Opinión
Transición verde: entre la urgencia climática y el conflicto territorial

Este verano la tercera ola de calor de junio llegó antes de que termine la primavera. Mientras el trumpismo reactiva el «drill, baby, drill» y las derechas reaccionarias consolidan su avance global con promesas de retorno a la abundancia fósil, Euskal Herria permanece en un debate energético intenso pero inconcluso. La paradoja es conocida, una región altamente industrializada, dependiente del exterior y con una elevada huella material todavía no ha resuelto cómo, quién y con qué criterios debe desplegarse la transición energética.

La primera constatación es clara: no existe justicia climática sin una reducción drástica y acelerada del consumo de combustibles fósiles. En un territorio como este, la salida del petróleo y el gas no es solo una exigencia ecológica, sino también una condición de autonomía material y de seguridad estratégica. Ahora bien, esa urgencia no resuelve por sí sola el problema político de la transición. La cuestión no es únicamente técnica ni moral, sino una disputa sobre escala, propiedad y poder. En ese plano se dirimen buena parte de las dificultades actuales.

El principal bloqueo a la descarbonización ha sido durante décadas el ejercido por las grandes corporaciones fósiles y por unas instituciones que no han logrado —o no han querido— planificar la transición al margen de estos intereses

Reconocer esa urgencia no implica aceptar cualquier forma de transición ni cerrar el debate sobre sus condiciones concretas. Con frecuencia, quienes cuestionan determinados proyectos renovables han sido situados en el mismo plano que el negacionismo climático bajo la etiqueta de «retardismo». Esa categoría, sin embargo, requiere precisión. El principal bloqueo a la descarbonización ha sido durante décadas el ejercido por las grandes corporaciones fósiles y por unas instituciones que no han logrado —o no han querido— planificar la transición al margen de estos intereses.

Dicho esto, tampoco toda oposición territorial puede considerarse legítima en estos mismos términos. Existen formas de localismo que, al absolutizar la defensa de un ámbito concreto y desatender la escala de la transición, terminan generando bloqueos que, en la práctica, favorecen la continuidad del régimen fósil. No se trata de deslegitimar esos conflictos, que a menudo expresan disputas reales sobre paisaje, propiedad o democracia, sino de no perder de vista la escala del problema. Entre la captura corporativa de la transición y la fragmentación de las resistencias locales se abre un campo de tensión que no puede resolverse mediante etiquetas simplificadoras.

En este marco, el principal problema en Euskal Herria no es la existencia de oposición social a las renovables, sino la inexistencia de una planificación pública capaz de ordenar su despliegue más allá de la lógica del mercado. La idea de que la transición podía basarse en la mera atracción de inversión privada ha mostrado sus límites: la volatilidad de precios, la incertidumbre regulatoria y un diseño de mercado que no tiene condiciones para garantizar la expansión ordenada del sistema renovable.

El resultado es una transición atrapada entre dos bloqueos. Por un lado, la urgencia climática; por otro, la dificultad para articular un proyecto colectivo de transformación material. En ese vacío se reconfiguran tanto los conflictos territoriales como las estrategias empresariales. La cuestión de fondo no es cuántos aerogeneradores caben en un valle, sino bajo qué formas de propiedad y decisión se organiza el sistema energético. Sin esa discusión, la transición corre el riesgo de griparse o de quedar capturada por los mismos actores que han gestionado el régimen fósil.