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Coronavirus
900 colectivos piden que las personas migrantes en situación irregular tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital
Ya son 900 colectivos los que se han adherido a la campaña #RegularizaciónYa, que además ha incorporado entre sus demandas la del ingreso mínimo vital para las personas migrantes en situación irregular. El miércoles EH Bildu, la CUP y Compromís se manifestaron a favor de un proceso amplio de regularización ante la emergencia sanitaria y económica.
El pasado miércoles 15 de abril, en su intervención en el Congreso, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aludía a una eventual regularización de aquellas personas migrantes que, contando con formación en salud, o dispuestas a trabajar en el sector agrario, pudiesen contribuir a afrontar los retos de la crisis sanitaria y social.
Desde la campaña #RegularizacionYa exigen, sin embargo, un proceso amplio e inclusivo de regularización frente a propuestas selectivas a las que califican de “cortoplacistas e instrumentalistas”. Las 900 organizaciones adheridas a la campaña responden así a las palabras del ministro que, según citan en un comunicado de esta misma mañana, anunciaba su intención de que “todos los inmigrantes que están en España estén en una situación regular”, pero desplazaba este objetivo a un momento en el que se diesen “condiciones de mucha más serenidad y consenso” que el actual.
Coronavirus
El movimiento antirracista exige que se regularice a la población migrante
Mediante una carta dirigida al Gobierno y una campaña en redes sociales, grupos antirracistas y proderechos de la población migrante urgen a regularizar la situación administrativa de todas las personas que se encuentran en el país. Los colectivos entienden que, en estado de alarma, la protección de toda la población pasa por su acceso a la ciudadanía.
En la carta enviada el pasado 13 de abril a la Presidencia del Gobierno y a varios de ministerios, quienes promueven esta campaña —colectivos y activistas antirracistas y proderechos de las personas migrantes, parte de los mismos articulados en torno al Comité de Emergencia Antirracista— insistían en la urgencia de sus demandas. Hoy han recordado que posponer la regularización de todas las personas migrantes residentes en el país “condenará a cientos de miles personas a una situación grave de indefensión y derechos vulnerados”.
En este sentido, Lamine Sarr, representante del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona y uno de los portavoces de la campaña, ha señalado que la regularización de las personas no puede supeditarse a los intereses de “las personas privilegiadas”, que apuntan selectivamente a sectores “como son la recogida de fruta, el cuidado de ancianos o la limpieza”.
El mismo miércoles, las formaciones políticas CUP, Compromís o EH Bildu expresaron su apoyo a la regularización de todas las personas migrantes que residen en el territorio en respuesta a la necesidad de garantizar su protección social y sanitaria durante la emergencia del covid-19.
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La crisis sanitaria y social espolea la demanda de regularización
El estado de alarma y sus consecuencias más inmediatas ha puesto sobre la mesa la demanda de regularizar a las personas migrantes. La tensión entre una mirada desde la garantía de derechos humanos y otra utilitarista define el debate y las políticas.
Precisamente, la campaña exige que la iniciativa de protección social estrella anunciada por el Gobierno esta semana, el Ingreso Mínimo Vital, no deje afuera a la población migrante en situación irregular, pues, afirman, la situación de irregularidad constituye un factor fundamental de riesgo para caer en la exclusión, por lo que no entienden que una medida que quiere apuntar a la igualdad pueda excluir al que consideran el sector de la sociedad más desprotegido.
Desde la campaña recuerdan que es precisamente el colectivo de personas migrantes en situación irregular el que ha quedado fuera de las medidas que componen el llamado “escudo social” con el que el gobierno quiere amortiguar los efectos en la población de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria".
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