Universidad de Sevilla
La Plataforma US x la Pública planta cara a los recortes en la universidad

La Universidad de Sevilla (US) afronta uno de los momentos más críticos de este siglo. Arrinconada con unos presupuestos que cada año son más insuficientes, la Hispalense es arrastrada al abismo de los recortes. El pasado 23 de junio, se presentaba en el Consejo de Gobierno un plan de recortes que no se ha negociado ni sometido a debate público con la comunidad universitaria. Ese mismo día la Plataforma US x la Pública convocaba una concentración en la puerta del rectorado para expresar su rechazo a unos recortes inadmisibles e injustificados. Detrás de estos recortes está la Junta de Andalucía, que con los reiterados incumplimientos en el modelo de financiación pactado está llevando al conjunto de universidades andaluzas a una situación de asfixia, mientras aprueba a velocidad vertiginosa numerosas universidades privadas que no cumplen los requisitos de calidad. Esto es adelgazar lo público para engordar el negocio privado. Entre septiembre de 2023 y julio de 2024, el número de universidades privadas en Andalucía pasó de una a cinco en un periodo de apenas diez meses, a la vez que se niega una financiación justa a las universidad públicas.

En los últimos años, la Universidad de Sevilla ha tenido problemas para cubrir el capítulo I y el capítulo II de los presupuestos, correspondientes a gastos de personal y gastos corrientes (suministros, materiales, etc.). Respecto a los gastos de personal, a las trabajadoras y trabajadores se les adeudan complementos de su salario que corresponden a la Junta de Andalucía. Es decir, hay personal contratado al que sistemáticamente no se les está pagando parte de su sueldo. Sobre los gastos corrientes, la Universidad de Sevilla ha reducido desde 2023 más del 3 % el presupuesto. Teniendo en cuenta el incremento del IPC, el recorte sería de casi un 10 % en tan solo dos años. Esta situación supone una falta de recursos a disposición de la comunidad universitaria, traduciéndose en una paulatina precarización de las condiciones laborales y del servicio.

De este modo es como la Junta de Andalucía ha llevado a las universidades públicas a una situación de asfixia financiera que las obliga a firmar pactos en los que se imponen condiciones leoninas mediante los “contratos programa“, cuyo único objetivo es atacar a la calidad del servicio público.[1] Y, mientras la Junta de Andalucía mantiene una deuda de 50,2 millones de euros con las universidades públicas andaluzas, presume de tener superávit y fomenta la creación de universidades privadas, que excluyen a la mayoría de la sociedad andaluza de una educación universitaria, cuando no suponen un importante endeudamiento de las familias.

En el Consejo de Gobierno de la Hispalense del 23 de junio se presentó un plan de recortes de 16 millones de euros bajo el título “Plan de Eficiencia Organizativa para la Sostenibilidad Presupuestaria” (PEOSP). Con carácter previo, la representación de los trabajadores había manifestado su oposición a este plan de recortes, señalando la falta de concreción en las medidas y de estudio de su alcance económico e impacto en la calidad del servicio. Estas carencias se han mantenido en el Consejo de Gobierno durante la presentación del PEOSP y el documento aún no ha sido entregado a los representantes de la comunidad universitaria para su estudio.

Sin embargo, los recortes ya se aplican de facto en las distintas facultades. La Plataforma US x la Pública ha lanzado la iniciativa Recortesleaks, que consiste en un formulario electrónico para que cualquier persona de la comunidad universitaria pueda registrar de manera anónima los recortes que están afectando en el día a día. Son numerosas las comunicaciones recibidas en relación con los recortes en el plan propio de investigación, donde se observa un inusual retraso en las convocatorias de iniciación, para PTGAS que apoya proyectos de investigación y para la asistencia a congresos. También destaca la reducción de grupos de estudiantes en la Facultad de Enfermería, lo que obligará a rehacer toda la planificación docente, la no reparación y paralización de mejora de infraestructuras, presupuesto cero para innovación docente y la eliminación de becas para cooperación internacional. A todo esto, hay que sumar el recorte del 20 % en todos los departamentos y facultades. Las consecuencias son la masificación de grupos, dificultad o imposibilidad de desarrollar metodologías docentes activas con procesos de evaluación continuada y déficit en formación práctica mediante seminarios, laboratorios y salidas a campo.

En la concentración del pasado 23 de junio, en la que participaron alrededor de 300 personas, se celebró una asamblea en la que intervinieron estudiantes, PDI y PTGAS. El mensaje de la comunidad universitaria movilizada fue claro. No se aceptará ningún recorte y se exige la financiación suficiente y estable que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y la investigación para afrontar los retos del siglo XXI. Desde la Plataforma US x la Pública se reclama, como mínimo, el cumplimento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con la inversión del 1 % del PIB en la universidad pública. Tal y como recoge el preámbulo de la LOSU: “Alcanzar un mínimo de financiación pública del 1 % del PIB (…) debería ser una exigencia de todos y todas”.[2] Por todo ello, la Plataforma US x la Pública insta a la rectora Carmen Vargas a que retire el PEOSP y se acerque a la comunidad universitaria para denunciar de forma conjunta la estrategia privatizadora de Juan Manuel Moreno Bonilla.