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Educación infantil
Cien familias y 25 trabajadoras en el alambre: la incertidumbre gobierna el futuro de una escuela infantil
Las dudas que se cernían sobre el futuro de la escuela pública infantil de Madrid, Señor Don Gato, en Valdebernardo, se empiezan a disipar, aunque no en su totalidad. La Consejería de Educación de la Comunidad asegura que todos los niños y niñas inscritas en el centro podrán comenzar el próximo curso, cuando la escuela pasará a ser gestionada directamente por la Administración regional.
Hasta ahora, la empresa Atreyu se había hecho cargo de su gestión, en la que se han dado graves anomalías, como no poder utilizar el agua de la caldera por sus elevados niveles de óxido, ni tampoco la cámara frigorífica, además de estar estropeado el aire acondicionado en algunas de sus aulas. La compañía ha dejado de pagar a sus trabajadoras desde abril, unas 25 personas, quienes se han quedado sin trabajo y la posibilidad de ser subrogadas a una nueva empresa. Lo denunciarán ante los tribunales.
Educación infantil
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Una educadora infantil afectada que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias laborales que tiene más de 10 años de experiencia en esa escuela, como más de la mitad de la plantilla, comenta que los problemas aparecieron en junio del año pasado. “Atreyu nos dijo que si aceptábamos un ERTE en agosto se solucionarían sus problemas económicos”, dice. Así lo hicieron. En cambio, a partir de diciembre de 2023 los retrasos en el cobro de las nóminas fueron algo constante.
“La Consejería de Educación nos dijo que no nos presentáramos a nuestro puesto de trabajo el 1 de septiembre. Tampoco nos daba ningún tipo de solución", afirma una trabajadora de la escuela
Llegados a marzo de 2024, las trabajadoras solo recibieron el 40% de su salario. El porcentaje restante lo cobraron a finales de mayo. Es decir, desde abril, estas trabajadoras que perciben el salario mínimo interprofesional han estado cumpliendo sus obligaciones sin recibir un solo euro por ello. Actualmente, con las pagas extras prorrateadas, la deuda que tiene Atreyu con cada una de ellas asciende a unos 6.300 euros, aproximadamente.
La incertidumbre no terminaba de aumentar entre las afectadas hasta que llegó lo peor: “La Consejería de Educación nos dijo que no nos presentáramos a nuestro puesto de trabajo el 1 de septiembre. Tampoco nos daba ningún tipo de solución porque decía que nuestra relación laboral era con Atreyu, no con ellos”, comenta la educadora.
Hasta este curso, en la escuela había unos 140 niños y niñas pequeñas matriculadas en cuatro clases de 0 a 1 año, otras cuatro de 1 a 2 años y tres más de 2 a 3 años. En cambio, muchos padres y madres optaron por no dejar a sus pequeños en el centro debido a los grandes desperfectos y deficiencias que tenía. “Un día ni siquiera pudimos abrir la escuela porque no había ningún encargado que supiera la clave de la alarma”, apuntilla la trabajadora.
“Incluso con la situación al límite, ellas no han faltado nunca, siempre han tenido atendidos a los niños, y eso que lo han pasado fatal económicamente”, comenta una madre sobre las trabajadoras
La escuela, de gestión directa por tiempo indeterminado
Tiempo después, la Consejería convocó una reunión con los progenitores a los que no estaban invitadas las empleadas. Marta, madre de un niño de 18 meses, afirma que optó por esta escuela infantil de Valdebernardo precisamente por la calidad de su equipo educativo. “Incluso con la situación al límite, ellas no han faltado nunca, siempre han tenido atendidos a los niños, y eso que lo han pasado fatal económicamente”, comenta en apoyo a las cuidadoras.
En ese encuentro, Educación les comunicó que la escuela pasaría a ser de gestión directa, aunque no de manera indefinida, a tenor de lo explicitado por esta madre afectada. “Nos dijeron que el centro pasaría a estar adherido a Los Almendros, un colegio cercano, pero de eso no hay nada oficializado. Además, se comprometieron a arreglar todos los desperfectos de la escuela, pero no pudieron afirmar que estuvieran preparados para septiembre”, añade.
La Consejería de Educación, por su parte, ha asegurado a El Salto que todos los niños y niñas matriculadas en dicha escuela tendrán una plaza en septiembre. En cambio, no ha respondido a otras preguntas formuladas por este medio, tales como si estará gestionada directamente por la Comunidad de Madrid, si los desperfectos estarán subsanados para el 5 de septiembre, por cuánto tiempo la escuela será de gestión directa, si a las trabajadoras se les ha dado alguna solución ante los impagos de una de las empresas adjudicatarias de la Consejería de Educación, o si Atreyu, la compañía que hasta ahora se ha hecho cargo de la gestión, será penalizada por la Administración pública.
El BOCM ha publicado la supresión de la escuela, pero nada respecto a su inclusión en el colegio Los Almendros, por lo que todo estaría en el aire todavía, más aún cuando el concurso de licitación ha quedado desierto
Contradicciones entre lo dicho y lo oficial
Aitor Portillo es el abogado laboralista que se está haciendo cargo del caso a nivel judicial, ya que la plantilla piensa recurrir a los tribunales. “La palabra que define la situación es incertidumbre, porque las noticias son contradictorias”, sostiene. Según este letrado, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado la supresión de la escuela, pero nada respecto a su inclusión en el colegio Los Almendros, por lo que todo estaría en el aire todavía, más aún cuando el concurso de licitación ha quedado desierto. Es decir, ninguna empresa privada quiere hacerse cargo de una escuela infantil que adeuda miles de euros a sus trabajadoras y sufre serios desperfectos en sus instalaciones.
Por otra parte, las trabajadoras afectadas conocieron hace unos días que Atreyu comenzó la tramitación de un ERE para todas ellas. “Nuestra intención es luchar por la continuidad de las trabajadoras siempre y cuando la escuela abra en septiembre, como pensamos que va a ocurrir”, agrega el abogado. Por ello, han exigido a la Comunidad de Madrid esta subrogación de la plantilla. Quedaría pendiente todavía la reclamación de cantidades de las trabajadoras hacia Atreyu.
La trabajadora afectada opina que este movimiento por parte de la Comunidad de Madrid es una forma de “quitarse toda la responsabilidad subsidiaria que pueden tener, tanto en cuanto a nóminas como a mantenimiento de la escuela”. Asimismo, reivindica la creación de cláusulas en las licitaciones que aseguren el correcto funcionamiento de este tipo de centros educativos. “Si una empresa no se hace cargo de lo más básico, como una caldera, debería existir un aval del que quitar el dinero que cueste la reparación. Y si no pagan a sus trabajadoras, la Administración debería poder intervenir para comprobar dónde está ese dinero público que se le ha dado a la empresa”, enfatiza.
“La Consejería solo nos ha dicho que el concurso ha quedado desierto y que a día de hoy se suprime el servicio de la escuela, pero a las familias les han comentado algo diferente”, asegura la trabajadora
Portillo señala que se han intentado poner en contacto con dicha compañía mediante varias vías, todas infructuosas. Lo mismo ha sucedido con la Comunidad de Madrid. “La Consejería solo nos ha dicho que el concurso ha quedado desierto y que a día de hoy se suprime el servicio de la escuela, pero a las familias les han comentado algo diferente”, asegura.
Por todo ello, el abogado actuará judicialmente tanto contra Atreyu como contra la Comunidad de Madrid, por ser la legítima responsable última de la gestión de la escuela infantil, siempre y cuando el centro Señor Don Gato abra sus puertas este septiembre con un nuevo equipo educativo.