Desahucios
El ‘desahucio’ que ha acabado con la Escuela Popular de Música de Chamberí

Promociones Algara Gómez comunicó a la veterana escuela el fin del contrato de alquiler para el pasado 30 de junio, con menos de un mes de antelación, y ahora sobrevive ‘ocupando' sin posibilidad de mudanza por los altos costes: “Estamos vendiendo instrumentos para pagar finiquitos”
Escuela Popular de Música y Danza Olavide
Al conocerse la situación de la Escuela Popular, el pasado 3 de julio mucha gente participó en la concentración que se convocó para apoyar a las maestras e intentar que no cerrara esta academia de música con 28 años de historia. Foto: Sindicatos de Inquilinas de Madrid.

La Escuela Popular de Música de Chamberí ha sobrevivido desde 1996 a un par de crisis económicas y hasta a la covid 19. Recién este curso 2023/24 que ha terminado hace apenas unas semanas, de hecho, se acercó a sus cifras de matriculados pre-pandemia, rozando los 400 que antes superaba con holgura. Pero no sobrevivirá, salvo sorpresa, a la especulación inmobiliaria. A finales de mayo, la empresa que había sido arrendataria de su local los últimos 28 años les comunicó que vendía el edificio y debían marcharse. Una sentencia virtual de muerte por el escaso tiempo de reacción para sus fundadoras.

“Estamos vendiendo instrumentos para poder pagar los finiquitos de los profesores. Ahora mismo seguimos abiertos, más o menos ocupas, y como vivo en el barrio bajo el local cuando voy a vender uno”, explica Nydia Molina, copropietaria y cofundadora junto a su socia, Patricia Monasterio, la de Escuela Popular. Un proyecto de educación musical del que han salido cientos de intérpretes profesionales y que ha contado casi 10.000 alumnos en estas tres décadas, considerado un enclave social y cultural del barrio madrileño.

“El anuncio con tan poco tiempo nos ha dejado en cero… o en menos cero. Nos estábamos empezando a recuperar de la pandemia en la que nos gastamos el remanente de tesorería”, dice Nydia Molina, cofundadora de la escuela

“Agradecemos el cariño de la gente del barrio y que esté tan afectada, que lo sientan como algo propio, pero ahora mismo vemos poca solución”, comenta Molina a El Salto Madrid. “El anuncio con tan poco tiempo nos ha dejado en cero… o en menos cero. Nos estábamos empezando a recuperar de la pandemia, en la que nos gastamos el remanente de tesorería que había para no cerrar y mantener al profesorado. Ahora podremos mantener algo de actividad con las extraescolares que impartimos en algunos centros, pero no es algo que dé para que nadie coma de eso”.

El contrato de alquiler finalizó el pasado 30 de junio, pero las clases estaban cerradas hasta el 12 de julio. A través de su abogado, las dueñas de la Escuela han ido pidiendo prórrogas a la propiedad para poder pagar los finiquitos de los profesores. Cuando se les comunicó que se ponía fin al alquiler, el pasado mayo, se les daba poco menos de un mes para marcharse, pero consiguieron mantenerse tras comunicar que les resultaba imposible dejar el local de manera inmediata. 

Tras su petición de ayudas en redes y a través de los medios las pasadas semanas, las relaciones con la propietaria, Promociones Algara Gómez, están rotas, aunque las profesoras creen que “de momento no va a hacer nada, simplemente esperar que nos vayamos, porque no nos queda otra”. 

“Si ya está vendido, ¿por qué no permitirnos contactar con el nuevo propietario e intentar negociar nuestra permanencia? Ya pagábamos un alquiler conforme al de la zona, porque nos lo actualizaban cada dos años”

Lamentan que la propiedad haya llegado a afirmar que debían meses de alquiler. “Lo hemos podido desmentir fácilmente porque están los recibos. La ley está de su parte, no entendemos que necesidad tenía de decir eso”, indican las profesoras. “Además, si ya está vendido, ¿por qué no permitirnos contactar con el nuevo propietario e intentar negociar nuestra permanencia? Ya pagábamos un alquiler conforme al de la zona, porque nos lo actualizaban cada dos años, así que eso no nos da miedo”.

El Salto Madrid no ha podido contactar con la empresa, aunque fuentes cercanas han indicado que la firma se remite a su derecho legal y lamenta, lo que entienden, han sido ataques por parte de sus ya antiguas arrendatarias, a través de la prensa. En el edificio, situado en el número 22 de la calle Trafalgar, apenas quedan unos pocos inquilinos de renta antigua. 

Promociones Algara Gómez lo mantenía en venta en un portal inmobiliario hasta que la Escuela Popular denunció la situación, momento en que se retiró el anuncio. Aunque el Sindicato de Inquilinas de Madrid y las propias afectadas han especulado con que el comprador final sea un fondo de inversión por concretar -algunas fuentes hablan de que ya estaría dispuesto el proyecto de convertir todo en bloque en apartamentos turísticos, uno de las grietas que permite la actual “moratoria” de licencias del Ayuntamiento de Madrid-, ninguna fuente consultada ha podido confirmar este extremo.

“Se nos ha propuesto mantenernos como ‘okupas’. Pero no tiene sentido, no es como alguien que se queda sin casa. Un negocio como escuela tiene que ser legal, ¿qué garantía le ofreces a los alumnos por su matrícula?”, se pregunta Molina

Nydia Molina admite que desde los grupos que han apoyado a la Escuela “se nos ha propuesto mantenernos como ‘okupas’. Pero no tiene sentido, no es como alguien que se queda sin casa. Un negocio como escuela tiene que ser legal, y además, ¿qué garantía le ofreces a los alumnos por su matrícula? No queremos ser un símbolo, sino poder seguir dando nuestras clases en nuestro barrio”.

El concejal del distrito, Jaime González Taboada (PP), se reunió con las responsables de la Escuela Popular y les ofreció locales en alquiler dentro de los que dispone el parque de vivienda municipal, pero fuera de Chamberí. “¿Y qué hacemos con nuestros alumnos? No podíamos aceptarlo porque además ni siquiera estaban claras las condiciones. A efectos prácticos, nos han cerrado”. Aunque querrían convocar más movilizaciones en estas semanas, antes del cierre físico definitivo, lo ven complicado por las fechas veraniegas. 

“La única solución sería una ayuda o alquiler social, que reconozca la importancia de instituciones como la Escuela Popular. Una forma de que pudiésemos afrontar esa inversión inicial”, indica Molina

El principal problema para una hipotética futura mudanza reside en que a una escuela de música no le sirve cualquier local: para obtener los permisos necesarios hace falta insonorización y una serie de requisitos imposibles de afrontar sin una fuerte inversión inicial. “La única solución sería una ayuda o alquiler social, que reconozca la importancia de instituciones como la Escuela Popular. Una forma de que pudiésemos afrontar esa inversión inicial”, indica Molina.

La veterana profesora de música nos comenta que tanto ella como su socia se han registrado ya como desempleadas. Verse en paro, tras más de un cuarto de siglo manteniendo su negocio y superar baches como el de los confinamientos de 2020, era algo que no esperaba. “Me quedo de todo este tiempo con haber visto a tanta gente crecer, tanto amateurs como que han llegado luego a profesionales, el problema es tener que poner fin a todo eso no por ningún problema del propio negocio, sino porque se quiera vender el edificio entero para, no está claro, qué intereses”.

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