Ley de Extranjería
La extranjería como herramienta de precarización

Cada vez que se vuelve a hablar de una regularización extraordinaria, el debate público se llena de palabras como urgencia, excepcionalidad o humanidad. Se discute si ahora toca, si es el momento político adecuado, si la economía lo necesita. Pero rara vez se formula la pregunta más incómoda, ¿por qué hay tantas personas que necesitan ser regularizadas después de años viviendo y trabajando aquí?

En España, la irregularidad administrativa no aparece por casualidad. No es una suma de decisiones individuales ni un fallo puntual del sistema. Es el resultado previsible de una forma concreta de gestionar la migración. Y en Andalucía, donde el campo, los cuidados y la hostelería dependen de mano de obra barata y flexible, esta realidad no es una excepción, sino que es la norma.

Para tener papeles, la ley exige un contrato de trabajo. Pero para conseguir ese contrato, antes hay que haber trabajado sin papeles. Así funciona el sistema en la práctica. Personas que encadenan campañas agrícolas, trabajos en casas particulares o empleos en la hostelería sin derechos plenos, con la promesa siempre aplazada de que “cuando llegue el contrato” podrán regularizar su situación. No es una paradoja: es el recorrido habitual que marca la propia norma.

El resultado es fácil de reconocer. Personas que trabajan todos los días, que sostienen sectores enteros de la economía, pero que no pueden negociar sus condiciones, denunciar abusos o planificar su vida sin miedo. La amenaza de la expulsión, de perderlo todo por un papel que no llega, actúa como una forma eficaz de control. La irregularidad no solo precariza el empleo, precariza la vida entera.

Las regularizaciones extraordinarias llegan, casi siempre, cuando la situación se vuelve insostenible. Son necesarias. Permiten salir de un limbo jurídico a miles de personas y reconocen, aunque sea tarde, una realidad que ya existía. Pero también tienen un efecto menos visible: no cambian las reglas que produjeron esa irregularidad en primer lugar.

Cada regularización se presenta como un punto y aparte. Sin embargo, el sistema vuelve a funcionar exactamente igual al día siguiente. La residencia sigue dependiendo del empleo, el arraigo se sigue midiendo en contratos y no en vínculos reales, y perder el trabajo puede significar volver a perder los papeles. Así, la irregularidad no desaparece: se renueva.

El derecho de extranjería opera como un régimen distinto, donde los derechos no son estables ni plenamente garantizados. Para muchas personas migrantes, tener papeles no significa dejar de vivir en la precariedad, sino pasar a una versión ligeramente más segura de ella. La dependencia del empleador continúa, y la posibilidad de caer de nuevo en la irregularidad sigue estando siempre presente.

Por eso, el debate no puede limitarse a si habrá o no una nueva regularización extraordinaria. La pregunta de fondo es otra: qué modelo de derechos estamos dispuestos a sostener. Uno en el que la regularidad sea una carrera de obstáculos y la precariedad jurídica una condición permanente para quienes sostienen los trabajos peor pagados.

Hablar de migración hoy exige ir más allá del gesto puntual. Regularizar es urgente, pero no suficiente. Mientras el sistema siga necesitando personas sin derechos plenos para funcionar, la extranjería seguirá siendo una herramienta de precarización, y las regularizaciones, una forma de gestionar el problema sin resolverlo.