Desahucios
Miedo a la okupación

“Queremos un país de propietarios, no de proletarios”, decía el primer ministro de Vivienda franquista. Décadas después, lo que hay es un mercado del alquiler residual (15%) y un parque público de vivienda mínimo (2%). Las políticas públicas se han basado en recalificaciones de suelo y desgravaciones fiscales —subsidios a las clases medias—. Entre tanto, el crecimiento económico, también en Euskal Herria, ha estado estrechamente vinculado a tres burbujas inmobiliarias sucesivas (años 90, la que acabó en la crisis financiera de 2008 y la que ha cabalgado sobre el turismo, asociada al alquiler de corta duración). En todos los ciclos, además de fondos buitre, socimi e inmobiliarias, la expansión de la renta disponible para los sectores pudientes de las clases medias se ha sustentado en la revalorización exponencial de sus activos inmobiliarios.

Y la crisis social se agudiza. Parte de las personas desahuciadas en 2008 se han visto abocadas al alquiler. Y las rentas del “modelo AirBnB”, una fuente de ingresos alternativa a la “eterna” revalorización del precio de la vivienda, se han interrumpido abruptamente. ¿Qué les queda a los propietarios de segundas y terceras viviendas? Extraer rentas de alquiler de los sectores sociales descabalgados, primero por la crisis de 2008, y después por la Covid-19. No obstante, y aunque la casuística es variada —tal y como señaló un reciente estudio del Sindicato de Inquilinos de Barcelona— los pequeños emporios del alquiler predominan sobre los complementos de ingresos con la segunda propiedad.

“El verdadero material inflamable simbólico es el miedo imaginario a perder el sostén que —junto con la educación superior y el empleo público— permiten la reproducción de la clase media en España: la propiedad de la vivienda”

Entonces, si el caso del ciudadano de clase media que vuelve a casa de vacaciones y se la encuentra okupada es anecdótico, ¿cuál es el combustible para el fuego mediático? El mismo que empujó al gobierno de Zapatero en 2009, en plena crisis financiera y en medio de una oleada de desahucios hipotecarios, a aprobar la primera ley del “desahucio express”, específicamente orientada a facilitar los desalojos de alquiler. Y el mismo que animó al PdCat a abanderar una vuelta de tuerca sobre los alquileres en 2018, con el apoyo del PP de Rajoy y de un PSOE que acompañó la norma casi hasta el final. El verdadero material inflamable simbólico es el miedo imaginario a perder el sostén que —junto con la educación superior y el empleo público— permiten la reproducción de la clase media en España: la propiedad de la vivienda.

En esta tesitura, las medidas parciales en forma de incentivos para el alquiler o de mano dura punitiva están condenadas al fracaso, porque la grieta social y de clase es ya demasiado profunda. Eso sí, el derecho universal a la vivienda digna sólo llegará, como todo derecho, tras movilizaciones de masas y desobediencia civil.