Filosofía
Las tareas de la Política ante la crisis tecnológica del Estado de Derecho

TECNOCRACIA Y NEOLIBERALISMO

Durante las últimas décadas la toma de postura de la Política respecto a la Técnica ha estado dominada por una progresiva asimilación de los términos “tecnocracia” y “neoliberalismo”. Este último planteó una renovación de la ideología económica liberal cuyo principal objetivo ha sido la liberalización y/o privatización de los servicios públicos y asistenciales proporcionados por el Estado de Bienestar. El primero, en cambio, ha estado funcionando como una legitimación supuestamente científica (postulada como necesaria e inapelable) de dicha ideología, de modo que las principales decisiones político-económicas debían ser tomadas únicamente por “expertos”. Concretamente, por expertos en Economía y/o Derecho. En otras palabras, la tecnocracia es el discurso legitimante que la ideología neoliberal utiliza para oponerse a una Política concebida como el ámbito de la decisión colectiva. El problema con este modo de plantear la relación entre Técnica y Política es triple:

En primer lugar confunde la Técnica con la visión ilustrada de la Ciencia. Presume que la Técnica es un ámbito dominado por la exactitud, la necesidad, la Verdad y la (pre)determinación o “cierre” del futuro, cuando en realidad es todo lo contrario. La Técnica “abre” el futuro a una indeterminabilidad mucho mayor. No pre-establece caminos necesarios, sino que abre posibilidades insospechadas.

En segundo lugar, confunde el ámbito de lo real-material (producción técnica o “valor de uso”) con el de lo simbólico-virtual (“valor de cambio”), pretendiendo hacer pasar por técnicos a quien no lo son y con-fundiendo las disciplinas técnicas con las sociales. El perfil académico que organiza la producción material de y en las sociedades tecnológicas es el ingeniero, en modo alguno el economista. El ingeniero pro-duce el valor de uso. El economista únicamente contabiliza el valor de cambio.

En tercer lugar, pretende hacer creer que el Derecho aún tiene la capacidad de organizar la sociedad a través de la Ley. Presume, como un incuestionable principio a priori, que el Estado de Derecho sigue vigente y que el modelo de Constitución iniciado con la Revolución Francesa como garante de los Derechos y Libertades Fundamentales de los individuos frente al Poder Público también es capaz de controlar por sí solo la conducta de aquellas entidades que tienen a su disposición los últimos avances de la Técnica, normalmente empresas privadas.

TECNOPOLÍTICA Y eSTADO DE DERECHO

En clara oposición al modelo neoliberal, la postura mayoritaria hasta ahora seguida por la izquierda anticapitalista ha consistido en intentar desarticular los dos primeros problemas. Frente a la legitimación tecnocrática del neoliberalismo que intenta reducir la decisión Política al ámbito de “los expertos”, autores de distintas ideologías han vuelto a incidir en una conceptualización de la Política como decisión colectiva o “común”. En lo que respecta al segundo problema, no es necesario recordar que uno de los principios tradicionales del marxismo siempre ha consistido en la crítica de todas aquellas prácticas economicistas que postulan la preeminencia del valor de cambio frente al valor de uso.

Según Forsthoff, después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló “la sumisión del Derecho a la Técnica” en todos los ámbitos del Estado de Derecho: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El tercer problema –la capacidad del Estado de Derecho para controlar una Técnica que se presupone erróneamente como una herramienta neutral– es donde la actual estrategia de la izquierda democrático-parlamentaria permanece aún demasiado ligada a ideologías políticas obsoletas. Tal y como no se cansó de afirmar Ernst Forsthoff –uno de los juristas alemanes conservadores más reconocidos del Derecho Constitucional y el Estado de Bienestar durante las décadas de 1950 y 1960– es que si hay algo que quedó patentemente demostrado después de la Segunda Guerra Mundial fue “la sumisión del Derecho a la Técnica” en todos los ámbitos del Estado de Derecho: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La sumisión del poder legislativo se hace patente si comparamos el número de Leyes o Reales Decretos-Ley aprobados por el Congreso de los Diputados en un año (entre 20 y 80 habitualmente) frente al de Reales Decretos y demás reglamentos técnicos (casi siempre superior a 1.000) aprobados directamente por la Administración Pública, pues se entiende que es únicamente aquella la que tiene la capacidad técnica para redactarlos, eludiéndose de este modo el procedimiento establecido para la aprobación de Leyes y la posibilidad de discusión pública de las mismas por parte del poder legislativo. 

Respecto a la sumisión del poder judicial, el propio Forsthoff comentaba cómo a lo largo de su labor como juez del Tribunal Constitucional de Chipre se encontró en más de una ocasión con la imposibilidad de hacer efectivas las sentencias emitidas por dicho tribunal debido a que la parte condenada aducía la “imposibilidad técnica” de su cumplimiento debido al modo de funcionamiento de los sistemas empleados en la mecanización y automatización de los servicios públicos. Además, aludía también a la situación “imposible” de un juez de la jurisdicción contencioso-administrativa, dado que jamás podrían tener los conocimientos técnicos necesarios para comprender todas las normativas y reglamentos que se debían aplicar, quedando por ello obligados a recurrir a los informes de los técnicos, siempre discrepantes entre sí según se encargaran a petición de la parte demandante o de la demandada.

Por último, la sumisión del poder ejecutivo era identificada por Forsthoff en el hecho de que los avances exponencialmente acelerados de la tecnología eran desarrollados fundamentalmente fuera de las instituciones y organismos públicos, generándose un progresivo déficit de competencia en las tareas de fiscalización y supervisión por parte de la Administración Pública respecto a aquellos que desarrollan y emplean tales tecnologías. Lo que se planteaba Forsthoff era cómo iba a ser posible supervisar la acción de aquellas empresas que precisamente producen las herramientas de fiscalización utilizadas por los organismos públicos supervisores.

La tecnocracia neoliberal tiene que ser sustituida por una Tecnopolítica del común que garantice el acceso abierto a la misma a todos sus potenciales usuarios. La próxima revolución Política será Técnica o no será.

Desde una posición completamente anti-neoliberal avant la lettre, Forsthoff enfocó una de las cuestiones clave que deberían guiar todas las luchas de la izquierda anticapitalista en las sociedades tecnológicas: “Todos los problemas políticos se convierten en problemas técnicos”. Por supuesto, ello no quiere decir que las decisiones políticas tengan que ser dejadas al arbitrio de unos “expertos” que se presentan a sí mismos como guardianes de la Verdad. Lo que quiere decir es que la estrategia de las luchas anticapitalistas no puede seguir limitándose a lo que hasta ahora hemos entendido por Política, ya sea tanto dentro (Partidos y Sindicatos) como fuera (Movimientos Sociales) de las instituciones estatales. La izquierda anticapitalista está obligada a desarrollar un nuevo eje de lucha si quiere poder acceder a una toma de poder efectiva. En el siglo XXI no hay ya posibilidad de realizar una lucha anticapitalista que no sea una lucha por la Técnica. La tecnocracia neoliberal tiene que ser sustituida por una Tecnopolítica del común que garantice el acceso abierto a la misma a todos sus potenciales usuarios, y ello no puede lograrse a través únicamente del control del Derecho y las instituciones Estatales. La próxima revolución Política será Técnica, o no será más que un conjunto de buenas pero incapaces intenciones.