Junta de Andalucía
A río revuelto, ganancia de pescadores

La Junta de Andalucía ha sacado adelante el Decreto-Ley 2/2020 que barre con garantías esenciales en materia de política económica, urbanística, medio-ambiental, comercial y de telecomunicaciones de nuestra comunidad. La norma ha sido aprobada con solo el voto favorable de los 10 diputados y diputadas de la derecha en la Diputación Permanente del Parlamento, por haberse tramitado por la vía de urgencia de forma injustificada.

Inicio XI Legislatura Parlamento Andalucía 02
El gobierno andaluz ha aprobado, en plena pandemia, un paquete de medidas no urgentes que afecta a materias esenciales.
Abogada, socia de Abogad@s en Red Cooperativa Andaluza
6 abr 2020 18:44

Un día antes de la declaración del Estado de Alarma, entraba en vigor el Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, publicado en el BOJA nº 4 de 12/03/2020. La redacción del proyecto ha llevado casi un año y no ha contado con la colaboración de los agentes sociales colectivos; pero su convalidación por la Cámara se hace por el trámite de urgencia, con lo que sólo ha sido debatido por la Diputación Permanente. Su tramitación y aprobación se producen en unos momentos en que la alarma generada por la pandemia del coronavirus ha impedido la movilización social que, sin duda, generaría en cualquier otro momento.

Porque como su propio nombre indica, la norma ha modificado elementos esenciales de la actividad productiva andaluza, simplificando trámites y garantías; lo que conlleva la eliminación de control por parte del sector público en materias tan sensibles como urbanismo, medio-ambiente, comercio y telecomunicaciones. De hecho, el Decreto-Ley 2/2020 modifica más de 26 normas autonómicas, algunas de las cuales habían sido aprobadas por unanimidad en la Cámara.

La norma aprobada modifica leyes autonómicas para, entre otras cosas, eliminar controles administrativos en materia urbanística y medioambiental, facilitando la instalación de grandes infraestructuras (puertos deportivos, campos de golf), recortando plazos para la aprobación de Planes Urbanísticos, eliminando la obligación de someter a impacto medioambiental determinadas actuaciones sobre suelo no urbanizable, permite dejar los suelos contaminados, eliminar la obligación de alcantarillado y depuración de aguas residuales a nuevas urbanizaciones, etc.

Además, se facilita la privatización del patrimonio agrario público, se permite la ampliación de horario comercial a las grandes extensiones, se abren las puertas a la privatización de emisoras y televisiones municipales… entre otras muchas modificaciones sobre el modelo productivo andaluz. Medidas encaminadas, en cualquier caso, a dejar abiertas las puertas para que las empresas privadas puedan enriquecerse, a costa de la riqueza de nuestra tierra. Para ello era necesario reducir el control público.

Ejemplo de las puertas que abre la norma es el megaproyecto conocido como “Plan Larios” que incluye campo de golf, urbanización con 680 viviendas de lujo y varios hoteles, en zona declarada como Bien de Interés Cultural en Maro (Málaga).

Se hace evidente la voluntad del gobierno andaluz de traer a nuestra tierra un modelo caduco, en donde el mercado y la empresa privada son los que controlan la actividad productiva y los recursos naturales en su propio beneficio. Instaurando un modelo productivo que ya ha evidenciado sus nefastos efectos con la crisis económica del 2008, de la que todavía no nos habíamos recuperado.

Para ello era necesario eliminar los controles públicos y las garantías normativas. Y se ha hecho utilizando un trámite parlamentario, el de urgencia, que evita el debate de todo el arco parlamentario, restringiéndolo a los 18 diputados y diputadas que conforman la Diputación Permanente. Y nos gustaría saber ¿cómo se ha justificado esa urgencia? Porque por más que se estudien las modificaciones aprobadas no se ve el carácter urgente por ningún lado… como no sea aprovechar el estado de alarma de la ciudadanía para colarnos esta norma sin capacidad de reacción. Estamos hablando de alevosía, aprovechándose de un momento histórico en que la mayoría estamos en nuestras casas, sin capacidad de movilización real contra estas decisiones.

Se hace evidente la voluntad del gobierno andaluz de traer a nuestra tierra un modelo caduco, en donde el mercado y la empresa privada son quienes controlan la actividad productiva y los recursos naturales en su propio beneficio.

Y entendemos que, precisamente, la norma aprobada va contra todo lo que nos está enseñando esta pandemia:

  1. Que los seres humanos somos vulnerables e interdependientes y que, por ello, necesitamos que el grupo social en el que estamos insertos, proteja y cubra nuestras necesidades esenciales cuando lo necesitamos. Por ello, en esta crisis sanitaria, las actividades que más se valoran y aplauden son aquellas vinculadas a la Teoría de los Cuidados (Sanidad, alimentación, limpieza, trabajo social, …). Actividades que no generan beneficios económicos, pero que son esenciales para un desarrollo equilibrado y justo de nuestra sociedad. Por eso es necesario que lo público ponga su atención en estas actividades y funciones.
  2. Que el mercado, la iniciativa privada, no lo va a hacer. Porque lo privado sólo está cuando hay beneficios y rendimiento económicos. Porque si hay pérdidas, para eso está lo público. Ya lo vimos en los rescates de los bancos. Y lo estamos viendo ahora, dolorosa y tristemente, con la sanidad y las residencias para mayores.

Y, ya nos gustaría que saliésemos de esta crisis con la conciencia de que no sólo somos seres vulnerables e interdependientes, si no también eco-dependientes; porque es evidente que esquilmar la naturaleza en beneficio de los bolsillos de unos pocos, sólo conlleva destrucción, negando el futuro de la humanidad.

Las principales organizaciones medioambientales ya se han manifestado contra el “inaceptable retroceso histórico en las garantías ambientales” y lo consideran un “grave ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública”. Por su parte, la oposición en el Parlamento Andaluz ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional.

Sobre o blog
Realidades jurídicas, sociales y económicas desde una perspectiva transformadora. Coordinado por Autonomía Sur Cooperativa Andaluza.
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#55666
6/4/2020 23:25

La derecha que gobierna Andalucía actúa sibilina aprovechando el estado de excepción que vivimos, tan mezquina y ruín en el mundo entero

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#55658
6/4/2020 22:50

Felicitar a la abogada por sus análisis tan certeros

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