Agricultura
La patronal del campo y su cuestionado patriotismo

A la espera de conocer si el período transitorio negociador entre la UE y EEUU tiene algún tipo de resultado, lo cierto es que la tensión arancelaria de la administración norteamericana tiene en el campo español a una de sus principales víctimas.

Aunque el análisis de la exclusiva esfera política (si es que ésta pudiera existir de forma aislada), no esté entre los objetivos de este espacio, sí que nos interesa una mirada crítica sobre sus conexiones e interrelaciones con nuestro proceloso mundo de las relaciones laborales. Y empezando por lo más básico, es obvio que se pueden colegir las alianzas (con mayor o menor profundidad) entre los diferentes actores de las relaciones laborales y las fuerzas políticas existentes.

Hay sobrada literatura sobre la conexión, otrora con mayor evidencia, entre las confederaciones sindicales de clase (CC.OO., UGT y otros sindicatos minoritarios), y las organizaciones políticas consideradas de izquierda. Y de la existencia de intereses comunes entre la gran patronal española CEOE y la derecha política de nuestro país. Escenario éste, en el que se vislumbra con especial intensidad una clara alianza en los últimos tiempos entre la ultraderecha española y la principal organización empresarial del sector agrario, ASAJA.

Y es aquí donde queremos detenernos para sacar a relucir las contradicciones que suelen aparecer cuando monopolísticamente se pretende representar desde una exclusiva organización –normalmente perteneciente a CEOE- los intereses colectivos de todo el tejido empresarial, como si ello fuera posible. La complejidad de los sujetos que intervienen en el campo, de las organizaciones empresariales y sus intereses, no caben en una pulsera rojigualda.

Pues las costuras de la bandera se resquebrajan. La ultraderecha española forma parte de esa internacional reaccionaria; es decir, los neonazis de toda la vida. Y como no puede ser de otro modo, lo hace bajo la ideología del servilismo o vasallaje que caracteriza a quienes entienden “la cosa pública” como relaciones de poder entre las personas donde predomina un monarca, emperador, un dictador o líder supremo.

La adulación de sus voceros y la obediencia debida al “neo emperador mundial”, Donald Trump, deberían anular cualquier argumentario político de corte patriótico, en la medida que los intereses de nuestro sector agroalimentario se ven claramente en entredicho. Y es que, cuando tu supuesto valor y aportación a todo un sector de la población, el del campo en términos amplios, no va más allá que el de enarbolar una bandera, pues es normal que a las primeras de cambio se caiga todo el castillo de naipes.

La guerra arancelaria de Donal Trump supone un ataque al sector agroalimentario español. Así, sin mayores matices. Y entonces va a resultar que los amigos del psicópata norteamericano ya no son tan patriotas como parecían, pues sencillamente actúan contra los intereses de sus propios “compatriotas”, la gente del campo.

Respecto al socio “político” de esta ecuación no merece la pena detenerse más, pues sus correligionarios tampoco es que se caractericen por la coherencia crítica, pero mayor dificultad comprensiva se requiere sobre la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) como la principal organización de representación de los intereses del sector agrario; al menos de las grandes explotaciones. Aunque no será la primera vez que distingamos entre los intereses de los dirigentes de las organizaciones y de las estructuras en sí mismas, del interés de aquellos a quienes pretenden representar. Pero esas explicaciones, que las den otros.

Lo cierto es que no existe ningún otro sector de actividad como el agroalimentario, que cuente con un entramado tan complejo en la configuración de la representación colectiva de los intereses profesionales. Tanto a nivel sindical (que no es objeto de este artículo) como empresarial; pues además participan otros sujetos que no son taxativamente trabajadores o empresarios. Los pequeños agricultores con frecuencia se alejan de esa lógica del “par capital-trabajo”, pues no en vano a lo largo de una temporada llegan a veces a ser a la vez trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia o empleadores; al margen de la lógica del cooperativismo de primer o ulterior grado tan relevante en el ámbito agrícola-ganadero.

Pues bien, esa diferencia de intereses, nos ha llevado tradicionalmente a separar la clásica patronal ASAJA, de las organizaciones de pequeños agricultores o trabajadores autónomos del campo, donde han destacado la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) que incluso forman parte (en una clara ficción jurídica) de la estructura del sindicato UGT o la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) que, con su independencia, mantuvo históricamente una tradicional relación con CC.OO.

Pero lo cierto es que en última instancia tanto UPA como COAG, en lo que se refiere a la institucionalización del conflicto y la expresión de la autonomía colectiva en el sistema de relaciones laborales, se van a situar irremediablemente en el banco empresarial. Así puede comprobarse en la firma de algunos de los convenios colectivos de ámbito provincial en el campo andaluz, pues junto a ASAJA (presente en todos ellos), en los convenios firmados también vemos la participación tanto de UPA -en el caso de Jaén-  como de COAG en los convenios colectivos de Almería, Granada y Córdoba. Es por lo tanto “falaz” la consideración que con frecuencia vemos en diversos medios al referirse a todos ellos –incluso a ASAJA- como “sindicatos agrarios”.

Se puede advertir la complejidad de este panorama representativo. Baste observar cómo en fecha muy reciente han cambiado los criterios de medición de la representatividad, incluyéndose en el seno de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio (actuando como “ley escoba”) una Disposición Adicional Sexta sobre la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal, y que supone la derogación de la anterior Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. Es pronto para saber si será ya un asunto resuelto, pero desde luego nada pacífico.

Y todavía se puede ampliar ese embrollo representativo con la puesta en escena desde 2008 de una organización agraria que comienza a tener cierta presencia en algunos territorios españoles (Extremadura, Madrid, Cataluña o Castilla y León) como es la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que en cierto modo se organizaron en torno a una escisión de la COAG.

Y qué decir, del vasto mundo del cooperativismo agrario. Las cooperativas agroalimentarias como sujetos que participan de los procesos de producción, pero que en la expresión de sus intereses colectivos han permanecido al margen del tradicional asociacionismo empresarial. Lo ocurrido en Andalucía con la quiebra de la estructura territorial de la Confederación Empresarial para la Economía Social (CEPES) requeriría un capítulo aparte, pero lo cierto es que nos vamos a encontrar con una organización como “Cooperativas agro-alimentarias Andalucía” (heredera de la extinta Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias- FAECA) que formando parte de su estructura estatal del cooperativismo agrario, presenta la incongruencia de pertenecer a su vez a la “patronal clásica andaluza”, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), mientras que su matriz estatal, no solo no está en la CEOE, sino que pertenece a  CEPES España como principal organización representativa de la economía social, y que históricamente ha pretendido reivindicar ese espacio propio; casi a modo de “espina clavada” en el intento de la CEOE en su pretendida “unidad orgánica”.

Pero centrándonos en lo que nos ocupa, una vez contextualizada la diversidad de sujetos del mundo agrario -y a pesar de ello-, no hay en absoluto que desmerecer la exhibición de una importante “unidad de acción” en los últimos tiempos en una defensa de posibles intereses generales del campo español por parte de los diversos sectores. Y tiene su mérito. Pero al menos desde una posición de observador, nos viene pareciendo inaudito esa muestra de unidad ante la diversidad de los intereses en juego.

Desde luego, en una postura de trazo grueso sobre la “defensa del campo español” puede ser que se puedan encontrar todas estas organizaciones en un mismo espacio. En cierto modo, es lo que ocurrió en España hace algo más de un año, que podrán recordar con ciertas movilizaciones en la primavera de 2024 que, tras un efecto de imitación procedente de otros países europeos, se sacaron los tractores a la calle con reclamaciones sobre el mantenimiento del gasóleo profesional, la simplificación de la PAC, la mejora de la financiación o la reducción de la burocracia.

Pero lo que más llamaba la atención era ver a todos con el mismo “chaleco amarillo” y al frente de la pancarta, en la más recurrente e incuestionable de sus demandas; aquella de justicia para los precios agrícolas percibidos por los productores; aquello de la “ley de cadena alimentaria” y la necesidad de protección frente a especuladores y abusadores. ¿Quién fija esos precios? ¿De qué depende? ¿A quién beneficia? ¿Todos los actores tienen aquí los mismos intereses? ¿Quién defiende los intereses de nuestros compatriotas, agricultores, trabajadores del campo y consumidores?

Llegado el caso, deberían aparecer las contradicciones entre los pequeños agricultores y los más poderosos empresarios del campo español (fondos de inversión incluidos), con ASAJA como su principal organización de referencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la superficie agrícola utilizada en España se ha reducido un 1,6 % entre 2020 y 2023; sin embargo, el número de explotaciones agrícolas durante ese mismo periodo se reduce un 12,4 %. En consecuencia, aumentan las grandes explotaciones agrícolas en detrimento de las pequeñas, pues la superficie media por explotación ha crecido en tres años el 13,2 %.

ASAJA que representa claramente a los más importantes empresarios del campo español, tiene una significativa influencia, presencia (pertenece a ella) y relación con la confederación CEOE. Hay algún caso significativo, como el de Huelva con una potentísima actividad agroalimentaria principalmente en el subsector de los frutos rojos, donde su presidente lo es a su vez de la propia Federación Onubense de Empresarios, que agrupa al tejido empresarial por sectores a nivel provincial, y que por lo tanto forma parte directamente de la propia Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Por cierto, la misma persona que recientemente ha sido nombrado igualmente vicepresidente de CEPYME.

Y nos preguntamos si la CEOE defiende o no la principal de las reivindicaciones del campo español, es decir si hay que articular mecanismos de control sobre los precios ínfimos que las grandes distribuidoras imponen a los agricultores, y que posteriormente multiplican exponencialmente a los consumidores. Así podríamos pasar la prueba del algodón del patriotismo de la patronal.

La organización FACUA-Consumidores en Acción, ha realizado recientemente un análisis comparativo sobre el precio en origen y en los puntos de venta de una decena de productos entre los que hay frutas, verduras, legumbres y aceites, revelando un encarecimiento de hasta el 583% (caso de los limones) en el precio de determinados alimentos básicos en los supermercados con respecto a su precio en origen. La toma de precios se realizó en los supermercados Mercadona, Dia, Alcampo, Eroski y Carrefour, y se observaron abrumadoras diferencias entre lo que el agricultor cobra y lo que el supermercado vende: 300% en garbanzos, 433% en cebollas, 243% en manzana golden o 220% en zanahorias. Vean el informe.

Querríamos saber a continuación en qué organizaciones empresariales están agrupadas estas destacadas empresas del suministro y la alimentación. Desvelemos el misterio. La principal organización empresarial de la distribución alimentaria es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) a la que están asociadas firmas como Aldi, Alimerka, Covirán, Día, Lidl, Mercadona o Spar. Junto a ella, existe otra importante organización patronal que amplía algo más el foco de la alimentación; se trata de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) a las que pertenecen empresas del tipo de Eroski, El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo.

Debemos recordar que la gran patronal española CEOE es una confederación que agrupa a las organizaciones territoriales intersectoriales (las patronales de las provincias y las comunidades autónomas) y las organizaciones nacionales sectoriales. Pues bien, tanto ASEDAS como ANGED son dos de esas organizaciones que configuran la CEOE. Pues sí, al mismo nivel que ASAJA y junto a CEPYME.

Así, las incoherencias deberían estar patentes, pues cabría preguntarse de qué lado está la CEOE o cómo se puede mostrar la virulencia contra los abusadores de precios si se está en la misma estructura representativa, o cómo se puede compartir la pancarta contra la especulación agraria. Y es que, aunque se compartan raíces etimológicas o pulseritas rojigualdas (más allá del sentimiento identitario de cada uno igualmente respetable) “patria” y “patronal” no siempre coinciden. ¡Bueno… ya saben qué bandera tiene el dinero!