Crisis económica
Regular los precios de los alimentos o regular el sector de la venta de alimentos

Las productoras de la pasta ecológica Txaramela están ultimando la decisión de la subida de precio necesaria para cubrir los costes de su producción. El desabastecimiento de trigo generado por la guerra de Ucrania no les ha afectado: compran a productores locales de Huesca la harina de trigo y en Nafarroa, la de espelta. Pero la subida de precio de la electricidad ha encarecido el proceso de secado, para el que usan secadoras durante un día con calor y ventilación a entre 40 y 42º. El aumento del precio de la energía les aboca a subir unos 20 céntimos por paquete, explica Izaskun Urbaneta. Venden en tiendas ecológicas, donde el margen mínimo de beneficio para el establecimiento es del 30% del PVP al público. En supermercados, el margen de estos productos suele ser más elevado, alrededor de un 50%.

El 4 de octubre empieza la feria Fruit Attraction en el Ifema de Madrid. Es el evento más grande de España y de Europa. Para esa fecha, estará claro el precio al que esperan vender en los supermercados la fruta de la temporada de invierno —manzana, pera, uva, básicamente—. Un trabajador del sector category management, dedicado a comprar fruta a productores en grandes cantidades para venderla a los principales supermercados que operan en España, ha accedido a hablar de forma anónima con El Salto. Resalta que el objetivo de este otoño es “trasladar el aumento del coste de la producción al consumidor”. No al productor, tampoco la asumirán los supermercados. Augura que habrá aumento: en el precio de la nueva temporada de fruta repercutirá el aumento del combustible y de la luz, así como la subida de los fletes a Chile, por ejemplo, que en 2020 costaban 3.300 dólares, en 2021 alrededor de 6.000 y hoy 12.000. En dos años se ha triplicado el precio del transporte de algunas variedades de manzana y uva, frutad que el mercado español “no quiere grandes ni tampoco pequeñsa, pero sí homogéneas”. Es decir, del mismo tamaño y color. Recuerda que los supermercados tienen un margen final de beneficios reducido —un 2,6% en Mercadona, líder del mercado, en 2021—, pero que el 2,6% de más de 25.000 millones de euros “es mucho dinero”. Considera inviable aplicar un precio máximo a los productos frescos y que “sería más fácil aplicar un impuesto a los beneficios”. 

Intuye que el margen que aplican los supermercados a los productos se lo comen los gastos fijos: el mantenimiento del local, de los almacenes y las cámaras frigoríficas, la distribución de los alimentos, la plantilla, las campañas de publicidad, etc. Los intermediarios como la empresa para la que trabaja, explica el category management, cobran en función del volumen total de ventas y sud tarifad apenas encarecen el PVP. “Si se eliminara esta intermediación, debería asumirse internamente por la empresa”, agrega. La estructura de los supermercados no es barata, ni los márgenes que aplican son los más bajos, pero persiste en el imaginario popular que realizar la compra ahí es más económico que ir a comprar al mercado y a las tiendas de barrio. La realidad es que los supermercados utilizan técnicas de mercadotecnia para que compremos de más, sobre todo en los productos sobre los que tienen más margen —los procesados—, que el consumidor habitual no elige tanto como cree y apoquina más de lo esperado en la caja registradora. Quien apura el presupuesto doméstico, acude con la lista hecha, escasa de caprichos, selecciona marcas blancas, opta por producto congelado y termina comprando la fruta y verdura en oferta de la tienda más barata de su barrio. La que cuelga un cartel de “todo a un euro”.

“Abogamos por políticas públicas, pero creemos que el mecanismo que se plantea para topar los precios de los alimentos difícilmente podrá garantizarlo”, resume Unzalu Salterain (Etxalde)

“Abogamos por políticas públicas, pero creemos que el mecanismo que se plantea para topar los precios de los alimentos difícilmente podrá garantizarlo”, resume Unzalu Salterain, miembro de la ejecutiva del sindicato agrario vasco Etxalde.

La propuesta de Yolanda Díaz de topar los precios de los alimentos ha abierto una caja de truenos que aún estaba cerrada: cuestionar el papel oligopolístico de apenas siete cadenas de supermercados en España. El debate puede quedarse ahí, en si la medida se puede llevar a cabo y cómo, o bien profundizar en las causas y consecuencias de un oligopolio y retomar las ideas que pupulan tanto entre la gente de bien de Instagram como en cualquier persona ante un buen plato de comida casera: si somos lo que comemos y nos alimentamos en gran medida de productos procesados, ¿adónde vamos? La respuesta corta, refrendada estadísticamente, es a la obesidad y a la malnutrición, sobre todo en la clase trabajadora y escalando peligrosamente posiciones en el tramo de la infancia, generando a largo plazo una factura que pagará la sanidad pública.

Etxalde hace suya la propuesta del sindicato agrario francés Confederation Paysanne sobre la necesidad de articular un sistema de seguridad social para los alimentos. Un término que aún suena extraño y que se refiere a cómo garantizar para todas las personas una alimentación básica con alimentos de calidad y saludables, gestionada por el pequeño comercio con convenios con pequeños productores para eliminar de la cadena a los especuladores. Este debate es el que se está dando en Francia y el que, en parte, se ha dado en Argentina en la época kirchneriana (2007-2015) y volvió a relanzarse en 2020 para intentar frenar de nuevo la inflación, recuerda la investigadora Nazaret Castro, periodista especializada en grandes distribuidoras y vecina de ese país durante diez años.

La pobreza, la publicidad y el azúcar alimentan la obesidad infantil

Gessamí Forner

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Infancia

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En el país de la dieta mediterránea, cuatro de cada diez niños de entre seis y nueve años presentan sobrepeso u obesidad infantil, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Consumo en el informe Aladino. Una tasa demoledora que se ceba en las familias con menos rentas.

Argentina puso en marcha una medida conocida como “precios cuidados”, alimentos seleccionados en lo que se consideraba la cesta de la compra básica que tenían precios máximos garantizados. “La medida tiene el riesgo de que las cadenas traten de compensar los beneficios con otros productos y es que, casualmente, las estanterías de los precios cuidados quedaban vacías, lo cual anunciaba una antesala de otra subida de precios, mientras que ese supuesto desabastecimiento era fruto de que los supermercados guardaban en el almacén los productos durante días, como me explicaron en ocasiones los propios trabajadores. Reaparecían con la subida de precios”, señala Castro.

“No digo que no hubiera gente que se beneficiera con esta medida, pero no resolvió el problema y siempre se corre el riesgo de que los sectores más populares acaben comiendo espaguetis con manteca”, concluye. Los precios cuidados alteraron la percepción instalada entre la población de que comprar en los grandes supermercados era más baratos que en el pequeño comercio o directamente al productor, un imaginario que parece cimentado a cal y canto también en España. “Los supermercados se pasaron tanto con las subidas de precio que gente empezó a virar hacia la producción agroecológica, se hizo evidente que comer más saludable y sostenible era más barato”, concluye la investigadora. Castro comparte con Etxalde y el colectivo Justicia Alimentaria la propuesta del sindicato francés.

Las comunidades autónomas aún no han implementado la Ley de la Cadena Alimentaria, necesaria para que los productores no trabajen a pérdidas con las grandes distribuidoras

Hambre y salud, ni supermercados ni bancos de alimentos

Javier Guzmán es responsable de Justicia Alimentaria. No tiene dudas acerca de que “ni supermercados ni bancos de alimentos que redistribuyen la mala alimentación, hay que conectar a la población con los productores locales y que la intervención pública revierta en la transición alimentaria y en la salud de las personas, no podemos financiar a los supermercados”. El pequeño comercio ha alertado de que si la medida de la cesta básica puede favorecer aún más a la grande superficie. Guzmán añade la perspectiva de salud en su discurso: “Hambre no es solo no comer, sino comer mal” y alerta de que la organización ya ha recibido quejas de que en algunos comedores escolares están cambiando los ingredientes de los menús por otros que no son frescos, sino procesados y poco saludables, a consecuencia de la inflación.

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Ganadería

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La comisión parlamentaria que debate la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria retoma hoy al mediodía su labor tras el parón estival.

“Al final, si queremos abordar el fondo del problema tenemos que salir del círculo vicioso de la ayuda alimentaria y poner en el centro a las personas, porque las políticas de ayudas públicas, ya lo hemos visto con la ayuda del litro de carburante, se las zampa el mercado especulativo, que es el que debes controlar, porque sino las iniciativas, por muy loables que sean, acaban resultando poco eficaces”, indica el sindicalista agrario. La propuesta de reconectar consumidores vulnerables con productores locales incluye una mención a las huertas municipales: “Hasta ahora, han tenido un componente de ocio, pero en tiempos de crisis es indiscutible que cumplen un papel relevante”. De una huerta municipal, como las de Zarautz, una familia puede sacar la alubia, la calabaza, el puerro y las lechugas para todo el año. Para acceder a una de las más de las 170 huertas tienen prioridad personas desempleadas y jubiladas.

Por último, y no menos importante, Unzalu Salterain recuerda la importancia de aplicar “una buena ley”, como es la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada el pasado diciembre y que tiene como objetivo que ningún productor trabaje a pérdidas. Son las comunidades autónomas quienes deben poner en marcha los Observatorios de Precios, imprescindibles para poder firmar contratos de venta de la producción que respeten los costes. En el País Vasco está hecha la web del observatorio, nada más.