Derechos reproductivos
Todos los grupos excepto PP y Vox apoyan castigar el acoso de grupos antielección a las mujeres que van a abortar

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes 21 de septiembre la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta fue presentada por el Grupo Socialista y salió adelante con 199 votos a favor, 144 en contra —los del PP y Vox— y dos abstenciones.

La propuesta consiste en una reforma del Código Penal que añadiría un nuevo artículo por el que se castigue con “pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad” a todo aquel que “hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta”.

Además, el artículo establecería que “atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años”. También llamaría a sumar “las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso”.

La diputada socialista Laura Berja justifica su propuesta en el “constante” acoso a los centros y asegura que el 90% de las mujeres cree que se deben tomar medidas ante esta práctica que obstaculiza sus derechos

El grupo socialista justifica su propuesta en el “constante” acoso a los centros donde las mujeres acuden a practicarse una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un acoso que en septiembre de 2019 cuantificaba la campaña #AbortoSinAcoso.

Entonces, la Plataforma Pro Derechos calculaba que unas 8.000 mujeres han pasado por esta situación desde que en 2010 se aprobó la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que permite abortar en las primeras 14 semanas de gestación, aunque aseguraban que la situación se venía produciendo ya desde 1985, cuando entró en vigor la ley que permitía abortar en algunos supuestos. El acoso no es solo hacia las mujeres que acuden a los centros, sino también hacia las y los profesionales que trabajan en ellos.

Trabajadoras de clínicas abortistas: “Hemos aprendido a vivir con el acoso”

Patricia Reguero Ríos

Derechos reproductivos

Trabajadoras de clínicas abortistas: “Hemos aprendido a vivir con el acoso”

Patricia Reguero Ríos

Trabajadoras de centros que practican abortos denuncian el acoso que sufren a las puertas de su centro de trabajo. Huevos podridos, pintadas y cristales rotos forman parte de la cotidianidad en algunos centros. Unas 8.000 mujeres han pasado alguna vez por esta situación que, para algunas trabajadoras, forma parte de su día a día.

Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE y diputada encargada de defender la proposición de ley, arrancaba ayer su defensa de la propuesta con el testimonio de una mujer que había sido abordada por uno de estos grupos que hacen que las mujeres se sientan “acosadas” y amenazadas” cuando acuden a ejercer un derecho y a recibir la prestación de un servicio de la cartera de salud pública.

“Más del 90% de las mujeres creen que deberían recibir ayuda ante este acoso: las mujeres nos están pidiendo ayuda”, decía Berja en referencia a un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI), que en 2018 hizo llegar una queja al Defensor del Pueblo, quien entonces valoró positivamente la propuesta de creación de zonas seguras en torno a las clínicas.

“El acoso, el hostigamiento y las amenazas son sistemáticas, organizadas y planificados con antelación”, explicó Berja en su intervención antes de añadir que en ocasiones se utilizan elementos “macabros” como ataúdes de niños con el objetivo de que las mujeres modifiquen su decisión a través de coacciones. “Las mujeres sufren acoso en las puertas de un centro sanitario”, explicó, algo impensable ante cualquier otro tipo de intervención médica.

Berja destacó que países del entorno como Francia o Alemania ya han regulado zonas de seguridad y existen otros donde se entienden las prácticas de estos grupos —que organizan rezos colectivos en las puertas de los centros o abordar a las mujeres en sus puertas— como un delito de coacción. En Francia está recogido desde 1993 el delito de obstaculización al aborto y en 2017 se amplió a aquellas acciones que pretendan, con información falsa o acientífica, coaccionar la libertad de las mujeres, indicó.

“El reto es proteger a las mujeres del hostigamiento, y lo hacemos diferenciándolo de otros tipos de acoso”, defendió Berja: “A veces van solas y tienen miedo, y veces van solas porque no quieren que nadie sepa que están allí, y tienen derecho”.

ACAI pide más concreción

José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, cree que se ha dado un paso de gigante al reconocer el problema que las clínicas llevan denunciando desde que se aprobó la ley de 2010. En un primer momento, explica, se dirigían a las consejerías de Sanidad, al entender que este hostigamiento les impedía prestar con calidad un servicio a usuarias del sistema público de salud. Ante la inacción de las administraciones sanitarias, trataron de plantearlo ante delegaciones del Gobierno o Policía como un problema de orden público. También han acudido a administraciones locales, al entender que este problema podría abordarse desde la normativa municipal.

Después de ese recorrido de más una década, Bosch entiende que la luz verde a esta reforma supone que “el legislador español ha tomado en consideración un problema, y el camino para la solución de cualquier problema es que se reconozca”, por lo que se muestra satisfecho.

Sin embargo, cree que en el trámite parlamentario deben darse algunas mejoras porque “tal y como está el texto redactado, creemos que no va a ser la solución del problema”. En primer lugar, explica, este tipificación exige la denuncia de la víctima para la persecución del delito al ser un delito de carácter privado—frente a los delitos considerados públicos, que pueden ser denunciados por cualquier persona—.

La redacción incluye algunos flecos que dejan a la libre interpretación del juez el castigo del delito: da a entender que solo es punible si existe una acción grupal y se refiere a un “hostigamiento” que solo puede darse si el acoso se repite en el tiempo

Pero, además, cree que la redacción incluye algunos flecos que dejan a la libre interpretación del juez el castigo del delito. Así, en primer lugar, el texto da a entender que solo es punible si existe una acción grupal —cuando se refiere a que comete el delito quien “hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones”—. Además, Bosch ve problemática la referencia al “hostigamiento”, ya que este concepto exige una acción permanente, que no puede darse ya que la mujer que va a practicarse una IVE no acude de manera repetida al centro.

Sobre la creación de “zonas de seguridad” en torno a los centros, Bosch también cree que hay oportunidad para que esta propuesta sea tomada en cuenta. “Tenemos confianza en que el texto se enriquezca en el trámite”, explica Bosch.

Tramitación parlamentaria

Una vez superado este primer examen parlamentario, el texto será remitido a la Comisión competente y se abrirá el plazo de presentación de enmiendas. En caso de presentarse enmiendas a la totalidad, el texto deberá superar el debate de totalidad ante el Pleno.

Luego la iniciativa continuará su tramitación en Comisión y en Pleno, donde por su carácter orgánico deberá obtener una mayoría absoluta en una votación final de conjunto, en cuyo caso será trasladada al Senado.

Mientras se tramita esta reforma puntual de Código Penal, el Ministerio de Igualdad ha abierto un proceso que pretende culminar con una reforma amplia de la Ley del aborto. Esta reforma abordaría no solo el acoso a las clínicas sino también otras barreras en el acceso al aborto. Además, planea incluir otros tipos de violencia en esta ley, como la violencia obstétrica.