Desastres ambientales
Fertiberia y la Junta de Andalucía desoyen a la Abogacía del Estado y siguen con el tapado de los fosfoyesos

La Abogacía del Estado exige que se paralice la ejecución del proyecto Restore 20/30 por falta de idoniedad, sin embargo la empresa Fertiberia continua con las obras para llevar acabo el tapado de los fosfoyesos

Hace unos días se daba a conocer la respuesta por parte de la Abogacía del Estado de la comunicación que la empresa Fertiberia realizó el pasado 13 de junio donde exponía que comenzarán las obras para llevar a cabo el proyecto Restore 20/30 que cubrir bajo tierra las 120 millones de toneladas de fosfoyesos que se encuentran en Huelva. 

Ante el inicio de las obras, el alto organismo de representación legal del estado ha alegado “la falta de idoneidad del proyecto” y ha pedido a la Audiencia Nacional que obligue a la empresa a paralizar el proyecto. En su alegación la institución expone sus dudas sobre “el cumplimiento de la Ley de Costas” del proyecto y sobre si es el adecuado para “devolver la marisma a su situación original”.

La abogacía del estado que representa al ministerio de transición ecológica, insiste en que “no se puede iniciar la ejecución” hasta que “la Audiencia Nacional confirme el proyecto”. La institución legal se ampara para ello en el Auto del 21 de octubre de 2016 dictado en el contexto de esta causa judicial.

Desde este órgano legal insisten en que “no se debería de haber admitido ni valorado el proyecto de Fertiberia al no contemplarse la retirada de los residuos”, ya que,“sin su retirada no es posible acometer ninguna labor para la recuperación ambiental del bien a proteger, que son los terrenos de marisma donde se asientan las balsas”. La acumulación de fosfoyesos fue generada por los vertidos a las marismas aledañas a la ciudad de Huelva de los restos de la producción de fertilizantes durante más de 40 años, dando lugar a una acumulación de material tóxico que abarca más de 1200 hectáreas. 

La alegación también señala la responsabilidad de la Junta de Andalucía que el pasado 25 de noviembre de 2022 concedía al proyecto Restore 20/30 la autorización ambiental favorable a pesar de la denuncia de diversos grupos ecologistas. Abogacía del Estado expone que si “la Sala acuerda la continuación del proyecto” este deberá obtener “una nueva autorización ambiental”.

Desastres ambientales
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Un informe realizado por expertas de la Universidad de Huelva señala que las habitantes próximas a los fosfoyesos presentan en sus organismos altas tasas de metales perjudiciales para la salud


Sin embargo, la empresa que se encuentra al frente del proyecto, Fertiberia, que además es la responsable de los vertidos de material tóxico realizado desde los años 70 y que han dado lugar a su acumulación en el entorno natural ha alegado este pasado viernes que: “cuenta con todas las autorizaciones, permisos e informes preceptivos”, por lo que no va a cesar en las labores que ya se están llevando a cabo para la puesta en marcha del tapado.  Actualmente se están realizando en Huelva las labores preliminares para el proceso y una vez concluida la compañía ha expuesto su intención de “iniciar sin dilación la ejecución del Proyecto”.

Un informe clave

Una de las piezas claves para que la abogacía del estado y el ministerio de transición ecológica hayan realizado esta alegación ha sido el informe publicado el pasado agosto de 2022 en el que ​​expertas científicas de la Universidad de Huelva exponen los peligros del proyecto. Uno de los datos más relevantes que sacaba a la luz el informe es los problemas de salud que acarrea la exposición de la ciudadanía a esta balsa tóxica ya que “se constata la presencia de uranio, zinc y arsénico y otras sustancias altamente perjudiciales para la salud en las personas que viven próximas a la balsa de fosfoyesos”, según las expertas.

Este informe estuvo ocultado por parte de la alcaldía de Huelva durante varios meses, hasta que la organización Mesa de la Ría que lleva años luchando por una solución “real” para la problemática de los fosfoyesos lo hizo llegar a las instituciones el pasado octubre de 2022, a través de una denuncia. “Cuando conocimos el informe del comité de expertos que el alcalde ocultó durante meses, lo remitimos al Ministerio señalando que la administración tenía que oír lo que decía la ciencia respecto al proyecto de enterrado de los fosfoyesos en relación su inviabilidad”, sostiene su presidente Juan Manuel Buendía.

La acumulación de fosfoyesos fue generada por los vertidos a las marismas aledañas a la ciudad de Huelva de los restos de la producción de fertilizantes durante más de 40 años, dando lugar a una acumulación de material tóxico que abarca más de 1200 hectáreas.

Buendía además insiste también en poner el foco en el Ayuntamiento de Huelva, encargado de dar luz verde a las obras para el proyecto: “Por otro lado hemos pedido a la nueva alcaldesa personarnos en el expediente de la licencia de obras que se nos antoja irregular, sin que hasta la fecha nos lo haya facilitado”.

A pesar de las polémicas y el daño en la salud pública que la empresa lleva décadas ejerciendo sobre la población onubense, como demuestra la sentencia de la Audiencia Nacional de 2010 en la que se ordenaba a la empresa “el cese definitivo de los vertidos tóxicos a la marisma de Huelva y la reparación inmediata del entorno”, la compañía no para de aumentar su actividad fagocitando empresas europeas del sector con el objetivo de volverse líder en su ámbito.

Desde hace años la plataforma ciudadana No a los fosfoyesos realiza diversas acciones para mostrar su repulsa a la empresa responsable de los vertidos. El pasado noviembre de 2022 la ciudadanía onubense salió a la calle para mostrar su desacuerdo con el proyecto.  “La sociedad onubense está en contra de este proyecto de tapado con una capita de tierra que presenta Fertiberia”, exponía Laura Limón activista y parte de Mesa de la ría durante la concentración.

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Paco Caro
22/8/2023 13:40

Esta va a ser la tónica en la próxima legislatura: las autonomías de derechas, saltándose a la torera todas las leyes, acuerdos internacionales y convenios que no les gustan: ambientales, de género, de salud pública, de vivienda, de memoria histórica, derechos humanos, normas de la UE, etc. España, estado fallido: el proyecto de la derecha española.

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