Ganadería
La nueva ley para que el campo no venda a pérdidas negocia la inclusión de indicadores de precio y mediadores de contrato

“Debería poder vivir de la granja”, explica Pau Barnés. Tiene 145 vacas, de las cuales ordeña 65. Para no perder dinero cuando vende la leche, debería cobrar el litro como mínimo a 37,5. No obtendría beneficios, ni tampoco un salario. Sin embargo, se lo pagan tres céntimos por debajo de ese precio. Produce unos 40 litros al día por cabeza; 70.000 litros mensuales. Eso significa que cada mes pierde 2.100 euros. Abel Peraire, de la Unió de Pagesos, recuerda que en 30 años han desaparecido el 90% de las explotaciones catalanes. “Ese dato debería decirnos alguna cosa”, apunta.

La comisión parlamentaria que debate la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria retoma hoy al mediodía su labor tras el parón estival. Debe presentar un proyecto para que la reforma sea aprobada en el Congreso. Social y comunicativamente apenas se habla de esta norma, pero sobre la mesa hay 350 enmiendas, un número similar a las que registró el Ingreso Mínimo Vital. 

La leche, el aceite y el pollo son los tres productos reclamo habituales de los supermercados españoles, su precio arrastrado a la baja por la industria y la distribución repercute negativamente solo en el agricultor y el ganadero

Tres puntos clave para que la futura redacción sea efectiva y no se incumpla reiteradamente por parte de la industria —quien compra y envasa la leche— y la distribución —quien la vende al consumidor final— son las sanciones, los mediadores de contratos y los indicadores de precio. Y un cuarto punto determinante sobre el que parece que hay consenso es que quede prohibida la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena alimentaria, incluida la distribución. Es decir, que los productos reclamo de las promociones de los supermercados dejen de existir gracias a un precio arrastrado al suelo que solo repercute negativamente en el agricultor y el ganadero. La leche, el aceite y el pollo son los tres productos reclamo habituales de los supermercados españoles. 

El PSOE se muestra reacio a incluir los indicadores de precios, un instrumento de referencia legal que serviría a los productores para defender un precio justo ante la industria y la distribución

Discrepancia con el PSOE

Para la parlamentaria Isabel Franco, quien representa a Unidas Podemos en la Comisión, la mayor discrepancia con su socio de Gobierno radica en los indicadores de precios, que el PSOE no desea incluir. “Las organizaciones agrarias y las cooperativas alimentarias están de acuerdo, y también algunas industrias. No vemos lógica en que este punto no se recoja, ya que se traducirá en un incumplimiento constante de la ley”, considera. 

Actualmente existen un Observatorio de precios agrarios estatal y otro por cada comunidad autónoma. Realizan estudios pormenorizados sobre el coste de cada producto en función de su tipo de producción. Sin embargo, los informes tardan en llegar y no son un medio de prueba a la hora de reclamar. “Convertirlos en prueba”, señala Franco, “sería un elemento disuasorio para prácticas abusivas”. Considera que la frecuencia de la publicación debería aumentar, sin ser tan exhaustivos. El objetivo es que sea una herramienta útil a la que los productores puedan referenciar cuando la industria pretenda pagar un precio por debajo de coste. 

“Lo más necesario de esta reforma es dar respuesta a los productores, y que suponga un cambio de modelo para frenar el despilfarro y favorecer una agricultura y ganadería sostenibles”, considera la parlamentaria Isabel Franco (UP)

Políticamente, la parlamentaria considera que lo más necesario de la reforma de ley “es dar respuesta a los productores”. “La agricultura y ganadería nos alimenta a toda la población y es un trabajo muy duro. Debemos darles los mismos derechos que a un operador bancario: que pueda vivir de lo que trabaja”. Ese inclusión, sostiene, para por “un cambio de modelo para tratar de frenar el despilfarro de los alimentos que se desechan, así como favorecer un tipo de agricultura y ganadería sostenibles con el medio ambiente”. 

La vicesecretaria de la Union de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Montse Cortiñas, también cree que “es el momento” para que los precios cambien. “Las cuentas se hacen sin contar con el productor. Y sin capacidad de negociar tu precio, no puede haber futuro”, advierte sobre la necesidad de la prohibición de la venta a pérdidas en todos los eslabones y la necesidad del indicador de precios y la existencia de contratos fehacientes. “Tener la seguridad de recibir lo que cuesta producir es básico, que no sea un campo para la especulación como está siendo ahora mismo, que condena la estructura productiva de este país”, resume.

“Las cuentas se hacen sin contar con el productor y sin capacidad de negociar tu precio, no puede haber futuro”, advierte Montse Cortiñas, del la asociación agraria UPA

Tres organizaciones agrarias

Tres organizaciones agrarias han presentado sus enmiendas colectivamente —UPA, Asaja y COAG—. A raíz de las movilizaciones de los agricultores en 2020, en las cuales bloquearon los principales accesos a ciudades reclamando precios justos, se aprobó de urgencia un decreto ley que modificó la Ley de la Cadena Alimentaria que diseñó el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete (PP) en 2013, en la que promovió la regulación y autorregulación del mercado. La modificación tampoco consiguió un precio justo para el productor. 

El 20 de agosto, 150 ganaderos catalanes derramaron litros de leche en las puertas del Mercadona de Vic. Denunciaron que arrastran los precios a la baja, que funcionan como un cartel, que las grandes multinacionales “juegan sucio” con los ganaderos y les obligan a firmar contratos sin tener opciones. Y criticaron a los políticos: el tiempo pasa —en realidad este conflicto se remonta a 30 años atrás— mientras los precios suben y el precio de la leche no para de bajar. “Estamos sufriendo un esclavismo”, resumió el responsable del sector lechero de Unió de Pagesos, Marc Xifra. 

En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó con 88,2 millones a diez empresas —Pascual, Puleva, Lechera Galicia, Lácteas de Cataluña, Danone, Nestlé, Peñasanta, Lactalis Iberia Lácteas de Granada y Schreiber Food—, la industria láctea recurrió la sentencia ante la Audiencia Nacional. Miles de ganaderos han solicitado a la industria una indemnización por un porcentaje de lo facturado entre 2000 y 2013 debido al perjuicio que les causó que pactaran los precios. 

“Hasta ahora el precio se establece desde el final (la venta al público) hasta el productor. Sabemos que modificar esto tiene muchas resistencias y críticas, pero es necesario. La distribución tiene tanta fuerza de arrastre que si se vende a pérdidas en el último eslabón es el productor quien lo acaba pagando. Los productos reclamo producen distorsiones muy importantes en el precio. Producir comida es estratégico y defender al productor también lo es”, añade Montse Cortiñas (UPA).

Pau Barnés, el ganadero que pierde 2.100 euros al mes, explica que en 2014 dejó su profesión de luthier para hacerse cargo de la granja familiar. Tenía ahorros y pidió una subvención de 20.000 euros a fondo perdido para mejorar la explotación con la compra de un robot nuevo y la instalación de placas solares. Desde 2014, nunca se ha imputado un sueldo. Ha vivido de los 20.000 euros y ha tirado de ahorros. “Soy una persona modesta y no gasto en nada extraordinario”, asegura. En la granja, “el día a día” lo viven de las pensiones de sus padres jubilados. No planea el futuro con su pareja por no poder pagar un alquiler. Los beneficios que ha obtenido en estos años los ha invertido en la modernización de las instalaciones, un crédito que sigue pagando. No espera tener más animales, sino que estos vivan en condiciones dignas y él también. “El problema no es mi granja, la eficacia que tengo con 65 vacas es muy alta. Yo debería poder vivir de ella, como muchas otras granjas”, asegura.