Corrupción
La UCO acorrala a Santos Cerdán y encuentra el dinero

Hace apenas once meses, en el marco del congreso del PSOE celebrado en Sevilla y delante de un auditorio compuesto por cargos y militantes de la formación, Santos Cerdán recabó una cerrada ovación. Dijo ser víctima de una campaña de “acoso y derribo” por parte de una oposición “corrosiva”. En aquel momento, su esposa ya había dejado de utilizar la tarjeta de crédito, a cargo de la empresa Servinabar, con la que habría gastado 33.574 euros en concepto de compras en el Corte Inglés, pagos en restaurantes de alto standings, y en viajes familiares a las islas canarias y baleares.

El último pago con esa tarjeta de crédito lo habría hecho, precisamente, el día antes de la detención de Koldo, en la que también se produjo numerosa incautación de documentación, de la que ha salido, además de esta trama, una segunda que implica directamente a Abalos.

El primer informe de la Uco presentado en la instrucción llegó el pasado junio. En él se aportaba un documento en el que se repartía la propiedad de la empresa Servinabar entre Santos Cerdán y su socio, Antxón Alonso. En aquel momento, Santos Cerdán lo habría justificado con que, dada la penosa situación del Psoe en 2015, estaba buscando una salida profesional a la política, pero que finalmente, no se llegó a materializar esa compra de participaciones de la sociedad.

Sin embargo, este informe de la UCO detalla que tan solo dos días después de la victoria de PEdro Sanchez en la carrera para llegar a ser Secretario General, Santos Cerdán se reunió con un emisario de Acciona, un directivo, y su socio, Antxón, en Madrid. Según el informe, en esa reunión se abordó el proyecto de Mina Muga, un negocio que estaba parado a la espera de una triple autorización institucional, en la que estaría involucrada tanto la comunidad foral como la de Aragón y el ministerio de transportes.

Apenas doce días después de la constitución de Servinabar, habrían firmado un acuerdo de colaboración con Acciona, en concepto de asesoramiento, por su buena implantación en Navarra

Precisamente, apenas doce días después de la constitución de Servinabar, habrían firmado un acuerdo de colaboración con Acciona, en concepto de asesoramiento, por su buena implantación en Navarra. El informe de la UCO acredita que Santos Cerdán intermedió con dirigentes del gobierno de Aragón (entonces encabezado por el recientemente fallecido Javier Lambán) y del gobierno foral, para conseguir que los desechos de la Mina Muga se almacenasen en una antigua mina abandonada de un municipio Zaragozano.

Es precisamente este negocio el que termina de salir adelante con la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes (antiguo Fomento). Bajo su mando se aprueba una Declaración de Impacto Ambiental que da cobertura al proyecto, que finalmente sale adelante. Santos Cerdán ha recuperado la libertad condincional, al considerar el juez que ya ha pasado el riesgo de destrucción de pruebas, aunque en el mismo auto en el que lo libera argumenta que este segundo informe refuerza los indicios sobre las acusaciones previas.

Los negocios se amplían

Este segundo informe de la UCO aporta un documento clave. Un acuerdo entre Servinabar y Acciona, por el que esta segunda se compromete a pagarle un 2,19% de comisión a la primera por cada UTE en la que reciban la licitación de forma conjunta. El monto, disfrazado en forma de asesoramiento, llega a constituir el 75% de los ingresos de Servinabar desde que se constituyó la sociedad.

Además, Servinabar llega a contratar al cuñado de Santos Cerdán para una de las UTEs en las que participaban conjuntamente, en concreto, la obra del Puente del Centenario en Sevilla. La hermana de Santos Cerdán también recibirá pagos desde Servinabar. En este caso, la constructora navarra habría efectuado los pagos a una cooperativa de la que forma parte Belén Cerdán en concepto de administración externa.

La información aportada por la UCO señala que es a partir de la llegada de Jose Luis Ábalos al Ministerio de Fomento cuando se intensifican las relaciones entre Acciona y Servinabar, coincidiendo con licitaciones a las que concurren de forma conjunta en forma de UTE. Se acredita que Santos Cerdán envió documentación a Koldo para apremiarle a la aprobación de la Declaración ambiental(DIA) que desbloqueó el negocio de Mina Muga. Hecho que se produce ya en mayo de 2019.

Desde ahí y hasta que estalla la trama, la empresa navarra Servinabar se habría hecho cargo del pago del alquiler de un inmueble en Madrid en el que presuntamente residió Santos Cerdán, ya diputado en el Congreso en aquel momento.

Sin grandes novedades en el frente político

Entre los socios del Gobierno y la mayoría que sostiene el segundo Gobierno de coalición de Sánchez, el informe filtrado de la UCO no ha tenido un efecto distinto del que sucedió a la tormenta del verano y los momentos más bajos del PSOE en los últimos siete años. Las advertencias ya fueron fijadas entonces, si no existe un cortafuegos y el caso pasa a versar sobre la financiación ilegal del partido, es muy probable que se terminen los apoyos de los nacionalistas y se plantee un escenario de fin de legislatura.

En cualquier caso, las declaraciones en las últimas horas se basan en la premisa de no adelantar acontecimientos. El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, aseguró que “todo saltará por los aires” si el PSOE aparece en el sumario por financiación ilegal. Cabe recordar que el PNV marcó el fin de la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno apoyando una moción de censura en el contexto de la sentencia de la Gürtel, justificándose en el hecho de que ese fallo condenaba al partido.

Yolanda Díaz ha declarado que “ha llegado el momento ya de tomar medidas eficaces” contra la corrupción

Junts anunció hace pocas semanas su intención de soltar amarras con el Gobierno de coalición, por tanto, es difícil esperar que salga en defensa del PSOE en un asunto que no es central para los exconvergentes, pero que sirve para marcar distancias. En la comparecencia de Sánchez sobre el caso Koldo que tuvo lugar a finales de octubre, el diputado nacionalista Eduard Pujol escenificó esa ruptura: “Cuando le preguntamos nos habla del PP. Cuando Koldo y Ábalos la lían la culpa es de otros. Da la sensación de que no tiene la culpa de nada”.

La pieza más débil en este contexto es Sumar, que debe combinar las críticas a su socio mayoritario con su táctica de mantenerse en el Ejecutivo caiga quien caiga. Yolanda Díaz, líder de ese espacio y vicepresidenta del Gobierno, ha declarado que “ha llegado el momento ya de tomar medidas eficaces” contra la corrupción, marcando la línea de un espacio político que ha visto frustrado en el Congreso su anuncio de creación de una agencia contra la corrupción.

Esta agencia, parte del plan de regeneración lanzado por Sánchez, fue rescatada por Sumar, para poner en marcha una oficina con labores de concienciación y sensibilización, prevención, investigación, evaluación y protección, sin embargo, su vuelo en el Congreso fue corto y estuvo ribeteado con toda clase de reproches entre los dos partidos principales del sistema (PP y PSOE) y críticas a la candidez de Sumar de parte de otros representantes de la izquierda política en el Congreso. 

Gabriel Rufián ha advertido de que pedirán elecciones anticipadas si la investigación apunta a financiación ilegal

En el caso de ERC y EH Bildu, los matices son importantes. Gabriel Rufián ha seguido la vía de la financiación ilegal, y ha advertido de que pedirán elecciones anticipadas si la investigación cruza esa línea. En el caso de Bildu, la certeza de que el escenario Sánchez en La Moncloa es el menos malo para el conjunto de la izquierda, le ha impedido cargar las tintas sobre el Gobierno. De hecho, en la comisión sobre el caso Koldo de octubre, Gorka Elejabarrieta, defendió que Cerdán ha recibido un trato inédito en casos similares —cinco meses de prisión— por haber sido interlocutor en las negociaciones con los nacionalistas en el periodo Sánchez.

Podemos, por su parte, considera que los indicios del caso suponen un “caso de libro de corrupción del bipartidismo” y ha exigido, por boca de su secretaria general, responsabilidades políticas al Gobierno. “No es el caso Koldo ni el caso Cerdán, es el caso PSOE”, sentenció el miércoles 19 en el Congreso la diputada morada Ione Belarra