Corrupción
Claves de la Kitchen, el juicio que examina la guerra sucia política-policial del PP de Rajoy

Este lunes 6 de abril dio comienzo en la Audiencia Nacional el juicio por la operación Kitchen, el presunto operativo policial organizado en 2013 por la cúpula de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con el objetivo de sustraer documentación que pudiera comprometer a dirigentes del partido.

El arranque del juicio llega casi trece años después de los hechos investigados, tras una larga instrucción y varios intentos fallidos de ampliar o reorientar la causa, y pretende determinar si desde el aparato del Estado se organizó una operación ilegal contra Bárcenas. Según la Fiscalía, el dispositivo de Kitchen habría utilizado recursos públicos y fondos reservados sin ningún tipo de autorización judicial.

¿Qué se juzga en Kitchen?

De acuerdo con los datos de la instrucción, una de las piezas centrales de la trama, y que constituye uno de los ejes de la acusación, fue la captación de una persona del entorno directo de Bárcenas —en concreto su chófer— como confidente policial. A través de él, los investigadores trataban de acceder a documentación, dispositivos o información relevante sobre el partido que el extesorero pudiera conservar. El sumario también apunta a la participación de mandos policiales y responsables políticos en la articulación del operativo, aunque el grado exacto de implicación de cada nivel es precisamente uno de los aspectos que se tratarán de esclarecer en el proceso.

Quién es quién en el banquillo de los acusados

A lo largo del juicio, que se espera que dure aproximadamente unos tres meses, desfilarán ante el tribunal hasta diez acusados. De ellos, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez Vázquez son los de más rango político en el momento en que ocurrieron los hechos que se juzgan. El exministro solicitó hace tres años que el PP se sentase en el banquillo como responsable civil a título lucrativo. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión y una inhabilitación de 33 años para desempeñar cargos públicos.

También llamado “Cocho”, Francisco Martínez Vázquez fue secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Fernández Díaz. Se piden 15 años de cárcel para él, y en el juicio se tratará de probar si dio luz verde a los pagos con fondos reservados para la operación Kitchen. Según el juez, Martínez Vázquez fue el coordinador del operativo, que encargó al responsable de la policía Nacional Eugenio Pino.

La sombra del excomisario José Manuel Villarejo, imputado en múltiples procesos judiciales, planea sobre el juicio de Kitchen. Según el auto, Villarejo sería el ejecutor de toda la trama. Se lo acusa, entre otras cosas, de captar al chófer de la familia Bárcenas para que espiara al extesorero del PP. La Policía encontró en su casa documentos que lo vinculan a la trama. La Fiscalía pide para él 19 años de prisión, la condena más alta de entre todos los acusados.

Eugenio Pino es exdirector adjunto de la Policía Nacional y máximo responsable no político del cuerpo. Según la Fiscalía, Pino jugó un papel crucial en el operativo autorizado desde el Ministerio del Interior que acabó con el robo de la agenda personal y de trabajo de Luis Bárcenas, entre otros documentos. También se piden 15 años de cárcel para él.

Las defensas de los principales acusados desplegaron una estrategia orientada a intentar la anulación de pruebas consideradas esenciales para sostener la acusación

Marcelino Martín Blas Aranda es exjefe de Asuntos Internos de la Policía. Ya declaró en la Audiencia Nacional en 2021, cuando negó haber recibido órdenes ni de Interior, ni de la Policía para investigar nada relacionado con Kitchen. No obstante, se ha mantenido su imputación porque el juez considera que en la trama sí habría participado personal de Asuntos Internos bajo su mando. La Fiscalía solicita para él dos años y medio de cárcel.

Andrés Manuel Gómez Gordo, comisario de la Policía, pidió ser absuelto en su escrito de defensa, donde aseguró que actuó por órdenes de sus superiores y convencido de que todo el operativo era legal. Gómez Gordo fue contratado por María Dolores de Cospedal como director general en Castilla-La Mancha. Según Pino, la idea de espiar a Bárcenas a través del chófer fue suya, aunque Gómez Gordo lo negó. Se piden para él 15 años de prisión.

José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Diéz Sevillano son inspectores jefes de la Policía y presuntos integrantes de la llamada “policía política” de Fernández Díaz cuando éste estaba al frente del Ministerio del Interior. Ambos acusados afirmaron en la comisión de investigación del Congreso que no tienen nada que ver con el operativo Kitchen. Los dos son personas de confianza de Eugenio Pino. No están acusados por Anticorrupción, sino por la acusación particular.

José Luis Olivera Serrano fue responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El juez considera no solo que conocía el operativo Kitchen, sino que era ilegal y malversaba fondos reservados. Como Fuentes y Díez, Anticorrupción ha rechazado acusarlo, pero sí lo hace la acusación particular.

Por último, Sergio Javier Ríos, “el cocinero”, fue chófer de la familia Bárcenas, y se lo juzga por haber espiado presuntamente al extesorero del PP. Ríos fue el primer imputado en la trama en diciembre de 2018. Se investiga si estuvo cobrando 2.000 euros mensuales —hasta un total de 53.000— de los fondos reservados del Ministerio del Interior por pasarle información a Villarejo. Se piden 12 años y 15 días de prisión para él.

Rajoy y Cospedal declararán como testigos

Las dos primeras sesiones estuvieron centradas en las denominadas cuestiones previas, un trámite clave en el que las partes fijan sus posiciones. En este punto, las defensas de los principales acusados desplegaron una estrategia orientada a intentar la anulación de pruebas consideradas esenciales para sostener la acusación. Entre sus argumentos, los abogados cuestionaron la validez de determinados materiales incorporados a la causa durante la instrucción, incluyendo grabaciones y documentación, así como la forma en que fueron obtenidos.

Por su parte, el PSOE, que ejerce como acusación popular, llegó a pedir al tribunal de la Audiencia Nacional que suspendiese la vista oral para que se investiguen unos audios obtenidos del excomisario Villarejo que incriminan a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la supuesta trama para destruir pruebas de la caja b del partido.

En la tercera jornada del juicio, el miércoles 8 de abril, el tribunal consideró lícita la grabación realizada por el excomisario Villarejo que demuestra que la cúpula de Interior conocía la Kitchen

No obstante, la Fiscalía se limitó a defender la legalidad del procedimiento y la validez de todas las pruebas, oponiéndose a que se excluyesen como pedía la defensa, y rechazó de plano ampliar la causa a Cospedal, como solicitaba el PSOE. No obstante, tanto ella como Mariano Rajoy, presidente del PP entonces, declararán como testigos. Otros testigos de relevancia política que prestarán testimonio ante el tribunal serán Juan Ignacio Zoido, que sucedió a Fernández Díaz al frente de Interior, e Ignacio Cosidó, el que fuera director general de la Policía cuando tuvo lugar la trama.

El falso cura y la grabación “lícita” de Villarejo

En la tercera jornada del juicio, el miércoles 8 de abril, el tribunal consideró lícita la grabación realizada por el excomisario Villarejo que demuestra que la cúpula de Interior conocía la Kitchen —dos días antes Fernández Díaz negó saber nada—, lo que permite su utilización dentro del proceso pese a los intentos de las defensas de impugnarla.

En la sesión también salió a relucir el episodio del falso cura. Ocurrió en octubre de 2013, cuando Enrique Olivares, armado y disfrazado de sacerdote, irrumpió en el domicilio familiar de Bárcenas y retuvo durante un tiempo a su esposa, su hijo y a una empleada doméstica. Olivares fue posteriormente condenado a 22 años de prisión por estos hechos, que no se juzgan en la pieza de Kitchen.

El juicio por el caso Kitchen ha reabierto el debate sobre el uso de los fondos reservados por parte del Estado y la opacidad que en otras ocasiones ha rodeado su gestión

No obstante, la familia Bárcenas ha sostenido en varias ocasiones que el asalto está vinculado con la operación en la medida en que el atacante afirmó buscar documentación que comprometía al PP y a algunos de sus dirigentes. Sin embargo, la propia Audiencia Nacional entiende que no se han acreditado vínculos sólidos entre ese episodio y la trama que se juzga. Además, parte de las líneas de investigación de ese suceso fueron retiradas durante la instrucción por falta de pruebas.

La pregunta clave: ¿Quién ordenó espiar a Bárcenas?

Una de las cuestiones centrales que aborda el juicio de Kitchen es determinar quién dio la orden de llevar a cabo el espionaje contra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Las investigaciones y la instrucción de la causa han dejado claro que, aunque la operación fue ejecutada por mandos policiales, persiste la incógnita sobre si se trató de una iniciativa exclusivamente policial o si existió una orden desde instancias políticas.

En esta primera fase del juicio las acusaciones sostienen que Kitchen fue una operación ilegal diseñada para sustraer información que comprometía a cargos del PP y proteger intereses políticos, mientras que las defensas plantean que esas actuaciones se enmarcaron en investigaciones legítimas relacionadas con la corrupción. El Ministerio Público sostiene que existen indicios suficientes para enjuiciar la presunta existencia de un operativo parapolicial dirigido contra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, financiado con fondos reservados y ejecutado al margen de los cauces judiciales ordinarios.

El ‘hombre de los maletines’ y el desvío de fondos reservados

El juicio por el caso Kitchen ha reabierto el debate sobre el uso de los fondos reservados por parte del Estado y la opacidad que en otras ocasiones ha rodeado su gestión, en concreto en el caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA en los años 80 y 90. Estos fondos, destinados oficialmente a operaciones de seguridad y servicios de inteligencia, se encuentran bajo control directo del Ministerio del Interior y carecen de un mecanismo de fiscalización parlamentaria o judicial ordinario.

En el caso de Kitchen, se ha acreditado un desvió de 58.000 euros de fondos reservados para financiar actividades que no estaban relacionadas ni con la lucha antiterrorista ni con el crimen organizado. También está documentado el despliegue de unas setenta personas —entre inspectores, oficiales y agentes— que durante varios meses se dedicaron a seguir a miembros de la familia Bárcenas.

La instrucción abierta por los fiscales Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa, con apoyo de la Unidad de Asuntos Internos, ha revelado “disfunciones e irregularidades en la gestión y control” de estos gastos, hasta el punto de describirse como un “ángulo muerto del Estado”, un espacio en el que el dinero público escapa a controles normales y puede ser asignado según criterios que no quedan registrados formalmente. De hecho, la figura del “hombre de los maletines” ha aparecido con frecuencia en la causa. Es el funcionario que custodiaba y distribuía los fondos reservados bajo instrucciones verbales, y que confirma que no existía ningún control sobre el destino concreto de ese dinero.

El PSOE señala y el PP insiste en que es cosa del pasado

El inicio del juicio se ha trasladado inmediatamente al terreno político. Desde el PSOE —que ejerce como acusación popular en el procedimiento—, insisten en que Kitchen representa una de las mayores vergüenzas para la democracia española, y que el PP ha intentado “generar ruido” para tapar la implicación de sus antiguos responsables en la trama. Los socialistas solicitaron al tribunal la suspensión del juicio para poder investigar la denominada “conexión política” que salpicaba a Cospedal, así como la inclusión del propio PP como parte responsable civil subsidiaria del proceso, aunque estas peticiones fueron rechazadas por la Fiscalía y el tribunal.

Por su parte, el PP ha buscado desvincular a su dirección actual de los hechos juzgados, condenando “sin matices” cualquier acto de corrupción y defendiendo que los exdirigentes presentes en este juicio pertenecen a una etapa pasada de su historia, al tiempo que han reclamado que los jueces actúen con independencia sin convertir el proceso en un asunto de confrontación política. Desde la esfera autonómica, dirigentes como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han subrayado que el PP actual “no tiene nada que ver” con los hechos que se están juzgando.

De momento, la vista oral se prolongará durante varias semanas, con fases sucesivas de cuestiones previas, presentación de pruebas y declaración de testigos, antes de que los magistrados puedan deliberar y dictar el fallo. Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha hablado de penas que van de dos a 19 años de prisión en función de la implicación de los acusados en la trama. La resolución, incluso después del fallo de la Audiencia Nacional, podría prolongarse si hay apelaciones a instancias judiciales superiores.