Crisis financiera
El fin del dinero barato y el desmantelamiento del Estado social

Desde la crisis financiera desencadenada en el año 2007, la política de desmantelar los servicios públicos es una tendencia que parece imparable. En este artículo se trata el caso del Estado español. Primero se trata su origen, en segundo lugar se analiza la situación actual de calma chicha propiciada por el dinero prestado por el Banco Central Europeo y en tercer lugar las consecuencias que tendrá previsiblemente el enorme endeudamiento que está acumulando el estado español.

El origen: la crisis de 2007

Tras la introducción del euro en el año 2002, la banca europea apostó por el crecimiento infinito del sector residencial y turístico del Sur de Europa. Sin embargo, el estallido de la burbuja en 2007 provocó que la banca mediterránea se fuese desmoronando como un castillo de naipes. Debido a la magnitud de lo que los inversionistas europeos habían invertido en nuestro país, la quiebra del sistema financiero español les hubiese arrastrado hacia su propio hundimiento.

Quizá este fue el motivo por el que las instituciones internacionales presionaron para que el Estado asumiese la deuda bancaria. De esta manera, la sociedad española ha asumido el coste de salvar el sistema financiero francés, alemán u holandés. Este salvamento se ha hecho mediante la subida de impuestos, los recortes en el gasto social y el incremento desmesurado de la deuda pública.

Tras la quiebra de Grecia, los mercados comenzaron a sembrar dudas sobre la capacidad del Estado español para devolver la deuda que este había ido acumulando por haber asumido una quiebra bancaria tras otra. Esta política de despilfarro, que todavía no ha tocado a su fin, generó los ataques especulativos del año 2012, en el que se hizo famosa la prima de riesgo, concepto usado como medida de presión política.

Los países más expuestos a los ataques especulativos, entre los que comenzaba a asomarse Francia, forzaron la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo a prácticamente el 0% y otro tipo de medidas. Entre ellas, el rescate financiero y la intervención de la Unión Europea en el estado español que tuvieron lugar durante 2012.

Aunque tales medidas fueron efectivas para terminar con los ataques especulativos, no fueron eficaces para la sociedad en su conjunto: la economía seguía instalada en la deflación y las cifras de paro eran superiores al 20% en España o en Grecia. La inestabilidad política llegó a su punto álgido en la primavera de 2015 con el referéndum promovido por Syriza y con la victoria de las candidaturas populares en las principales ciudades españolas.

Podemos estar seguros de que nos encontramos cerca del fin del dinero barato proporcionado a la economía española a través de la expansión cuantitativa

Se manifestó así una tendencia política capaz de acceder al gobierno del estado español si no se aliviaba la virulencia de la crisis. Por lo tanto, algo tenían que hacer los poderes de la Unión Europea para preservar el orden político. Con este fin la Unión intervino a través de una de sus principales instituciones: el Banco Central Europeo. Así la Unión Europea optó por una medida que beneficiase a las élites como la expansión cuantitativa o quantitative easing, en su traducción inglesa (QE), que es el motivo de la calma chicha actual.

La expansión cuantitativa o el aluvión de dinero barato para España

El interés de un préstamo depende del riesgo de que el deudor no lo devuelva. Por tanto, cuanto mayor sea el riesgo de que el deudor no devuelva el préstamo, mayor será el interés con el que el banco compensará este riesgo. Para rebajar el riesgo, y por tanto el interés, el Banco Central Europeo decidió comprar a la banca los préstamos concedidos a las administraciones públicas y también a determinadas entidades privadas mediante el programa de expansión cuantitativa (QE).

Estas decisiones de compra se han tomado con total opacidad por el Banco de España, en quien el BCE delegó la selección de los beneficiarios para su territorio. En este sentido, solo se publica la identidad del beneficiario pero no la cantidad, a pesar de que estas compras distorsionan el mercado, ya que alteran la competencia en favor de las entidades beneficiadas.

Entre las empresas beneficiadas hay dieciséis españolas, la mayoría provenientes de las privatizaciones de los noventa. Estos datos quizá se oculten porque revelarían asuntos turbios, por ejemplo las compras de deuda de Redexis Gas, S.A. empresa que era propiedad de Goldman Sachs, entidad plenipotenciaria de la que el propio Mario Draghi fue vicepresidente en Europa.

El objetivo de los QE era inundar el sistema financiero de dinero, ya que la banca al liberarse de los préstamos concedidos a las administraciones públicas y a otras compañías, supuestamente, concedería nuevos créditos al sector privado. Del mismo modo, ya no sería tan atractivo prestar dinero a las administraciones públicas porque los intereses fijados eran artificialmente bajos.

El crecimiento de los precios de la vivienda y la —endeble— recuperación de la economía española desde 2015 provienen de esta política monetaria, por la que el Banco Central Europeo a través del banco de España ha comprado 235.000 millones de euros de deuda pública española.

El fin del dinero barato

Una de las promesas de Trump era reflotar la industria de EE UU Para ello ha devaluado el dólar. Con un dólar más barato los productos made in USA resultan más económicos y por tanto, EE UU vende más fuera de sus fronteras al tiempo que reduce sus importaciones.

A su vez, el petróleo se comercializa en dólares, por lo que si baja el dólar, los países productores de petróleo deben subir el precio al que venden el petróleo para mantener sus ingresos. Ingresos que son necesarios para preservar la estabilidad política en sus países, muy dependientes de las importaciones. La subida de precios del petróleo conlleva un incremento generalizado de los precios en Europa, porque esta es su principal fuente de energía y tiene que importarla casi en su totalidad.

Por su parte, los QE también hacen que suban los precios, ya que la banca dispone de más dinero para conceder préstamos. Esto se produce porque al incrementarse los préstamos, se incrementan los precios ya que hay más compradores. Este fenómeno se plasma perfectamente en el sector de la vivienda, donde se puede constatar la aparición de una nueva burbuja.

La suma de estos factores provoca la subida general de los precios, es decir, la inflación. La inflación hace que la banca pierda capacidad adquisitiva porque si hay inflación resulta más barato para los deudores devolver los préstamos contraídos con interés fijo, afectando también a los préstamos con interés variable y, por tanto, perjudicando gravemente a la banca. Y la Unión Europea ha demostrado que puede tolerar cualquier cosa menos esa.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta por un lado que el principal acreedor europeo son las entidades financieras alemanas y, por el otro, que Europa poco puede hacer para bajar el precio del petróleo, podemos estar seguros de que nos encontramos cerca del fin del dinero barato proporcionado a la economía española a través de los QE.

¿Cómo nos afectará el fin de los QE?

Sabine Lautensläger representante de Alemania en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo manifestó acerca de los QE que “han servido para comprar tiempo, pero no han arreglado las causas estructurales de una recuperación económica endeble”. Y es que, durante este tiempo prestado por la Unión Europea con el fin de acometer reformas estructurales, el estado español se ha endeudado de manera masiva mientras la sociedad ha estado mirando hacia otro lado.

Desde los centros de poder de la Unión Europea se considera que ya se ha concedido el tiempo suficiente para que las economías de los países mediterráneos hayan implantado las reformas que consideraban necesarias

La deuda pública ha pasado de 440.000.000.000 de euros en 2007 a 1.158.379.000.000 en febrero de 2018. Es decir, casi se ha triplicado en una década. Para hacernos a la idea, hoy cada residente en España tocaría a una media de 25.000 euros de deuda pública, sea menor de edad, pensionista o directivo de Amazon.

Esto sin contar las enormes deudas de las empresas españolas, en particular, de las multinacionales (2,5 veces el PIB) ni los préstamos que haya contraído cada cual.

Les pido que hagan un ejercicio muy simple: cuando salgan a la calle, observen a las personas con las que se crucen y, tras ello, plantéense si esta deuda se puede devolver. A mí me parece que no, lamentablemente.

Por otro lado, la recuperación ficticia de la economía española depende del petróleo y del dinero barato. Por lo tanto, conforme vaya subiendo el precio del petróleo, cualquier subida de los tipos de interés del BCE, por nimia que pueda parecer, tendría unos efectos devastadores para la economía española.

Por esto, está previsto que la eliminación de los QE se haga teniendo en cuenta que la recuperación económica ha sido meramente artificial. Una subida brusca de los tipos de interés llevaría a los actores de la economía española a la posibilidad de no poder afrontar el pago de sus deudas y, por tanto, a otra crisis grave. En este sentido, Draghi ha manifestado que la eliminación de los QE se haría conforme se vaya incrementando la inflación hasta llegar el 2%. En otras palabras, que la eliminación de los QE será paulatina e irá acompasada a la subida de los precios del petróleo.

El futuro: las consecuencias del fin del dinero barato para el estado español

La subida de los intereses está al caer. Desde los centros de poder de la Unión Europea se considera que ya se ha concedido el tiempo suficiente para que las economías de los países mediterráneos hayan implantado las reformas que consideraban necesarias. Pero, a pesar de la propaganda oficial, la deuda de España no ha hecho sino aumentar irresponsablemente durante el gobierno de Rajoy. Este ha optado por hipotecar el futuro del país para consolidar la posición de un partido atenazado por la corrupción.

Por otro lado, el marco legal europeo no deja lugar a dudas: en 2011 se consagró la primacía de los acreedores frente a la democracia mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución. Son ellos quienes tienen la prioridad de cobrar por encima de las necesidades y de las decisiones de la ciudadanía.

Por lo tanto, cuando esta subida de tipos de interés se produzca, el gobierno tendrá que equilibrar sus cuentas bajo la presión de los fondos especulativos. Quienes con certeza desencadenarán otra tormenta en la que aumentarán los intereses de las deudas españolas.

En este punto aparece Ciudadanos, un partido aupado por las élites financieras a través de algunos medios de comunicación que manejan a su antojo. A este respecto, conviene tener en cuenta que el Partido Popular cuenta con una importante autonomía que proviene de la victoria de sus ancestros en la Guerra Civil, verdadero hecho constituyente del régimen español, lo que le permite controlar los poderes del estado.

Su autonomía puede llevarle a no adoptar medidas impopulares que demanden las élites financieras, cuando las consideren perjudiciales para sus intereses electorales. Un ejemplo de esto sería la rebaja de las pensiones de jubilación, a la que el Partido Popular es renuente. Sin embargo, en el caso de Ciudadanos su posición sería mucho más endeble, puesto que es evidente que las élites podrían defenestrar a este partido del mismo modo que lo han promovido.

Nos encontramos ante una encrucijada en la que se está jugando el desmantelamiento del estado del bienestar. Debido al endeudamiento que se ha alcanzado y a los límites en la política económica establecidos por la Unión Europea, la única alternativa para evitar la descomposición del sistema público es una subida importante de los ingresos fiscales cuya aportación debería provenir de quienes tengan más capacidad para ello.

Las instituciones neoliberales han fomentado la evasión fiscal, verdadera clave de la globalización. Por ejemplo, la Unión Europea, diga lo que diga, promueve esta evasión, pues de otra manera no se explicaría su connivencia con que algunos de sus miembros como Luxemburgo u Holanda hayan establecido regímenes fiscales mediante los que las multinacionales eluden sistemáticamente el pago de impuestos.

El resultado de esta política neoliberal en España es un sistema fiscal regresivo, basado en la recaudación sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo. Esto es, el IVA, que paradójicamente no ha dejado de aumentar durante los últimos años, a pesar de la bajada del consumo y, por tanto, del incremento del paro. Sin un sistema fiscal progresivo, donde quienes más ganen o tengan sean quienes más aporten, el estado de bienestar no puede tener lugar.

Es así de simple. Pero, como dice el inspector de hacienda Raúl Burillo, la política la fiscal ha sido única en España durante el bipartidismo; daba lo mismo quien gobernara, y así, salvo ligeros matices, con todos los ejes de las estructuras económicas del país.

Dado que el principal partido de la izquierda, Podemos, parece irremediablemente instalado en la banalidad, sería más necesario que nunca que alguien enunciase un proyecto político solvente que sea capaz de preservar el estado social, dado que para su desmantelamiento ya han sido designados los ejecutores.