Desahucios
Desahucio es un nombre de mujer

Rosi salió del piso en el que vivía con sus dos hijos cuando llevaba ya dos meses sin poder hacer frente al alquiler, hace ahora poco más de dos años. La Renta Básica se había terminado y los trabajos esporádicos como limpiadora no le daban para costear la vivienda y las necesidades mínimas de una niña de 14 años y un niño de 11, por lo que, antes de abusar de la confianza de su casero, en sus palabras, “un buen hombre”, tomó la decisión de recuperar una antigua casa semiabandonada, propiedad de la Junta de Extremadura, en la barriada de Las Moreras, Badajoz. El próximo día 10 de marzo Rosi y sus dos hijos se enfrentan a su posible desahucio.

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Seis madres solteras y otras cuatro familias en situación de emergencia habitacional están alojadas desde el 13 de diciembre de 2017 en uno de los bloques abandonados del Ministerio del Interior en la barriada de Suerte Saavedra, en Badajoz.

“La casa había pertenecido a una pareja de ancianos, pero murieron ya hace años y su hijo, que vivió también aquí, está actualmente en la cárcel”. Humedad en la paredes, puertas y ventanas en un estado lamentable, suciedad incrustada en el suelo y hierbajos en el patio son el preciado botín que Rosi encontró al abrir la puerta, al fin y al cabo, un techo donde vivir. Ahora, una vez restaurada, la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta de Extremadura, María Isabel Moreno, pretende devolver la casa a su legítimo inquilino: nadie. Pero cualquiera sabe que la mejor manera de mantener una casa habitable es, de hecho, que alguien viva en ella.

Ella solo quiere la regularización de una situación que, de facto, ya está normalizada por la vía de los hechos

Para Rosi, sin la ayuda de sus vecinos habría sido imposible resistir a la presión de la Administración, que desde la primera semana de su llegada a Las Moreras no ha parado de intentar un “realojamiento" que nunca se ha cumplido en unas condiciones mínimamente aceptables. “La primera casa que me ofrecieron era un nido de ratas; la segunda estaba habitada por otra gente; la tercera, un piso en la peor zona de la ciudad, inapropiado para dos niños pequeños”. Es el repaso de Rosi a las “alternativas habitacionales” ofrecidas por la Junta, una lista de promesa incumplidas a la que se añade en las últimas semanas una nueva en el bario de La Luneta.

Pero las cartas del juzgado no han dejado de llegar. Siete u ocho son los recursos que ha tenido que presentar con la ayuda de su abogado, dos las acampadas frente a la casa de Fernández Vara, con el que se ha reunido en alguna ocasión y que le ha prometido una solución que no acaba de hacerse realidad. Van ya dos años de insoportable espera. Ella solo quiere la regularización de una situación que, de facto, ya está normalizada por la vía de los hechos. El barrio, cuando está vivo, es un ecosistema capaz de acoger e integrar lo que el sistema fragmenta, aísla y, a menudo, expulsa.  

Rosi, como las “madres de Suerte de Saavedra”, permanece a la espera de que se cumpla la promesa de la Junta de construir 800 viviendas sociales esta legislatura

El de Rosi es solo un ejemplo más de una situación que Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones. En su informe de 2017 La crisis de la vivienda no ha terminado, la organización pro-Derechos Humanos presentaba un escenario macabro sobre la persistencia de los desahucios en el conjunto de España tras casi diez años de crisis. La situación era (lo sigue siendo) especialmente dramática para las mujeres, según dicho informe, "especialmente desprotegidas" por causas como la alta tasa de desempleo femenino o el abuso de los empleos a tiempo parcial entre ellas. Si sumamos a esto que el 83% de las familias monoparentales están formadas por madres y sus hijos, podemos construir un marco adaptado al cuadro grotesco del problema de la vivienda en el país que cabalgó a lomos de la burbuja inmobiliaria.     

El próximo 10 de marzo Rosi ha sido citaba para un juicio por “usurpación de inmueble”, un requerimiento que le fue comunicado para el pasado mes de enero pero que no se pudo materializar por “aplazamiento por el cambio de abogado de la defensa”. Ante este llamamiento, Rosi está nerviosa y decidida a partes iguales. Cuenta con el apoyo de sus vecinos y vecinas, además de la ayuda de Daniel Hierro, Diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura que, según sus palabras, ha estado con ella desde el primer momento, de Erika Cadenas, candidata de Podemos a la alcaldía de Badajoz, y de colectivos sociales como el Campamento Dignidad.

Desde 2015, se han ejecutado en Extremadura más de 1.200 desahucios por impago del alquiler

Antes de que llegue el juicio Rosi nos anuncia una rueda de prensa y mucha confianza, pese a todo, en que lo razonable de su demanda y el apoyo social recibido acaben de doblar el brazo que da la orden de poner a un ser humano en la calle. Pero este optimismo no se acaba de ver, desgraciadamente, respaldado por la cruda realidad. Desde 2015, se han ejecutado en Extremadura más de 1.200 desahucios por impago del alquiler. En 2017, consciente de la incapacidad de la vivienda social para hacer frente a las demandas en la región con más personas en situación de pobreza y exclusión social, la Junta llevó a cabo la regularización de 200 viviendas “ocupadas ilegalmente”, desalojando, eso sí, otras 347 que se encontraban en la misma situación.

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Rosi, como las “madres de Suerte de Saavedra”, permanece, escéptica, a la espera de que se cumpla la promesa de la Junta de construir 800 viviendas sociales esta legislatura, para las que a finales del año pasado se habían realizado ya 700 solicitudes. “Espera” comparte etimología con “esperanza”, pero Rosi prefiere aferrarse a la lucha antes que seguir confiando en las palabras.