora, conexión a internet, “cosas que muchos de estos niños no tienen, o si la tienen desde luego lo que no tienen es un ordenador para cada niño o niña”, apunta.

En cuanto a otros colectivos desprotegidos gente que por una situación sobrevenida puede quedarse en la calle son los solicitantes de asilo y refugio. Describe Fernández “Se han suspendido las entrevistas de asilo dadas las condiciones de alerta sanitaria, pero también se ha suspendido la asignación de plazas para las situaciones de especial vulnerabilidad. Esto ha hecho que muchas personas se encuentren en el mismo estado que las personas sin hogar, ya sea residiendo en un albergue, o incluso en la calle. Ahora mismo estamos dando alojamiento a varias solicitantes de asilo que están en situación de calle porque no hay plazas disponibles, ni siquiera en la apertura de recursos extraordinarios”.

Seguimos acogiendo a solicitantes de asilo y personas refugiadas que se han quedado en calle y excluidas de todos los albergues para personas sin hogar por falta de plazas. Cada día nos reinventamos para dar respuesta integral a sus necesidades. #confinamiento @ACNURspain pic.twitter.com/tbvTQ5gH3H

— COORDINADORA BARRIOS (@CoordiBarrios) March 21, 2020

Seguimos acogiendo a solicitantes de asilo y personas refugiadas que se han quedado en calle y excluidas de todos los albergues para personas sin hogar por falta de plazas. Cada día nos reinventamos para dar respuesta integral a sus necesidades. 

Al mismo tiempo, y como consecuencia de la encomienda a la fuerzas de seguridad del estado para que se cumplan las limitaciones de andar por al vía pública, comenta la abogada que le consta que muchas identificaciones se están realizando por perfil racial. “Bastantes de las multas de las identificaciones aleatorias con las que nos hemos encontrado son a personas extranjeras, muchas de las cuales venían o se dirigían de sus puestos de trabajo o de hacer actividades que están permitidas. En otras ocasiones que estamos detectando se está multando a personas sin hogar que están en la calle a pesar de que no tienen otra alternativa”. Arguye que este estado de alarma se convierte en la excusa perfecta para que se introduzca de nuevo un sesgo o un prejuicio en las identificaciones.

Propuestas a Ayuntamiento y Comunidad desde la sociedad civil

En este confinamiento decretado por coronavirus y allá donde las medidas de gobierno no llega, la sociedad no ha dejado de movilizarse. Si el gobierno ha decretado un estado de alarma que supone una limitación al ejercicio de derechos fundamentales y que otorga poderes al Estado de carácter extraordinario, asegura Fernández, “nosotros como ciudadanos lo que hacemos es decretar el estado de solidaridad, reclamamos al gobierno que implemente medidas para evitar que a la crisis sanitaria se le sume una crisis social”.

“Nosotros como ciudadanos lo que hacemos es decretar el estado de solidaridad, reclamamos al gobierno que implemente medidas para evitar que a la crisis sanitaria se le sume una crisis social”

Con el fin de cooperar con la adecuación de las soluciones administrativas, la Coordinadora de Barrios y la Red Solidaria de Acogida envíaron un documento de propuestas dirigido tanto al área de gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, así como al gobierno de la Comunidad de Madrid.

Estas entidades de la sociedad civil que atienden diariamente a personas alojadas en los recursos de la red municipal para personas sin hogar, señalan los inconvenientes del cierre de comedores, roperos y el límite en el que se encuentran ya los centros de día y albergues.

Por ello, proponen entre otras cosas: que se reduzca el aforo de los actuales centros para minimizar el riesgo de contagio y una mejor atención socio-sanitaria; que se habiliten colegios o centros culturales de titularidad municipal que dispongan de duchas, aulas dormitorio, comedor y salas de estancia donde se puede garantizar la estancia durante el día, al tiempo que piden se paralicen todas las salidas previstas por fin de estancia o cualquier otro motivo de los centros y programas residenciales de este área.

Plantean también la provisión de conexión a internet y mínimos servicios de información y ocio para mitigar la incertidumbre y atender a la situación psico-emocional de los y las usuarias.

No menos importante —y como ya lo han solicitado otros colectivos como la PAH y el Sindicato de inquilinos—, instan a la Empresa Municipal de la Vivienda a que suspenda inmediatamente los lanzamientos o desahucios que se tuviera previstos y dicte una moratoria o aplazamiento en el pago de las rentas de arrendamiento de las viviendas públicas.

Con respecto a las personas solicitantes de asilo y refugio exhortan a las administraciones pertinentes a paralizar automáticamente todos los traslados de personas refugiadas cuyo estatus haya sido ya reconocido.

Finalmente, la abogada Patricia Fernández considera que de la misma manera que el Estado español está reforzando los sistemas sanitarios debe asumir toda la responsabilidad en otros ámbitos que le conciernen: “Pedimos al gobierno que extenúe sus obligaciones en lo que tiene que ver con el Estado social. De esta crisis sociosanitaria solo saldremos con mayor posibilidad del ejercicio de los derechos y valores fundamentales. Frente al estado de alarma, estado de solidaridad”.