Opinión
La prueba de la verdad de Pedro Sánchez

Un polígrafo digital, un algoritmo para la identificación de plagios, ha protagonizado la información política del mes de septiembre. Saber si la tesis de Pedro Sánchez era original se ha convertido en asunto de Estado. El polígrafo digital supone una advertencia entre chusca y tétrica a las universidades. Solo en manos de las máquinas podremos estar seguros de que no se ha producido un pasteleo académico. Te tienes que reír, como dicen los jóvenes.

La verdadera prueba de las capacidades y la independencia de Pedro Sánchez no pasaba, sin embargo, por el detector de tesis. A principios de septiembre, el Ministerio de Defensa de Margarita Robles lanzaba un mensaje de alcance interno e internacional. Defensa anunciaba la cancelación de un contrato de 400 bombas con destino a Arabia Saudí. El Gobierno primaba los derechos humanos y el derecho internacional sobre las decisiones comerciales. El contexto, el conflicto de Yemen. Miles de muertos, millones de desplazados, cinco millones de niños y niñas en situación de hambruna.

Un día después de la valiente decisión de Margarita Robles, el mandatario de facto del régimen saudí, Mohammed Bin Salman, enviaba un mensaje al Gobierno. La anulación del contrato de las bombas acarrearía la suspensión de dos contratos: el llamado Typhoon, que se ejecuta en Getafe (Madrid), y los barcos de guerra Avante 2200 que se construirán en los astilleros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.

Menos de diez días después, el Gobierno se veía obligado a rectificar. Las bombas serán enviadas. Las corbetas del contrato del siglo de Navantia serán construidas. El trabajo en la bahía de Cádiz quedará garantizado y se postergará indefinidamente —o nunca se tendrá— el necesario proceso para la reconversión de los viejos astilleros de Bazán, hoy Navantia.

El Ejecutivo de Sánchez ha cambiado el rumbo para evitar un conflicto diplomático con Arabia Saudí. Los artífices de ese cambio de política, según ha publicado el diario económico francés La Tribune, son los dos reyes de España, el emérito y el rey Felipe VI. Ambos realizaron labores diplomáticas, a petición de Sánchez, para que la pradera de las relaciones con Bin Salman no se incendiase.

A la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, y al ministro de Exteriores, Josep Borrell, les quedó la tarea de explicar a la opinión pública que las bombas son de precisión láser, omitiendo que la decisión de venderlas es ilegal si se tiene constancia de que se van a lanzar en un conflicto exterior a las fronteras saudíes. Paso atrás en materia de derechos humanos y de mínima decencia para un Gobierno que había generado expectativas en ese sentido.

La paranoia mediática alrededor de la tesis de Sánchez tiene un sentido. Es cierto que el chalaneo académico, el reparto de prebendas y, en definitiva, la corrupción que genera la falsificación de competencias y títulos, son un tema de importancia. Quizás también lo es que el tema de la tesis fuera la diplomacia económica, que su Gobierno ha puesto en práctica por delante de los derechos humanos.

A estas alturas de la película, nos conformamos con que nuestro Gobierno —no formado por puros y anacoretas— no favorezca el exterminio de población civil. Con que no nos convierta en cómplices pasivos de la muerte de miles de personas. Sánchez ha fallado en ese test, de un alcance ético superior a cualquier otra prueba. Y lo que queda, más allá del reproche político, es una tristeza y un derrumbe moral que ningún algoritmo puede sondear.