Opinión
Prohibición de redes para menores de 16 años: mala enfermedad, peor remedio

El Gobierno de España podría presionar en Bruselas para que se apliquen con más diligencia las regulaciones que ya obligan a las redes sociales a evitar que ocurran acciones ilícitas en ellas. O podría escuchar a la comunidad científica que investiga sobre salud mental adolescente para conocer sus múltiples causas y combatirlas. O redoblar esfuerzos en alfabetización digital crítica, o tomarse de una vez en serio la creación de infraestructura tecnológica pública... Pero, en su lugar, prefiere apostar por medidas de gran resonancia mediática que pueden acabar con la privacidad de toda la ciudadanía, y excluir a parte de la juventud de la sociedad.

Aunque fuera previsible, la decisión de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años anunciada por Pedro Sánchez ayer resulta decepcionante. Que España se sume al itinerario marcado por países como Australia, Reino Unido o Portugal confirma la falta de imaginación de gobiernos que llegan años tarde para abordar las realidades digitales, y el abandono por parte de las democracias liberales de las ideas que debería defender como su núcleo.

Un problema desenfocado

Prohibir las redes a menores es una medida que ha ganado popularidad alrededor de la razonable preocupación por la salud mental de las personas más jóvenes. Pero no está claro que se trate de una solución, o siquiera un alivio. En un estudio reciente, en el que se preguntó a 120 especialistas globales, el 93,7% señalaron que la evidencia disponible es insuficiente para valorar la afirmación de que “imponer y garantizar una edad mínima de 16 años para abrir cuentas en redes sociales beneficiaría la salud mental de los adolescentes en general”. Es decir: no se sabe.

Lo que sí se sabe es que el apoyo a esta medida ha crecido al calor de best sellers que despiertan serias dudas. El mayor ejemplo es La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, un propagador de pánico moral que acompaña sus ataques a las redes con teorías tan nocivas como que hacen que los niños se “vuelvan” trans “por contagio”. Haidt tiene un largo historial de deshonestidad intelectual, sirve como ejemplo un artículo en el que utilizó el estudio que citamos en el párrafo anterior desfigurando los datos para apoyar sus teorías.

Si realmente queremos apoyar el bienestar joven, antes de prohibir las redes sociales, podríamos, por ejemplo, prohibir los desahucios, la pobreza infantil y la cisheteronormatividad

Es cierto que la ansiedad y la depresión juveniles diagnosticadas aumentaron más o menos al mismo tiempo que se generalizó el uso de las redes, entre 2010 y 2015. Pero en esos años ocurrieron otras cosas, como que la crisis económica empujó a muchas familias a situaciones agobiantes de precariedad, y que en EEUU (país donde se originan muchos de estos estudios) empezaron a hacer revisiones de salud mental a toda la población adolescente.

No solo es que la llegada de las redes sociales no fuera lo único que pudo correlacionar con el empeoramiento de los datos sobre salud mental joven, sino que, como es sabido, correlación no es lo mismo que causalidad. Es decir, que dos cosas ocurran a la vez no indica inequívocamente que una cosa sea causa de la otra. Cabe preguntarse, incluso, si puede ser al revés: que sean los problemas psicológicos los que lleven a aumentar el uso de redes. Y cuando observamos estudios longitudinales, que siguen el uso de redes y el estado mental a lo largo del tiempo, esta opción parece ser la correcta: las personas jóvenes que sufren depresión utilizan más las redes sociales.

También sabemos que hay jóvenes para quienes el efecto de las redes es neutro, o positivo. Pensemos en personas LGTBIQA+, neurodivergentes, racializadas o con otras diversidades, que encuentran comunidad, apoyo y espacio para la creatividad en las redes. Pensemos, además, en lo necesaria que es esta válvula de escape si se encuentran en entornos sociales o familiares hostiles. 

Podemos enrocarnos en un sinfín de estudios que arrojan conclusiones en distintos sentidos, pero cuando observamos metaanálisis, que recopilan y analizan un gran número de investigaciones y que excluyen aquellas que utilizan métodos dudosos, la balanza nunca se inclina del lado más tecnofóbico. Por ejemplo, este sugiere que el tiempo frente a las pantallas explica solo el 0,5% de las variaciones en la salud mental. Si realmente queremos apoyar el bienestar joven, antes de prohibir las redes sociales, podríamos, por ejemplo, prohibir los desahucios, la pobreza infantil y la cisheteronormatividad.

Problemas para todas las edades

Lo que también sabemos, y está ampliamente documentado, es cómo están afectando las redes al debate público. Los algoritmos de recomendación de estas plataformas tienen la capacidad de distorsionar nuestra percepción de la realidad según criterios opacos, controlados por unas pocas empresas que acumulan demasiado poder. Están diseñados para atraparnos y explotan especialmente nuestros miedos y vulnerabilidades con contenido altamente emocional. Otras decisiones de diseño, como el scroll infinito y los patrones oscuros, también están pensadas para robarnos agencia y maximizar el negocio de los datos (negocio que, como también demuestra la evidencia, cada vez está más entrelazado con la guerra y proyectos políticos autoritarios).

Ante el “salvaje oeste digital” —así lo llamó Sánchez ayer—, la sociedad civil lleva dos décadas pidiendo regulación. En este marco, suena muy bien la idea de responsabilizar legalmente a los directivos de las plataformas por tolerar ilegalidades, y por manipular los algoritmos. Suena tan bien como poco probable: buena suerte intentando sentar en un banquillo madrileño a algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo, o probando ante un juez que un algoritmo está diseñado con mala voluntad. Ya lo intentó la Ley Rider, aprobada en 2021, y todavía estamos esperando que Glovo & co rindan cuentas sobre sus algoritmos.

Que sea difícil legislar no significa que no se legisle, claro, pero tendría más sentido aspirar a que la Comisión Europea lo haga de manera más efectiva y decidida. Europa ya cuenta con un cuerpo regulatorio abultado —las leyes de servicios digitales (DSA), mercados digitales (DMA), protección de datos (GDPR) e inteligencia artificial (AI Act), cuanto menos— y resulta difícil de creer que el Gobierno de España pueda conseguir mucho más por esa vía. De hecho, ayer mismo, el portavoz europeo para asuntos digitales ya recordó a Sánchez que la competencia sobre grandes plataformas es suya y que los países miembros no pueden imponer obligaciones adicionales. Lo que sí puede hacer Sánchez, o podía haber hecho, era acelerar la transposición de estas leyes, que es una labor en la que no se caracteriza por su rapidez (España está a la cola).

Resulta difícil creer que independizarse de grandes tecnológicas estadounidenses sea una prioridad cuando las instituciones públicas españolas siguen regando con miles de millones cada año a Google, Microsoft y Amazon

Todavía llega mucho más tarde a una línea de acción más constructiva: la promoción y el desarrollo de alternativas digitales europeas y democráticas. Resulta difícil asimilar que Sánchez afirme “defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera” mientras su Gobierno no ha sido capaz de dejar de usar X como medio principal de difusión rápida, o de abrir cuentas oficiales en una alternativa europea (y libre, y descentralizada) como Mastodon. Resulta difícil creer que dejar de depender de grandes tecnológicas estadounidenses sea una prioridad cuando las instituciones públicas españolas siguen regando con miles de millones cada año a Google, Microsoft y Amazon para contratar su infraestructura digital. Y resulta sintomático que en el paquete de medidas para salvarnos de las redes sociales corporativas no haya ninguna destinada a que tengamos espacio digital público donde refugiarnos.

Lo que arriesgamos es mucho más de lo que ganamos

Según ha adelantado el Gobierno, para controlar que ninguna persona menor de 16 años utilice redes sociales, se van a implementar controles basados en el eIDAS, el reglamento europeo que prevé la creación de un sistema digital de autenticación durante este 2026. En otras palabras, habrá que entrar a las redes con un equivalente al DNI en la mano. Nuestros perfiles sociales, con su historial de mensajes e interacciones, quedarán ligados a nuestra identidad personal y legal. Nada puede salir mal. (Es ironía).

Nos parece insólito tener que poner la alerta en lo delicado que resulta que plataformas tecnológicas manejen registros de datos personales, conversaciones íntimas y preferencias políticas vinculados a nuestra identidad real. En la historia reciente de Europa tenemos episodios de los que aprendimos que es preferible no generar ciertas bases de datos que podrían usarse para control y discriminación gubernamental. La iniciativa suena especialmente temeraria en una época en que estamos viendo gobiernos en manos de la ultraderecha, otros en riesgo de caer en ella, y un presidente de EEUU utilizando el monitoreo de redes sociales como una de las armas en su guerra contra las personas migrantes.

Vincular nuestra identidad real a nuestra actividad online no solo nos hace vulnerables ante gobiernos: ese registro es una base de datos demasiado jugosa para todo tipo de agentes, que además cuentan con sistemas de inteligencia artificial cada vez más potentes para automatizar intentos de robo, extorsión, acoso, manipulación electoral, etc., a escala asustadoramente masiva. Nos dirán que las plataformas digitales estarán obligadas a aplicar los más sofisticados protocolos de seguridad, pero la historia de internet también nos ha enseñado que el único dato completamente seguro es el que no está guardado en ningún sitio.

Puede que el mayor de los riesgos sobre la mesa sea el de pensar que con prohibir ya hemos hecho algo para poner fin a los problemas de las redes sociales y de las infancias

Si, como hemos explicado arriba, es probable que estemos sobredimensionando el papel de las redes sociales en los malestares que sin duda afectan a la población más joven, exponer a estos riesgos al 100% de la población resulta desproporcionado. Además, puede que el mayor de los riesgos sobre la mesa sea el de pensar que con prohibir ya hemos hecho algo para poner fin a los problemas de las redes sociales y de las infancias. El riesgo de que el Gobierno tache esta tarea de su lista de pendientes y se anote otro tanto mediante golpes de efecto mediático, gracias a declaraciones brillantes y afortunados intercambios de tuits con el supervillano Musk. Sánchez dijo que todo esto es para proteger a la juventud “del salvaje oeste digital”. ¿Quién va a protegernos de la salvaje ala oeste de la Moncloa?