Desahucios
Suspendido el desahucio a una familia palestina en Villalba

La presentación a primera hora de la mañana de un informe de vulnerabilidad social y otra documentación de interés ante los Juzgados de Collado Villalba permitió suspender in extremis el desahucio de la familia palestina con status de refugiada que integran el matrimonio de Dalal y Falel junto a sus hijos de 9 y 7 años. 

Pese a que la comitiva judicial no aclaró a las partes el tiempo que se tomará para un próximo alzamiento, desde la Asamblea de Vivienda de la localidad centran sus esperanzas en que se respete la suspensión de procedimientos de desahucios fijada por el Gobierno hasta el 31 de enero de 2021.

“El Juzgado hasta ahora decía que no procedía la suspensión por la pandemia porque entendía que no se había acreditado documentalmente la situación de vulnerabilidad"

“El Juzgado hasta ahora decía que no procedía la suspensión por la pandemia porque entendía que no se había acreditado documentalmente la situación de vulnerabilidad, justo lo que he ido a hacer esta mañana para poder paralizarlo”, informó el abogado de la Asamblea de Vivienda Diego Redondo García, quien desde hora temprana acompañó a la familia hasta que llegara la comisión judicial.

Según explicó, “los documentos determinantes fueron un informe de vulnerabilidad elaborado por SOS Racismo Madrid, la carta enviada al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y los papeles que acreditan la situación de ERTE en la que se encuentra Fadel”.

Faltaban cinco minutos para las 11,30, hora prevista para el lanzamiento, cuando el medio centenar de vecinas y activistas llegados desde Madrid y diferentes pueblos de la zona que se habían convocado para intentar detener el desahucio, estallaron en gritos de júbilo ante la noticia del nuevo aplazamiento. Desde el balcón del apartamento en litigio –donde colgaba una bandera palestina –Dalal agradecía rodeada de integrantes de la Asamblea de Vivienda.

En ese momento, a unos 30 metros de la verja de entrada, el propietario del piso, Francisco Iván Von Tobel, era informado por la comisión judicial sobre la decisión que había adoptado el juzgado. Minutos más tarde, una vez que las personas concentradas despejaran el jardín del edificio, en el hall de entrada Von Tobel y Fadel fueran comunicados oficialmente. Firmaron la notificación y salvo algún altercado menor con una persona que acompañaba al propietario, solo quedó espacio para los abrazos y vítores. El desahucio quedaba suspendido.

Breve historia de una crisis

El contrato de arrendamiento entre Von Tobel y Fadel Osama Kathid se remonta al 1 de diciembre de 2016 a través de la inmobiliaria Gestiones Elvimar. La pareja de origen palestino, aún estaba en la segunda fase del programa de acogida para familias con estatus de protección internacional.

“Cuando entramos vimos que el piso tenía algunos problemas, por ejemplo los suelos de madera un poco levantados, se lo dijimos y Francisco dijo que lo cambiaba, el trabajo lo hizo uno de los señores que hoy estaban con él. Estuvimos cuatro meses pagando y viviendo todos en una habitación mientras hacían las reformas, porque con el corte de maderas era imposible estar en otros ambientes por el polvo”, rememoró Dalal.

Sin embargo, ese sería solo el primer de los inconvenientes, hacia finales de 2017, ya sin la cobertura del programa de acogida, con el sueldo mileurista de Fadel y ella sin poder conseguir un trabajo, negociaron con el propietario una rebaja de la mensualidad. “En aquel momento accedió y empezamos a pagar 480€” acotó.

El propietario les ofreció cambiarse a otro piso más económico. “Era aquí en Collado Villalba, más pequeño, a 450€. Le dijimos que muy bien, que íbamos a verla, pero estaba en obras y en mal estado"

Fue en esos meses, según indica, cuando el propietario les habría ofrecido cambiarse a otro piso más económico, también de su titularidad. “Era aquí en Collado Villalba, más pequeña, a 450€. Le dijimos que muy bien, que íbamos a verla, pero también estaba en obras, en mal estado, y no podíamos repetir lo de estar encerrados cuatro meses mientras lo reformaban, porque uno de los nenes tiene asma y ya lo había pasado bastante mal con el polvo”, relató.

A mediados de 2019 Fadel sufrió un accidente laboral donde trabajaba como camarero con contrato indefinido, el restaurante la Casita de Torrelodones, que dejó de abonarle las mensualidades hasta su despido. Aún espera el pago de los 4.837,04€ que se le reconociera como indemnización, pese a que el restaurante cerró definitivamente a finales del pasado año.

“Entonces en mayo de 2019 no pudimos pagar la mensualidad y en junio Francisco nos dijo que nos buscáramos una alternativa, porque no le habíamos pagado y quería vender la casa. Le pedimos tiempo, Fadel le dijo que en cuanto cobrara la indemnización le pagaría el mes en curso y el que debíamos, pero nunca pagaron y no pudimos asumirlo”, lamentó.

“Llevamos tiempo pidiendo viviendas de emergencia social para casos como este, pero los requisitos de acceso y los precios son casi inaccesibles a no ser que estés en una situación holgada y de cierta seguridad”

A finales de septiembre de 2019 Von Tobel interpuso una demanda por los importes adeudados y a partir de allí comenzó a correr la causa judicial que devino en el desahucio. “En ese mes para demostrarle que no queríamos problemas y que viéramos que queríamos pagar, le hice una transferencia por 400€”, explicó Dalal.

Entre el 3 de marzo y el 2 de julio de 2020 Fadel consiguió un trabajo de media jornada que al menos le alcanzaba para la manutención y hacer frente a los recibos de los servicios, desde esa fecha está en ERTE. Esperanzados en el pago de la indemnización solicitaron al juzgado la suspensión del desahucio, pero hasta hoy, no fue posible.

La situación vivida ha dejado al descubierto la falta de alternativas habitacionales en Collado Villalba. “Llevamos tiempo pidiendo viviendas de emergencia social para casos como este, donde uno de los integrantes ha recuperado el empleo y tienen capacidad para acceder medianamente a un alquiler, pero los requisitos de acceso y los precios son casi inaccesibles a no ser que estés en una situación holgada y de cierta seguridad”, destacó la concejala del grupo municipal Unidas por Collado Villalba, Eva Morata, presente en el desahucio. Durante todo el procedimiento, la familia asegura no haber recibido ninguna ayuda de parte de los servicios sociales de la localidad.