Uranio
La presión desesperada de Berkeley

Ha provocado un gran revuelo mediático la información sobre las presiones que ha ejercido la empresa Berkeley Minera, o sus acólitos, sobre miembros del Consejo de Seguridad Nuclear para que emitan con prontitud el informe preceptivo que debe realizar ese organismo sobre la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio de Retortillo.

La razón de esas prisas viene dada por el interés de la empresa minera en contar con esa autorización antes de que se apruebe la nueva Ley de cambio climático por la que se prohibiría “la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, en todo el territorio nacional”.

Berkeley pretende contar con una nueva autorización que refuerce su posición ante la posible demanda de indemnización al Estado por no poder llevar a término su proyecto de mina y planta de Retortillo al estilo del Proyecto Castor, objetivo de la empresa ante el derrumbe de del precio del uranio por los malos augurios que se ciernen sobre a la energía nuclear. Hace tiempo que la empresa minera no realiza ninguna acción en la zona de la mina, con una posición debilitada con el devenir de los años, como en el caso recientemente conocido de la rescisión del convenio firmado con la Diputación de Salamanca para el desdoblamiento de la carretera comarcal SA-322.

El matonismo practicado por la empresa no nos sorprende a las personas que nos hemos topado con la minera. Baste recordar que en el año 2016 Berkeley nos sometió a un acto de conciliación, previo a una demanda, a otro miembro de la Plataforma Stop Uranio y a mí, con el argumento de que nuestra actuación les estaba provocando pérdidas económicas, cifrando en 500.000 € la petición de daños ocasionada. Al igual que es de imaginar que la mano de Berkeley estaba detrás de la declaración de personas non gratas para el municipio de Retortillo a estos dos activistas, y por extensión, a la Plataforma Stop Uranio. Por no citar la truculenta historia de las supuestas amenazas de muerte denunciadas por el actual alcalde de Retortillo en el verano de 2017, cuando era concejal de ese municipio, episodio nunca resuelto por la policía pero ampliamente aireado en su momento por los medios afines a la minera.

La razón de esas prisas viene dada por el interés de la empresa minera en contar con esa autorización antes de que se apruebe la nueva Ley de cambio climático por la que se prohibiría “la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, en todo el territorio nacional”.

El comportamiento de la multinacional australiana recuerda el proceder de la United Fruit Company en la Centroamérica del siglo pasado, incluida la compra de voluntades y medios de comunicación. De ello pueden dar fe los vecinos de Retortillo, ampliamente obsequiados y agasajados por la minera.

Las autoridades locales o regionales tampoco andan muy lejos de sus homólogos centroamericanos, con episodios lamentables por parte de dirigentes de la Junta de Castilla y León, como han denunciado los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear. Resulta inconcebible que el Director General de Energía y Minas en funciones en julio de 2019 escriba al CSN interesándose por la suerte de la empresa Berkeley, como también ha hecho el actual director, Alfonso Arroyo González, en la reunión del Comité asesor del CSN en el verano pasado.

Las conexiones entre Berkeley y el PP ya fueron investigadas por periodistas de este medio digital, por lo que no es de extrañar que se deban favores mutuos que deben saldar con actuaciones que sonrojan a los miembros de instituciones que quieren guardar independencia en la toma de sus decisiones.

De república bananera cabe pensar que es el proceder de un ayuntamiento que tiene que sancionar a una empresa que ejecuta obras sin permiso y cuatro años después de los hechos todavía no ha llegado a resolver el expediente sancionador abierto por Retortillo a Berkeley. Hechos que están siendo investigados por el Procurador del Común de Castilla y León en base a la queja formulada por la Plataforma Stop Uranio. Tenemos la sensación de que la empresa se va a “ir de rositas”, después de talar casi 2000 encinas y haber realizado una balsa de enormes proporciones con el único objetivo de visibilizar sus trabajos de preparación de las instalaciones mineras.

Berkeley tiene muy difícil conseguir abrir la mina y planta de Retortillo, tras década y media de presionar para conseguir su objetivo ve que el tiempo se le agota, lo que está poniendo nerviosos a sus directivos. Mientras tanto, los vecinos de la comarca salmantina del Campo Charro estamos expectantes ante las decisiones políticas que deben tomar en el actual gobierno de coalición en relación al futuro de la minería de uranio en nuestro país. Nos llevaríamos una enorme decepción si finalmente se bajan los pantalones ante las amenazas de una multinacional, entonces sí que podríamos considerarnos una monarquía bananera.