Derechos Humanos
Amnistía Internacional acusa al Estado de no investigar casos graves de violación de los derechos humanos

El informe anual de esta organización de derechos humanos denuncia “la persistente falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado español”.
CETI Melilla
Solicitante de asilo en situación de calle tras haber sido expulsado del CETI. Foto: Alba Domínguez Pena

España no se salva de la deriva “autoritaria” y punitivista que corroe el Estado de derecho en todo el mundo, según el último informe anual de Amnistía Internacional, hecho público este 24 de abril. No se trata solo de la vulneración de los derechos humanos de miles de personas en los últimos años, achacables a distintos órganos judiciales o fuerzas de seguridad del Estado, sino de una tendencia que se repite en buena parte de los casos reseñados por el informe: la negativa a investigar y —por lo tanto juzgar y condenar si corresponde— a los responsables.

La “principal preocupación” de esta organización con respecto a España, sostienen en el informe La situación de los derechos humanos en el mundo, “es la persistente falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado”. La impunidad ante estos hechos, continúan, “no sólo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no obtengan justicia y reparación”.

La impunidad ante estos hechos “no sólo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado”

Es el caso del abandono y de la muerte en las residencias de miles de personas mayores durante la pandemia del covid-19, un caso que cuatro años después “sigue sin investigarse efectivamente”. Según afirma AI, después de la muerte de 35.000 mayores, “el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del Estado”.

Tal como denunció esta organización en enero de 2023, la Fiscalía ha archivado el 90% de las causas abiertas por las actuaciones de las residencias y las administraciones responsables de unas muertes que podrían haberse evitado. Amnistía documenta una “tendencia generalizada a la opacidad y al abandono” por parte de las autoridades, que “han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada” las vulneraciones sufridas por las personas mayores.

“La lentitud y el archivo de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos, o el hecho de que no se inicien siquiera, también contribuyen a perpetuar este clima de impunidad. Esto no solo impide que las víctimas obtengan la justicia y la reparación que merecen, sino que también erosiona el Estado de Derecho”, apuntan desde Amnistía.

Amnistía identifica una “tendencia generalizada a la opacidad y al abandono” por parte de las autoridades, que “han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada”

Similar patrón de impunidad y opacidad se repite, según denuncia este informe anual, en la vulneración de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Esta organización que agrupa a diez millones de personas critica la inacción del Gobierno y su negativa a investigar de forma “exhaustiva e independiente” la muerte de 37 migrantes en Melilla en junio de 2022 así como la expulsión de cientos de personas de forma ilegal durante la operación. En diciembre de 2022, recuerdan, la Fiscalía General cerró el caso amparando la actuación de la policía.

Además de la falta de voluntad por esclarecer los hechos, desde Amnistía denuncian el cierre de los canales formales para hacer efectivo el derecho a asilo. Según el Consejo de Europa, existe una “falta de acceso a un procedimiento ágil y efectivo de asilo en todo el país”. Lo habitual, sostienen en el informe, es tener que esperar seis meses hasta la primera entrevista, tiempo en el cual los migrantes se exponen a ser expulsados. La vulneración de los derechos de los migrantes también se repite con los menores no acompañados que llegaban a las Islas Canarias, que fueron detenidos junto con personas adultas y “no recibían la suficiente protección”. 

Entre las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes que llegaron a Canarias en 2023, Amnistía Internacional ha documentado una sistemática falta de información sobre sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo, así como una ausencia de asistencia letrada y de acompañamiento legal “de calidad”. Entre los “problemas estructurales a los que las autoridades no han dado solución”, se suma la situación de los niños y niñas no acompañadas a “quienes las policía no identifica” y son detenidos y enviados a centros para personas adultas. Pese al aumento sostenido de las llegadas, la falta de infraestructuras básica para la recepción de migrantes, especialmente en la isla de El Hierro, sigue siendo una constante. “Parece que el Ministerio de Interior se empeña en seguir improvisando respuestas caóticas a estas situaciones, aunque se hayan llevado a cabo algunas mejoras a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", señalaba Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional España, el pasado noviembre. La falta de asistencia legal es otro de los problemas graves denunciados: ninguna de las personas migrantes entrevistadas por esta organización contó con ella durante las semanas en las que duró la crisis migratoria. 

Entre las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes que llegaron a Canarias en 2023, Amnistía Internacional ha documentado una sistemática falta de información sobre sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo

La falta de interés por investigar las violaciones de los derechos humanos también se evidencia en las vulneraciones al derecho a la privacidad y diversos casos de espionaje en el que están implicados los servicios secretos y el llamado “Estado profundo”.

En mayo de 2023, una investigación del Parlamento Europeo confirmó que el programa espía Pegasus había sido utilizado por la inteligencia española para espiar los móviles de 65 periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad civil catalana. Según denuncia AI, no ha habido avances en las 13 demandas por el uso de este software espía presentadas en España. En julio, la Audiencia Nacional argumentó el cierre provisional de la investigación por el uso de Pegasus contra el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior por la falta de cooperación de Israel, país encargado de la fabricación del software. Este 23 de abril, la Audiencia reabría el caso después de recibir información de Francia.

Amnistía Internacional también afea al Gobierno español no haber hecho nada después de las investigaciones realizadas por medios de comunicación —en referencia a la Directa y El Salto— sobre la infiltración de agentes de policía en diversas organizaciones sociales “empleando relaciones íntimas y sexuales como tapadera”. Interior se escudó para ello en que eran “actividades de inteligencia autorizadas por el Gobierno” y que permanecían clasificadas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales. 

Una vez más la falta de investigación se repite en el apartado del informe dedicado al uso excesivo de la fuerza. En concreto, Amnistía Internacional denuncia que ningún mosso d’Escuadra ha sido acusado tres años después de que la policía autonómica haya matado a un hombre con varias descargas eléctricas de una pistola Taser en Badalona, “incluso cuando ya había sido inmovilizado”.

El abuso de armas menos letales por parte de las fuerzas de seguridad es otro de los motivos de preocupación del informe. Entre los ejemplos citados, figura la represión con balas de gomas de las movilizaciones de los trabajadores del metal en Vigo, realizadas en julio del pasado año, que dejó un hombre herido. El informe de esta ONG Me estalló el ojo (2023) documenta en los últimos 20 años un fallecido y 24 heridos por el uso de balas de goma, 11 de ellos con lesiones oculares graves. El uso de estas armas menos letales, recuerdan desde Amnistía, también jugó un papel clave en la muerte de 15 migrantes que intentaban llegar a las playas de Tarajal en 2014 o en la muerte de 37 migrantes en Melilla en 2023.

En 2023 se siguieron imponiendo multas por faltas administrativas de “imprecisa definición”, como “falta de respeto” o “desobediencia o resistencia a la autoridad”. La Ley Mordaza del PP sigue intacta

Esta organización internacional de derechos humanos también critica en su informe anual el “uso indebido” de la Ley Mordaza para “limitar en exceso la libertad de expresión de manifestante y periodistas”. Aunque las cifras son mejores que en 2022, explican, en 2023 se siguieron imponiendo multas por faltas administrativas de “imprecisa definición”, como “falta de respeto” o “desobediencia o resistencia a la autoridad”. Pese a las promesas electorales, la Ley Mordaza del PP sigue intacta.

La falta de transparencia y las trabas para la justicia se ven apoyadas, defienden desde Amnistía, por la Ley de Secretos Oficiales, una ley franquista de 1968 todavía vigente, que “sigue impidiendo la investigación y el acceso a la justicia en materia de derechos humanos”. Esta ley, que clasifica como secreto información de interés público como las armas españolas vendidas a países como Arabia Saudí o Israel “ampara la opacidad y dificulta el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos, perpetuando la impunidad y la falta de transparencia”. Reformarla “sería un buen punto de partida para demostrar un compromiso real con los derechos humanos”.

La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha descrito un “sombrío panorama de alarmante represión de los derechos humanos y frecuente infracción internacional de las normas establecidas”

Entre los aspectos positivos reseñados por esta ONG que agrupa a más de diez millones de personas alrededor del mundo, destaca la mejora de la ley que mejora el acceso al aborto legal para las mujeres mayores de 16 años, la aprobación de la ley Trans o algunos aspectos de la Ley de Vivienda.

Sin embargo, estos “logros”, sostienen, se ven empañados “por un riesgo real de que se conviertan en papel mojado si no se toman medidas concretas para su implementación efectiva”. En concreto, reseñan las trabas que se están encontrando muchas de estas leyes por parte de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. “La falta de acción en este sentido podría convertir estos avances legislativos en meras declaraciones de intenciones sin impacto real en la vida de las personas”, resumen.

A las puertas de una era sombría

Las perspectivas globales de este informe que cubre la situación de los derechos humanos en 155 países hablan de un “momento decisivo” en el que la escalada de conflicto puede desencadenar el “colapso del derecho internacional” y el “colapso del Estado de derecho”, este último acelerado por los avances sin control de la inteligencia artificial, la vigilancia masiva y los programas de software espía.

La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha descrito un “sombrío panorama de alarmante represión de los derechos humanos y frecuente infracción internacional de las normas establecidas”, todo ello en un contexto de “desigualdad global creciente, superpotencias que compiten por la supremacía y agravamiento de la crisis climática”. 

El informe anual de amnistía califica lo ocurrido este año de “traición a los principios de derechos humanos”, especialmente a raíz del genocidio iniciado por Israel en Gaza y la complicidad de los tradicionales aliados de Tel Aviv en occidente, entre ellos España, que siguió vendiendo armas a Israel después de iniciado el genocidio a pesar de sus declaraciones en sentido contrario. 

Entre los riesgos para la libertad y los derechos humanos en el mundo, destaca la instrumentalización de la tecnología para “generar odio, división y discriminación”, una tendencia en alza, según Amnistía Internacional, que utiliza a mujeres, personas LGTBI, migrantes y comunidades marginalizadas como “chivos expiatorios”. Además del uso de las nuevas tecnologías para azuzar el odio contra estas comunidades, el informe señala el auge de técnicas de control social a través de las nuevas tecnologías. En Argentina, Brasil, India o Reino Unido se han utilizado cada vez más tecnologías de reconocimiento facial para controlar protestas públicos y “discriminar a comunidades marginadas”, especialmente a las personas migradas y refugiadas. En Estados Unidos, gracias a una demanda de Amnistía Internacional se hizo público que el Departamento de Policía de Nueva York utilizaba este tipo de tecnología para vigilar las protestas de Back Lives Matter en la ciudad.

Las millones de personas que huyen de estos conflictos se están encontrando con una fronteras cada vez más controladas por “tecnologías de externalización, técnicas biométricas y sistemas algorítmicos de toma de decisiones”

La proliferación de conflictos, guerras y las consecuencias de la crisis climática están aumentando la presión migratoria. Y las millones de personas que huyen de estos conflictos se están encontrando con una fronteras cada vez más controladas por “tecnologías de externalización de fronteras, técnicas biométricas y sistemas algorítmicos de toma de decisiones” que perpetúan y refuerzan la discriminación, el racismo y “la vigilancia desproporcionada e ilegal” contra los migrantes. 

“Hay un enorme abismo entre los riesgos del avance descontrolado de las tecnologías y el nivel que tenemos que alcanzar en materia de regulación y protección. Es el futuro que nos espera y no hará más que empeorar si no se limita la proliferación desenfrenada de tecnología no regulada”, ha señalado Callamard.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Migración
Derechos Humanos Sin agua, sin luz y bajo plásticos: miles de trabajadoras siguen viviendo en los asentamientos de Huelva
Miles de trabajadores migrantes viven en los asentamientos en las zonas freseras de Huelva sin luz, agua, servicio de limpieza y sin otra alternativa habitacional
Tribuna
Tribuna La mediación como alternativa al castigo penal
La mediación es una técnica de intervención en el proceso judicial que parte de reflexiones parecidas a estas: ante todo, pretende minimizar el dolor en los ciudadanos que acuden a los juzgados y devolverles el protagonismo que merecen.
RamonA
24/4/2024 15:27

El rapapolvo al PXXE, al gobierno y, sobre todo, a su ministro de Interior, Marlaska, es para hacer pensar en la inutilidad del socioliberalismo para la clase trabajadora y las mayorías sociales; para eso ya está el Ppodrido.

Según el informe de AI los avances producidos están ligados al socio minoritario del anterior gobierno de coalición, sobre todo a Podemos, ese partido que tanto ruido hacia y que había que destruir. ¿Harán autocrítica las formaciones políticas y los medios sicarios y “progres” que tan generosamente contribuyeron con sus ataques? No lo harán.

2
0
Sirianta
Sirianta
24/4/2024 12:56

Mientras que millones de personas sigan tirando sus votos a las sucias fauces del PSOE en cada elección, por considerarlo un partido de izquierda, no hay posibilidad de cambio para este país. El PSOE es el mayor responsable del mantenimiento del modelo corrupto y podrido del franquismo hasta nuestros días y el obstáculo más inmenso frente a las personas que soñamos con un país más justo y hospitalario.

3
0
pipe49
24/4/2024 8:48

Antes de que se le echen encima a Grande Marlaska, recordar que el señor que le nombró, le mantiene en el cargo y dirige la política general del Gobierno es un tal Pedro Sánchez (Psoe).

5
0
Xunta de Galicia
Investigación A empresa vinculada ao PP que fixo o informe sobre a AP-9 levou 620.000 euros en contratos a dedo da Xunta
O Goberno de Alfonso Rueda elixiu a Eptisa entre 2018 e 2022 para máis de 96 encargos sen concurso público. Esa consultora traballa para Audasa, concesionaria da autopista do Atlántico, e tivo como alto cargo ao exconselleiro Tomás Pérez Vidal.
Congreso de los Diputados
Congreso ¿Por qué España debe computar las condenas de los presos de ETA en Francia?
Por derechos humanos, para evitar que Europa aperciba a España o porque, como reconoce Grande-Marlaska, la transposición de la directiva se realizó de modo “no correcto”. Hay presos que cumplen dos veces castigo por el mismo delito.
Opinión
Opinión Recuperar Samil non era isto
Pouco queda do proxecto orixinal para a recuperación do ecosistema dunar da praia máis grande de Vigo e as actuacións que se están desenvolvendo van na dirección contraria, ignorando os indicadores da emerxencia climática en favor da urbanización.
Culturas
Jumko Ogata “Nuestros activismos también se tienen que nutrir de las propuestas de sanar traumas colectivos”
Jumko Ogata Aguilar traduce uno de los libros más populares de bell hooks como puente entre las formas de organización de las mujeres negras en Estados Unidos y los espacios de mujeres negras y racializadas en el mundo hispanoparlante.
Austeridad
Reglas fiscales ¿Tenemos un plan para la gente y las futuras generaciones?
VV.AA.
Si el Gobierno aspira a una transición ecológica justa completa, también debe asegurar que el gasto público sea coherente a la hora de garantizar derechos e invertir en bienestar.

Últimas

Formación El Salto
Formación El Salto Del Magreb al Golfo Pérsico: ¿cómo informar(se) sobre el llamado mundo árabe?
El Salto Formación trae para octubre el primero de sus cursos orientados a la información internacional. Una propuesta en la que revisaremos de forma crítica cómo (nos) informamos sobre los países árabes y otros estados históricamente relacionados.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda Inquilinos para siempre: el 70% de la población que alquila no cree que pueda comprar o heredar una vivienda
La crisis de vivienda se hace crónica: aumenta la brecha de desigualdad entre inquilinos y caseros, que acumulan viviendas, mientras la población inquilina no tiene expectativas de acceder a la propiedad.
Opinión
Opinión Energías renovables sí, pero no así. Entonces, ¿cómo?
VV.AA.
No nos engañemos, para alcanzar un sistema eléctrico peninsular e insular 100% renovable en 2030, y un sistema energético 100% renovable en 2040, necesitamos más plantas eólicas, más fotovoltaicas y más termosolares.
Opinión
Opinión Recuperar Samil no era esto
Poco queda del proyecto original de recuperación de las dunas de la playa más grande de Vigo y las actuaciones que se están desarrollando van en la dirección contraria, ignorando los indicadores de la emergencia climática en favor de la urbanización.
Comunidad El Salto
Comunidad El Salto Suscríbete a El Salto y llévate ‘El Estado feroz’, el primer libro de Pablo Elorduy
El responsable de Política de El Salto firma este ensayo donde recoge la historia política de las últimas dos décadas y la “restauración del orden tras el estallido de lo inesperado”.
Congreso de los Diputados
Bochorno en el Congreso El PP apela al comodín de ETA para incendiar el debate por la convalidación de penas que apoyó durante meses
La reacción de la derecha ha sido la escenificación total de un bulo, en otro manotazo de ahogado por la presión del sector más radical de su partido y del ecosistema mediático.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda El Constitucional da la razón al PP y a los fondos buitre y deja a miles de familias al borde del desahucio
El alquiler social obligatorio para grandes tenedores sufre un gran recorte después de que el alto tribunal declare inconstitucionales varios artículos de las leyes de vivienda catalanas.
Argentina
Argentina Los estudiantes se rebelan contra los recortes de Milei a las universidad públicas argentinas
Más de 30 centros públicos fueron ocupados esta noche por los estudiantes como rechazo a la votación en la Cámara de Diputados que blindó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.
Huelga feminista
Represión Siete participantes de la huelga feminista del 2018 son condenadas a un año y medio
La sentencia exige a las activistas catalanas más de 26.000 euros de indemnización a la empresa ferroviaria, así como hacer frente a las costas judiciales.

Recomendadas

Laboral
Laboral Las bajas por salud mental de origen profesional se clasifican sistemáticamente como comunes
En 2023, en la Comunidad Autónoma del País Vasco solo constaban 21 bajas por cuadros psicosociales de origen profesional (el 0,01%), informa UGT Euskadi tras pedir el dato a las mutuas.
En el margen
Mayra Ëkatö “En África la comida es unión, es familia, es alegría, es contacto con la Naturaleza, es respeto”
Técnica en farmacia de profesión y originaria de Malabo, esta cocinera explora los distintos sabores en África y los trae a los paladares acompañados de su historia.
Kurdistán
Pueblo kurdo “Las ideas de Abdullah Öcalan y la revolución en Rojava son un faro para la práctica revolucionaria”
En el marco de la campaña “Libertad para Öcalan, una solución política para el Kurdistán”, entre el 1 y el 10 de octubre numerosas acciones a nivel global están exigiendo la liberación del líder kurdo, encarcelado desde 1999.