Opinión
Cuidarnos fuera del mercado

No corren tiempos halagüeños para los derechos de las infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad. La ausencia de un debate público de calidad que pueda ofrecer políticas innovadoras sobre este asunto complica aún más las cosas. Ante la incapacidad de garantizar al mismo tiempo las condiciones para la rentabilidad empresarial (la privatización, externalización, precarización o feminización) y la legitimidad del Estado de bienestar (cuidados), el PNV y su socio de gobierno, el PSE, han optado por la primera. Si bien el Gobierno Vasco acaba de presentar el proyecto de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia con el objetivo de que niños y adolescentes sean “titulares de derechos” y no “sujetos de protección”, más de un tercio de la gestión de los servicios sociales sigue en manos de empresas privadas o del tercer sector. Las Diputaciones, que se encargan de su protección, no solo licitan cada dos años la gestión de los centros en los que viven estos adolescentes, sino que no incorporan en ellas ni cláusulas sociales ni de responsabilidad. Todas las intervenciones políticas están orientadas a apuntalar esta primacía.
Ante la incapacidad de garantizar al mismo tiempo las condiciones para la rentabilidad empresarial y la legitimidad del Estado de bienestar (cuidados), el PNV y su socio de gobierno, el PSE, han optado por la primera.
Durante las últimas décadas no solo se han mercantilizado cada vez más las tareas que sostienen la vida, sino también la provisión de cuidados y, lo que es crucial, incluso la producción de la propia vida, como pone de manifiesto el auge del mercado internacional de la salud. Todas estas prácticas son susceptibles de ser subsumidas por el capital. Si nos fijamos en la protección de los niños y niñas en Euskal Herria, los procesos de mercantilización o privatización que facilitan dichas lógicas se sostienen sobre dos ejes: de un lado, el ataque de los gestores conservadores trata de que las estructuras públicas, o público-comunitarias, ocupen esferas cada vez menores en detrimento de las corporaciones; de otro, el patriarcado –a través de la familia nuclear– que otorgaba cobertura ideológica al proceso de extracción de mano de obra gratuita, está invisibilizando el trabajo no remunerado y esclavo de muchas mujeres que cuidan.
Asimismo, debido a la herencia católica y cristiana de la élite gobernante, se ha pasado de un modelo privatizador muy centrado en la caridad, el cuidado entendido como un servicio que deben proveer las instituciones eclesiásticas, a un modelo que puede llamarse de descentralización o descarga. De esta forma, la gestión de los cuidados a niños, niñas y adolescentes vulnerables se ha externalizado, principalmente, a empresas francesas y alemanas, que no solo desconocen las problemáticas locales de fondo, sino que lo mismo “cuidan” y “protegen” que construyen carreteras o funerarias. Las empresas vascas que también se reparten el pastel no es que conozcan precisamente al dedillo la realidad que habitan. Su único fin es la rentabilidad, no el interés superior del menor y su protección, y ello está corrompiendo silenciosamente la precaria democracia vasca.
Durante las últimas décadas no solo se han mercantilizado cada vez más las tareas que sostienen la vida, sino también la provisión de cuidados e incluso la producción de la propia vida, como pone de manifiesto el auge del mercado internacional de la salud.
Dado que el apoyo público al sector privado no funciona, y que el imaginario externalizador hace aguas, tal vez sea hora de tender hacia un mundo verdaderamente solidario donde podamos pensar en el papel del cuidado en nuestra vida cotidiana desde los márgenes del Estado y del mercado, convirtiendo a las comunidades en el principio organizador de todas las dimensiones y escalas de la vida y reparando desde ellas la carga que las mujeres han tenidos históricamente. Todas dependemos unas de otras, y solo fomentando estas interdependencias, así como sosteniéndose con hogares seguros desde la política pública, podemos cultivar un mundo en el que los niños, niñas y adolescentes no solo puedan vivir sino prosperar.
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