Violencia policial
La Ley Mordaza y el posibilismo mágico

Las Leyes de seguridad ciudadanas

La llamada Ley Mordaza o Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, fue aprobada por el Gobierno del PP, derogando la que existía con anterioridad; la llamada Ley Corcuera del PSOE. De entrada, este tipo de leyes de seguridad suelen afectar a derechos fundamentales de la persona y de los grupos, ya que el concepto de seguridad se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho e incluye el cómo ejercer el derecho a la libertad de expresión, manifestación, sindical…etc. También incluye cómo debe ejercer el Estado dicha coacción y violencia a través de sus agentes, y como novedad el PP incluyó la criminalización de la pobreza (venta ambulante, consumo de drogas…etc) y la cuestión migratoria a través de la legalización de las llamadas devoluciones en caliente.

Multas y represión

Tal y como afirma Amnistía Internacional  y otros colectivos como No Somos Delito, APDH-A…etc, después de 7 años en vigor, la Ley Mordaza se utiliza para recortar derechos, para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía y movimiento sociales y sindicales en general que actúan en la defensa de los derechos humanos. Según distintos medios de comunicación y de acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, entre los años 2015 y 2020 se han interpuesto 448.103 sanciones en Andalucía que, en términos económicos, ascienden a una cuantía de algo más de 267 millones de euros. Con 108.249 multas, Málaga es la provincia que más sanciones acumula, seguida de Sevilla, con 76.316, y Almería, con 69.012. Según las mismas estadísticas del Ministerio del Interior, de 2015 a 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones por “desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, así como la negativa a identificarse” y “faltas de respeto a la autoridad”, acciones catalogadas como infracciones graves y leves, correspondientemente, según el artículo 36 y 37 de dicha norma.

Promesas incumplidas de derogación

Todos los partidos a la izquierda del PP plantearon en sus programas electorales la derogación de dicha ley de seguridad y la aprobación de otra que garantice el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Así dicha cuestión fue uno de los acuerdos centrales del Gobierno de coalición “más progresista de la historia”. Sin embargo, a dicho Gobierno le vino bien que la norma estuviera vigente durante estos años, como por ejemplo durante el estado de alarma, dónde la arbitrariedad y desproporcionalidad en el ejercicio de la autoridad por parte de la policía fue noticia en muchos medios de comunicación. También le viene bien a Marlaska, en su política migratoria. La utilización criminal de la figura de las devoluciones en caliente, es decir, la expulsión de personas migrantes o refugiadas sin que tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo.

La semana pasada, en la reunión de la Comisión de Interior del Congreso, acordaron no llevar a Pleno la modificación, impulsada por el PNV y apoyada por PSOE y Unidas Podemos, de la Ley Mordaza. Los socios habituales, ERC y Bildu votaron en contra, entre otras cuestiones, porque no se limitaba la discrecionalidad policial, no se regulaba el uso de las pelotas de goma por parte de las unidades de antidisturbios y por el mantenimiento de las devoluciones en caliente. Evidentemente también había avances pero muy leves cómo la proporcionalidad de las multas.

La realidad es que en tres años no ha habido voluntad política para derogar dicha norma, posiblemente tanto por cuestiones de utilidad interna (herramienta represiva), como por cuestiones de presión externa (sindicatos policiales). En definitiva, por intereses electorales y electoralistas.

Posibilismo mágico

Aunque no es una buena noticia, tampoco lo es el intentar aprobar una norma maquillada que no resuelve los problemas de las personas, y que sobre todo deja en la cuneta a los más débiles de la cadena, como son los migrantes que desobedecen el sistema de fronteras. No es admisible que el PSOE y que el secretario general del PCE, Enrique Santiago, equipare a todo el que esté en contra de dicha reforma a que coinciden con los ultras de los sindicatos policiales como JUSAPOL. Tampoco es admisible escoger entre lo malo y lo peor, en una especie de posibilismo mágico que no se cree nadie, y que políticamente está destinado al fracaso.

Las víctimas de la violencia policial y los  muertos en la valla de Melilla y los torturados en Marruecos, se merecen respeto, memoria y reparación, y eso parece ser que no vendrá con estos representantes políticos. Al menos en esta legislatura. Ya veremos las promesas de la siguiente.