Desahucios
1.723 desahucios en Barakaldo desde el suicidio de su vecina Amaia Egaña, hoy hace 8 años

La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri Otxoak denuncia que “1.723 familias barakaldesas han sido desahuciadas en los últimos 8 años, a una media de cuatro por semana”, desde que su vecina del barrio Desierto, Amaia Egaña, se quitara la vida en el momento en el que iba a ser desahuciada. Justo hoy se cumple el octavo aniversario de su muerte. “La existencia de desahucios no es una casualidad y se debe al recorte económico de prestaciones sociales como las Ayudas de Emergencia Social (AES) y a la inexistencia en Barakaldo de una política real de acceso a la vivienda enfocada al alquiler social”, señala Juan Carlos Becerra, integrante de la plataforma.

A 8 años de la muerte de Amaia Egaña, el colectivo baracaldés sigue combatiendo los desahucios en su localidad y pone el foco en el recorte de prestaciones sociales por parte del gobierno municipal y en el elevado precio de los pisos en Barakaldo. “Sólo así nos explicamos que, después de tanto tiempo, tengamos que seguir movilizándonos, como el pasado martes frente al Palacio de Justicia, para recordar que los desahucios siguen siendo un problema en Barakaldo. Se dan en otras condiciones, eso es verdad, pero siguen existiendo”, explica Becerra a Hordago.

“El 83% de los desahucios en Barakaldo son por impago del alquiler”

Según Berri Otxoak,  el 83% de los desahucios en Barakaldo se produce por el impago de viviendas de alquiler. Para Becerra, “en la anterior crisis los desahucios se producían porque el inquilino no podía pagar el precio desorbitado de su hipoteca”, pero ahora, “las familias o personas que se quedan en la calle proceden de pisos de alquiler y esto se debe a la bajada de su poder adquisitivo y a la precariedad laboral”. El aumento del precio medio de los alquileres en Barakaldo ha pasado de 630 euros al mes en 2012 a 790 euros en la actualidad. Mientras, en el municipio hay 7.628 personas en paro frente a las 3.269 de 2008. 

Ante estas cifras, el colectivo contra la exclusión social exige a las autoridades más recursos para el desarrollo de las viviendas sociales, un mayor presupuesto en la partida de las AES, el cumplimiento del protocolo antidesahucios y el acatamiento de las resoluciones internacionales que garantizan un alojamiento a las familias expulsadas de sus casas. Las excesivas trabas burocráticas que pone el Ayuntamiento de Barakaldo a las personas perceptoras dificultan también su acceso a las ayudas sociales.

“La necesidad no entiende de plazos”

Respecto al incremento de las AES, Juan Carlos Becerra afirma que “el equipo de gobierno ha disminuido la cuantía de cada ayuda para llegar así a más personas, pero en realidad, en global, se da menos dinero”. Además, solicita que se mantenga abierto durante todo el año el plazo de las solicitudes. Este 5 de noviembre el Ayuntamiento ha cerrado dicho plazo hasta febrero del año que viene. “La necesidad no entiende de plazos. Mucha gente se ha quedado fuera”, denuncian. Asimismo, piden también que se eliminen los recortes de estas prestaciones, ya que un 66% se destina al mantenimiento de la vivienda habitual.

Por último, desde Berri Otxoak auguran un repunte de los desahucios a partir de los próximos meses de enero y febrero. “Creemos que en 2021 va a haber un número de desahucios similar al que vimos en la anterior crisis, debido a la precariedad y a la situación socio económica que está ocasionando la pandemia”, advierten.