Desahucios
Las trabajadoras del Samur Social se niegan a participar en los desahucios

Las y los trabajadores del Samur Social que trabajan para el Ayuntamiento de Madrid han decidido dejar de participar en los desahucios. El comité de empresa explica a El Salto que la iniciativa ha surgido del turno de mañana, que mediante un escrito ha pedido a los representantes de los trabajadores que tomaran una postura. “Es un tema que el comité ya venía planeando por lo que se ha hecho un escrito con el rechazo a participar en los desahucios que se ha pasado a toda la plantilla”, comenta uno de los miembros del órgano de representación de los trabajadores, que puntualiza que falta por ratificarlo en una asamblea formal. “Siempre hay gente desclasada, pero creo que se va a secundar en toda la plantilla”, adelanta. 

En el texto distribuido por el comité vinculan directamente su decisión con el desahucio de Maricarmen este miércoles: “No es un caso aislado, es el resultado de políticas que mercantilizan la vivienda y abandonan a las personas más vulnerables” y explican que los y las profesionales del Samur Social no son “el parche” de estas políticas y que rechazan “maquillar la vulneración del derecho a la vivienda”. “Queríamos no participar en los desahucios, como hicieron hace tiempo los bomberos, ya que no queremos ser instrumentalizados por el Ayuntamiento”, indican los profesionales que denuncian que no ven “ni humana ni técnicamente” que su intervención sirva de verdad al no tener que ofrecer nada. 

“Muchas veces se va con la premisa dada de qué se hace: ofrecer una residencia, como en el caso de Mari Carmen porque es muy mediático, pero muchas veces vamos sin ninguna alternativa”, explican

Esta intervención se produce cuando el desahucio ha pasado previamente por los Servicios Sociales. “Sobre el papel acudimos con el objetivo de hacer una valoración técnica y conforme a eso se puede hacer una propuesta”, indican, pero afirman que “es la teoría, porque muchas veces se va con la premisa dada de qué se hace: ofrecer una residencia, como en el caso de Mari Carmen porque es muy mediático, pero muchas veces vamos sin ninguna alternativa”. “Aunque indiquemos que la persona desahuciada necesita una alternativa habitacional muchas veces no hay recursos o ya está establecido que no se hará nada, no se escucha la valoración del profesional”, denuncian los trabajadores a El Salto. 

Preguntados por las consecuencias de esta decisión, explican que su caso es diferente al de otros cuerpos . “Tenemos el problema de que en los servicios de emergencias somos el único que estamos gestionados por una empresa privada, ahora mismo con Grupo 5, que a su vez fue comprada por un fondo de inversión”, indica un miembro del comité en referencia a la protección que pueden tener otros profesionales. “Tú eres personal laboral o funcionario y puedes tener una protección mayor que un asalariado en empresa privada y por eso hay algo de miedo”, explican también en referencia a la lucha para mejorar sus condiciones desde el último pliego y su discrepancia con las últimas cifras de intervenciones que el Ayuntamiento de Madrid ha dado. 

Bomberos contra los desahucios

Los bomberos son uno de los colectivos profesionales que con más claridad han cuestionado su participación en los desahucios. El caso más conocido se produjo en A Coruña en 2013, cuando varios bomberos se negaron a intervenir en el desalojo de Aurelia Rey, una mujer de 85 años, alegando que un lanzamiento judicial no constituía una emergencia propia de sus funciones. La decisión tuvo eco en otros cuerpos: en Zaragoza, la junta de personal de Bomberos acordó ese mismo año no participar en desahucios, una posición respaldada públicamente por el entonces alcalde, Juan Alberto Belloch. Más recientemente, en 2025, nació la plataforma estatal Bomberxs contra los Desahucios, que reclama que los cuerpos de bomberos solo intervengan cuando exista una emergencia y no como parte del dispositivo habitual de un lanzamiento.

Los cerrajeros también protagonizaron iniciativas de rechazo durante los años más duros de la crisis hipotecaria. En diciembre de 2012, la Asamblea de Profesionales de Cerrajería de Pamplona, integrada por empresas y autónomos del sector, acordó no colaborar en ningún desahucio y reclamó que otros profesionales implicados en los lanzamientos adoptaran una posición similar. Hubo también cerrajeros que tomaron decisiones individuales en Madrid y Valencia. Posteriormente, la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES) anunció que sus profesionales no participarían en determinados desahucios hipotecarios considerados de extrema gravedad, aunque defendía que la paralización debía establecerse mediante una decisión legal y no quedar exclusivamente en manos de cada profesional.

En el caso de la vivienda de Maricarmen los policías han sido especialmente criticados por la violencia ejercida contra la propia víctima, contra los activistas que querían evitar que echaran a la anciana de su casa e incluso contra los periodistas, a los que han impedido hacer su trabajo en numerosos casos denunciados. Pero en 2012 el Sindicato Unificado de Policía planteó defender a los agentes que se negasen a participar en determinados desahucios, aunque se quedó en nada  por el miedo a las consecuencias disciplinarias de desobedecer una orden judicial. Sí que se documentaron casos individuales de policías locales que se negaron a colaborar en desahucios en municipios andaluces como Cazalla de la Sierra, Montoro, Peligros o Albox.