Desahucios
Macrodesahucio contra más de 40 personas en Lemoa

Desde el 20 de enero nada ha vuelto a ser igual para aquellas personas que habían encontrado un refugio en los bloques propiedad de Cementos Lemona, en el barrio de Agarre. Más de 40 personas han sido desalojadas de forma ilegal por el Ayuntamiento de Lemoa, que se ha valido de un decreto municipal bajo el pretexto de una amenaza de incendio para desalojar a los habitantes de estos bloques, sin contar con ninguna autorización judicial.

En la pequeña campa frente a los bloques ahora vaciados se encuentran los restos de una vida dejada atrás a toda prisa y sometida a la presión institucional mediante un proceso que ha sido calificado como irregular y opaco por las propias personas afectadas. Junto a los restos abandonados, contrasta la presencia de cajetillas eléctricas desmontadas, placas que anuncian la presencia de alarmas en los edificios, rejas y planchas de seguridad que impiden el acceso a los inmuebles a quienes hasta hace apenas dos semanas habían estado viviendo en los cuatro bloques propiedad de Cementos Lemona S.A.

Algunos de los desalojos se efectuaron mientras se realizaban reuniones bilaterales entre el ayuntamiento y los abogados de los afectados, en las que se negociaban posibles salidas ante el atropello institucional

Nos reunimos allí con un militante de la Arratiako Sare Antiarrazista que prefiere no dar su nombre. “Esto hasta hace nada no estaba así”, nos indica. Tanto él como otros compañeros suyos salen de una asamblea que han convocado en el centro cívico de Lemoa para explicar a los vecinos de la localidad la actual situación de los bloques, después de varias semanas de acusaciones entre la red antirracista que ha estado acompañando a los afectados y la postura defendida por la alcaldesa de la localidad Esther Iturrioz (PNV). “Ha sido necesario celebrar esta asamblea como ejercicio de transparencia para hacer frente a ciertos discursos que han corrido por redes sociales”.

Desalojos irregulares de mas de 30 familias

Durante las primeras horas del 20 de enero, patrullas de la Ertzaintza se personaron en los cuatro bloques de Agarre. Puerta a puerta, llevaron a cabo un registro general de todas las personas que habitaban los edificios. De este modo, desde el inicio del proceso que culminaría con el desalojo de los bloques de Agarre se generó una brecha entre la lista de personas elaborada a partir de los datos recogidos por la Ertzaintza -y avalada posteriormente por el Ayuntamiento- y la realidad de los inmuebles, donde residía un número mayor de habitantes, algunos ausentes en ese momento por temor a las consecuencias que este operativo pudiera tener sobre sus expedientes de arraigo o porque se encontraban trabajando o estudiando. 

Han sido días de gran incertidumbre para estas personas -muchas de las cuales carecen de cualquier otra alternativa habitacional-,  que  ya desde 2023 habían sufrido cortes de luz por parte de Iberdrola, bajo la justificación de supuestos “pinchazos” de la luz. 

A las familias identificadas en el registro oficial se les citó en los servicios sociales de la mancomunidad de Igorre el 23 de enero. Activistas de la Sare Antiarrazista describen este lapso de tiempo -entre el 20 y el 23 de enero- como un periodo “caracterizado por una absoluta falta de transparencia por parte del consistorio”.

Durante la reunión a la que acuden parte de las familias identificadas en el registro oficial se les presiona en todo momento para que abandonen Agarre, señalando el inminente riesgo de incendio e indicándoles que se les acogerá en otros pisos. Una situación que, ante la desesperación, varias familias aceptan. Los supuestos pisos que les ofrecieron durante su visita a los servicios sociales de la localidad se vieron reducidos a una habitación de un Hostal de Berriz, donde permanecen hacinadas algunas familias, y un puñado de viviendas de emergencia en Zeanuri.

Desconfianza y ultimátum: tensión con el Ayuntamiento y posible desalojo ilegal

Tras la opacidad mostrada por el Ayuntamiento, muchas de las familias de los bloques de Agarre comenzaron a mostrar una desconfianza creciente ante cualquier nueva propuesta institucional. La situación de bloqueo desembocó, el 27 de enero, en un nuevo llamamiento desde el consistorio para que las personas afectadas aceptaran la propuesta, acompañado de un ultimátum explícito.

Visto que son bastantes los vecinos que se niegan a hacer entrega de sus viviendas, el 28 de Enero el Ayuntamiento de Lemoa publica un Decreto desde Alcaldía donde indican que los edificios se deben abandonar en 24h. Debido a  la falta de una orden judicial para llevar a cabo dicho desalojo, uno de los vecinos afectados denuncia la actuación del consistorio al considerarla a todas luces ilegal. Conviene señalar que algunos de los desalojos se efectuaron mientras se realizaban reuniones bilaterales entre el ayuntamiento y los abogados de los afectados, en las que se negociaban posibles salidas ante el atropello institucional.

Según el equipo jurídico de los afectados “este tipo de actuaciones, si no son denunciadas por la vía judicial, sientan un precedente peligroso contra aquellos movimientos y personas que deben recurrir a la okupación para hacer frente a su situación habitacional”. 

Muchos de los que no fueron reconocidos en la lista oficial tuvieron que ser acogidos tanto por el Gaztetxe de la localidad como por vecinas solidarias.

Al ser preguntados, miembros del colectivo que ha estado asesorando a los vecinos afectados señalan que el Ayuntamiento ha insistido en que han estado “actuando en todo momento bajo el marco de la legalidad, atendiendo a protocolos y directrices que marcan los expertos”. Sin embargo, al ser cuestionados sobre qué sucedería con las personas que no figuraban en la lista, desde el consistorio indicaron que no abrirían el registro para evitar un posible “efecto llamada”. Al mismo tiempo, han habilitado albergues suplementarios en locales municipales, en condiciones muy precarias, reconociendo de facto la existencia de un problema mayor del que han admitido públicamente.

De este modo, el 28 de enero se retiró la instalación eléctrica —señalada como la fuente de peligro por un posible incendio— y la mayoría de vecinos fueron expulsados. Muchos de aquellos que no fueron reconocidos en la lista oficial de la ertzaintza y en la que se basa el ayuntamiento para abrir la puerta a los servicios sociales tuvieron que ser acogidos tanto por el Gaztetxe de la localidad como por vecinas solidarias.

“Al final, hemos podido solventar el problema de que mucha gente se viera en la calle tras el 28 porque contamos con una red de estructuras autogestionadas como el gaztetxe que han sido capaces de responder allí donde las instituciones no han llegado”. 

Del desalojo al reconocimiento real del problema 

Pese a los desalojos que tuvieron lugar el día 29 de enero, tanto representantes de los vecinos afectados como el Ayuntamiento han seguido reuniéndose. Lo cierto es que como indican nuestras fuentes “los servicios sociales del valle se encuentran saturados”. 

“No pensábamos que íbamos a conseguir nada, pero mediante la presión y movilización hemos conseguido que se nos escuche”

De fondo, está el hecho indicativo de un problema de fondo que se viene denunciando desde hace tiempo tanto desde asociaciones, colectivos militantes y sindicatos: la precarización de los servicios sociales, los cuales carecen de recursos reales para hacer frente a situaciones de emergencia social y aumento de personas en situación de calle.  Se trata de una situación que en modo alguno puede reducirse a Lemoa y que ha sido denunciada en otras localidades como Bilbao, en lo que respecta a la gestión del SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales).

En lo que respecta a Lemoa, finalmente el Ayuntamiento tras establecer un puente de diálogo con el Gobierno Vasco y gracias a la presión popular ejercida desde los movimientos ha declarado en el pleno  municipal del miércoles 4 su compromiso en la  elaboración de una lista real con todas las personas que habían estado viviendo en Agarre frente a su posición inicial. Como declaran parte de las afectadas “Al principio no pensábamos que íbamos a conseguir nada, pero mediante la presión y movilización hemos conseguido que se nos escuche”.