Corrupción
Primera semana del juicio Koldo-Ábalos: sueldos públicos sin trabajar y bolsas de dinero llevadas a Ferraz

Esta semana se ha iniciado en el Tribunal Supremo el juicio por el caso Koldo, la investigación sobre la presunta trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia que salpica, entre otros, al exministro de Transportes José Luis Ábalos. La Fiscalía cree que, junto a él, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama son piezas clave en una red que presuntamente obtuvo beneficios procedentes de contratos públicos millonarios para el suministro de mascarillas aprovechando el procedimiento de emergencia desencadenado por la covid-19.

La causa ha tenido varios meses de instrucción, y en las varias decenas de sesiones que se espera que tenga el juicio —está previsto que se alargue hasta el 30 de abril—, ante el tribunal desfilarán más de 70 testigos. La acusación ha pedido para algunos de los acusados penas de prisión que superan los 20 años.

La pandemia como coartada

El origen del caso se sitúa en los primeros meses de la pandemia, cuando la escasez de material sanitario obligó a las administraciones públicas a activar procedimientos de contratación de emergencia. En este marco de excepcionalidad, que permitía adjudicaciones directas sin los controles habituales, es donde, según la acusación, se habría articulado la trama.

Las investigaciones apuntan a que varias empresas vinculadas al entorno de Koldo García y Víctor de Aldama obtuvieron contratos públicos para el suministro de mascarillas a precios inflados. Parte de esos beneficios, según la Fiscalía, habrían sido canalizados en forma de comisiones ilegales destinadas a intermediarios y cargos públicos. La dimensión política del caso apareció cuando la trama implicó directamente a Ábalos, quien fuera uno de los ministros más relevantes del Gobierno de Pedro Sánchez.

La Fiscalía pide para Ábalos 19 años y medio de prisión, mientras que las acusaciones populares reclaman 30 años contra el exministro

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, es el acusado de mayor perfil político. La acusación sostiene que, desde su posición de poder, habría facilitado o permitido adjudicaciones irregulares a empresas vinculadas a la trama. Su defensa, sin embargo, insiste en que no existen pruebas directas de su participación en actividades ilícitas y que las decisiones adoptadas respondían al contexto excepcional de la pandemia.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para él, una cifra que aumentan a 30 años las acusaciones populares. El Supremo ordenó su entrada en prisión provisional al considerar que había un alto riesgo de fuga.

Koldo García, exasesor y exchófer de Ábalos, aparece como el presunto conseguidor de la red. Las investigaciones lo sitúan como intermediario clave entre las empresas adjudicatarias y la administración pública, gestionando contactos, facilitando contratos y, presuntamente, canalizando los pagos irregulares.

García entró en el círculo de Ábalos tras ser nombrado consejero de Renfe Mercancías, y fue detenido a principios de 2024 por el escándalo de las mascarillas. La investigación apunta a que Koldo García fue intermediario en las negociaciones para comprar las mascarillas a través del Ministerio de Transportes, y que cobró comisiones por facilitar esos contratos.

Según la instrucción, García habría contactado con otros acusados como Ángel Víctor Torres o Francina Armengol para que contratasen material sanitario a las empresas vinculadas a la trama. La Fiscalía pide para él 19 años y medio de prisión, mientras que las acusaciones populares reclaman 30 años.

El empresario Víctor de Aldama completa el triángulo central de acusados. Según la Fiscalía, sería uno de los principales beneficiarios económicos de la trama, a través de empresas que obtuvieron los contratos públicos. Su papel, según la acusación, no se limitó a la actividad empresarial, sino que incluyó la articulación de una red de contactos políticos y administrativos.

La investigación considera a Aldama el eslabón entre el Ministerio de Transportes y las empresas adjudicatarias, así como el comisionista de la trama. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares piden para él siete años de cárcel.

Francina Armengol es la actual presidenta del Congreso, y presidió Baleares en el tiempo de actuación de la trama. Bajo su mandato, el Gobierno balear pagó cuatro millones de euros a una empresa de Aldama para el suministro de mascarillas. Ha solicitado declarar por escrito.

También prefiere no acudir en persona al Supremo el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Como presidente de Canarias también contrató material sanitario a una de las empresas de la trama. La UCO afirma que Torres reclamaba los pagos pendientes a una empresa de Aldama, que habría sido elegida como adjudicataria a cambio de mordidas.

Juan Carlos Cueto es el presunto cerebro del caso Koldo. Según la investigación preliminar y el auto del juez, Cueto es el principal beneficiario de los nueve contratos públicos adjudicados en la pandemia, y que se embolsó en torno a 10 millones de euros.

Joseba García, hermano y testaferro de Koldo, consiguió un puesto en las empresas públicas Ineco y Emfesa por mediación del propio Ábalos. La Fiscalía le atribuye un papel clave en las operaciones de la trama, y se trata de probar si ayudó a su hermano a ocultar mordidas de más de 250.000 euros mediante la compra de propiedades inmobiliarias.

Patricia Uriz es la exmujer de Koldo García. La investigación del caso la sitúa como testaferro de los inmuebles comprados con las mordidas. El juez instructor cree que Uriz se ha beneficiado directamente de dichas mordidas.

La instrucción considera que el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez conocía todas las operaciones de la trama corrupta

Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, fue contratada en Ineco y Tragsatec. Tal y como detalla la instrucción del caso, Rodríguez recibió un salario de estas dos empresas sin haber ido nunca a trabajar. También se investiga si el piso en el centro de Madrid donde vivía estaba pagado por la trama.

Isabel Pardo de Vera presidió Adif entre 2018 y 2021. Está salpicada por el caso Koldo por presunta malversación y tráfico de influencias en la contratación de Jessica Rodríguez.

La instrucción considera que el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez conocía todas las operaciones de la trama corrupta. También es considerado como la figura clave que puso en contacto a funcionarios del Ministerio de Transporte con empresarios.

Cobrando de dos empresas públicas sin ir a trabajar

En la primera sesión del juicio, el pasado martes 7 de abril, los abogados de los acusados se centraron en la legalidad de los contratos de emergencia, argumentando que el marco normativo vigente durante la pandemia permitía procedimientos más ágiles y con menos controles, y tratando de desvincular los trámites administrativos de esos contratos de cualquier intencionalidad delictiva.

Por su parte, la Fiscalía defendió la solidez de la investigación subrayando que ese contexto excepcional de la pandemia no significa impunidad, y alegó que los acusados habrían aprovechado precisamente esa relajación de controles para llevar a cabo prácticas corruptas en la contratación pública.

La declaración más relevante de ese día fue la de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que reconoció que estuvo contratada en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec— cobrando 43.978 euros entre ambos empleos, aunque admitió que en realidad no llegó a ir a trabajar. Rodríguez explicó que entró en esas empresas “bajo las órdenes” de Joseba García, hermano de Koldo García, y admitió que no trabajó activamente en los proyectos para los que se le contrató. Según su testimonio, Ábalos “estaba al tanto” de esto.

El segundo día, el miércoles 8 de abril, declararon los primeros testigos vinculados a las empresas públicas salpicadas por la trama y al entorno operativo de Koldo García. Los testimonios reflejaron la proximidad y la influencia de Koldo en decisiones administrativas de alto nivel político.

Algunos testigos, empleados de dichas empresas públicas, explicaron cómo García intervenía para recomendar personas para puestos y orientar decisiones internas, en ocasiones presionando para que determinadas personas fueran contratadas o ascendidas. Según estos testimonios, Koldo García actuaba como un nexo entre los intereses de ciertas empresas y la esfera política en el marco de las adjudicaciones de material sanitario.

Traslado de bolsas de dinero a la sede de Ferraz

Durante la tercera jornada del juicio, el jueves 9 de abril, declaró como testigo la empresaria Carmen Pano y su chófer, Álvaro Gallego. Ambos ratificaron ante los magistrados que llevaron dos bolsas con dinero en efectivo —un total de 90.000 euros— a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Según ambos testimonios, cada entrega consistió en 45.000 euros, que dijeron haber transportado allí por indicación del empresario Víctor de Aldama. Pano detalló que recibió el dinero de Aldama y que lo trasladó personalmente hasta la sede del partido, aunque no aportó ninguna documentación que acreditase la procedencia exacta de ese dinero.

Gallego, el chófer, explicó que acompañó a la empresaria en uno de los trayectos hacia la sede del PSOE y que vio a Pano con bolsas que contenían billetes de 50 euros, aunque no precisó el total en metálico. Sus declaraciones confirmaron la presencia física del dinero en el vehículo y su traslado hasta Ferraz.

Además de estas dos intervenciones, también declaró la hija de Carmen Pano, involucrada en algunas operaciones vinculadas a Aldama en otras causas judiciales paralelas, como la investigación por fraude en los hidrocarburos, aunque el foco de su intervención se centró en aportar contexto sobre la relación familiar y empresarial con su madre.

La tercera jornada ha cerrado así la primera semana de vistas orales, que se reanudarán el próximo lunes 13 de abril. Los tres principales acusados, Ábalos, Koldo García y Aldama, declararán el día 28. El resto de testigos lo harán a lo largo de este mes, con las excepciones de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que han solicitado no personarse en el Supremo.