Educación
La octava ley educativa cambia poco y obvia lo importante: ratios, segregación, fracaso escolar y Google

El lobby de las escuelas concertadas salió ayer a las calles para protestar, en coche, contra la ley Celaá, la octava ley educativa de la democracia española. En realidad, esta norma apenas cambia casi nada y solo revoca ciertos desfases establecidos en la Lomce por el ministro del Partido Popular Jose Ignacio Wert —como la obligatoriedad de sufragar públicamente la escuela concertada y los deseos del PP de frenar la inmersión lingüística—. Mientras, la actual norma se deja en el tintero abordar las necesidades reales de la educación y los nuevos conflictos: bajar las ratios, evitar la segregación, revertir las altas tasas de fracaso escolar y sacar a Google de las aulas.

Como resume Ana Pérez, del sindicato mayoritario en la educación del País Vasco, “la Lomce era una ley retrógrada que la comunidad educativa rechazó y la Lomloe modifica sus puntos más discutibles, pero estas últimas leyes tienen tan poco interés pedagógico que ni cuentan con profesionales de la educación para su redacción, sino con representantes políticos”.

Un diagnóstico que comparte con Lidón Gasull, portavoz de Affac, Associacions federades de famílies d’alumnes de Catalunya: “Se ha producido mucho ruido con esta ley, cuando todo el poder lo siguen teniendo las comunidades autónomas, y no es una ley revolucionaria que les exija grandes cambios”, zanja. 

Ratios

El profesorado de todo el Estado clama por una bajada de ratios. Sin embargo, la palabra ratio aparece cero veces en las 195 páginas que conforman el documento del proyecto de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), aprobado el pasado viernes en el Congreso por un solo voto de más (177 síes del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País-Equo y Compromís). Solo en una disposición final aparece el compromiso de extender en el plazo de dos años el gasto educativo a, como mínimo, el 5% del PIB, frente al 4,3% actual. La media europea se sitúa en el 6%.

“Los cambios de la ley son estéticos, no apuesta claramente por la educación pública”, sostiene Lidón Gasull, portavoz de las asociaciones de familias de Catalunya

Atender la diversidad o continuar segregando

En el Estado, una de cada cuatro familias lleva a sus hijos a una escuela concertada, porcentaje que se eleva a una de cada tres en Madrid y Catalunya y a la mitad de los escolares del País Vasco. Una red que supuestamente nació para ser complementaria de la pública y llegar donde esta no alcanza —lingüística, confesional o pedagógicamente— es, a día de hoy, punto de segregación socioeconómica, con una concertada que pasa de puntillas por la diversidad.

La nueva ley indica que la apertura de aulas de la concertada ya no podrá responder a la “demanda social” que requería la Lomce, y que las administraciones autonómicas debían atender sí o sí, para lo cual incluso tenían la potestad de ceder suelo público. Pero la portavoz del sindicato Steilas advierte de que “la Lomloe no establece vías de publificación, por lo que, aunque diga que quiere terminar con la segregación, no establece ni pasos ni mecanismos, como una oficina única de matriculación y bajar la ratio de alumnado y profesorado, porque si no la bajas, no puedes atender la diversidad”.

El presupuesto público de las escuelas concertadas seguirá dependiendo de los gobiernos autonómicos, que claramente son proconcertada en los casos de Madrid (PP), País Vasco (PNV) y Catalunya (JxCat). “Los cambios de la ley son estéticos, no apuesta claramente por la educación pública”, sostiene la portavoz de las asociaciones de familias catalanas.

El presupuesto público de las escuelas concertadas seguirá dependiendo de los gobiernos autonómicos, que claramente son proconcertada en los casos de Madrid (PP), País Vasco (PNV) y Catalunya (JxCat)

Cuotas

Resulta ambigua también la forma de la Lomloe de abordar las cuotas de la escuela concertada, que actualmente son ilegales pero se revisten de voluntariedad. El artículo 88.1  establece que los centros no podrán imponer a las familias cuotas obligatorias en las enseñanzas obligatorias que imparten (desde los seis hasta los 16 años), pero el punto 9 del artículo 117 indica que “en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el importe máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir de las familias”, y el artículo 116 establece “conciertos especiales” para los centros que atienden a “poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables, los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo y los que estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa, cuya especificidad será objeto de reconocimiento”. Bajo este paraguas, quizá muchos centros concertados puedan resguardar sus políticas económicas actuales.

Hola, La Caixa

De lo que no cabe duda es de que la Ley Celaá consigna lo que ya ocurre de facto, mediante acuerdos de colaboración, con La Caixa, la Fundación Bofill y, recientemente, Amazon. El artículo 122 promulga que los centros públicos podrán “obtener recursos complementarios, previa aprobación de su Consejo Escolar, en los términos que establezcan las administraciones educativas”. Este punto, que afecta especialmente a Catalunya, supone “una financiación encubierta a la educación pública mediante agentes privados”, advierte Gasull.

Educación patrocinada por Google

Gessamí Forner

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Gessamí Forner

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Familias, asociaciones y sindicatos alertan sobre los peligros de que los escolares tengan obligatoriamente su propia cuenta de Gmail desde los 10 años y trabajen con el ordenador portátil Chromebook.

Google dentro

La palabra Google tampoco aparece en una ley que no contempla frenar al gigante digital californiano, que se ha colado por la puerta de atrás en la vida de millones de menores a través de los ordenadores Chomebooks y su plataforma educativa Google for education. Al contrario, el proyecto que hoy camina hacia el Senado asume que el Ministerio de Educación “ofrecerá plataformas digitales y tecnológicas de acceso a toda la comunidad educativa, que podrán incorporar recursos didácticos aportados por las administraciones y otros agentes para su uso compartido”. Otros agentes. 

“Estamos dejando en manos de las plataformas hegemónicas la información del alumnado sin saber la intencionalidad. Cualquier interacción pasa a través de Google y parece que la tendencia es aprovechar la situación de la pandemia para implantar aún más lo digital. Es preocupante”, alerta Ana Pérez, sabedora de que existen experiencias positivas con plataformas de código abierto y servidores propios en algunos pocos centros escolares.

La ley Celaá tampoco introduce cambios respecto al calendario vacacional católico, por lo que la aleatoriedad de la Semana Santa sigue distribuyendo los periodos de trabajo y descanso del segundo trimestre del alumnado

Lengua vehicular y religión

Que la lengua española dejará de ser vehicular con la ley Celaá ha acaparado titulares, un punto que no existió hasta la ley Wert. El castellano hace años que no es vehicular en casi ninguna escuela vasca y catalana, aunque se mantiene en muchos centros del País Valencià, Illes Balears, Nafarroa y Galiza. Los territorios que tras la dictadura apostaron por la inmersión lingüística emprendieron un sendero que ha culminado con la casi desaparición de escuelas con castellano como lengua vehicular. Algo que desagradaba al PP: “Hay que españolizar a los niños catalanes”, afirmó José Ignacio Wert en la tribuna del Congreso de los Diputados en 2012.

“No teníamos problemas, pero llegó Wert, despertó muchos conflictos y acabó siendo una guerra. La nueva ley vuelve a la norma anterior, que fue un modelo de paz”, resume Lidón Gasull desde Catalunya. 

El PP también quiso blindar la religión católica. La ley Celaá, una vez más, deshace el camino andado por la derecha y declara la religión —no sola la católica— como optativa, sin asignatura espejo. La ética se impartirá a todo el alumnado de primaria en quinto o sexto curso (artículo 18) y “en algún curso” de secundaria (artículo 25.7), e introduce filosofía como obligatoria en los dos cursos de bachillerato. 

La ley Celaá tampoco introduce cambios respecto al calendario vacacional católico, por lo que la aleatoriedad de la Semana Santa sigue distribuyendo los periodos de trabajo y descanso del segundo trimestre del alumnado, en vez de sus necesidades reales educativas.

Sin abordar un cambio pedagógico y un profundo empujón de la Formación Profesional, así como la revisión de la edad de la educación obligatoria, resulta difícil imaginar que la tasa de repetición bajará por sí sola

Repetir curso

Cada sistema educativo tiene su característica: el alemán destaca por el pragmatismo y su unión con el mercado laboral, el francés por sus redacciones y alentar el espíritu crítico en el alumnado, el italiano por sus exámenes orales y exigirles confianza en sí mismos, el finés por su constante innovación pedagógica, el español por exigir memorizar y un alto índice de repetidores y de abandono escolar. En España se empieza a repetir desde tercero de primaria y no se termina hasta que concluye la educación obligatoria. El informe PISA de 2018 arrojó una tasa de repetición el 28,7% del alumnado, frente al 11,7% de la OCDE, y un abandono escolar del 17%. 

Sin abordar un cambio pedagógico y un profundo empujón de la Formación Profesional, así como la revisión de la edad de la educación obligatoria, resulta difícil imaginar que la tasa de repetición bajará por sí sola. Ante esta situación, la nueva ley educativa limita el número de repeticiones a una por ciclo, instaura evaluaciones al acabar segundo de la ESO e invitará a las familias a que sus hijos tomen una “diversificación curricular”. 

Funcionarios y estabilidad

La nueva ley tampoco cambia el sistema de oposiciones: los aspirantes a conseguir una plaza de profesor en la educación pública memorizarán 75 temas, que poco han variado en las últimas décadas —en literatura española apenas aparecen cuatro autoras—. Ni tampoco se establecen otras vías de consolidación de la plantilla para evitar la inestabilidad laboral, que redunda negativamente en la organización de las escuelas. “En el Estado, entre el 30 y el 40% de la plantilla es interina”, indica la portavoz del sindicato Steilas.