Empresas de telecomunicaciones
Euskaltel o el agotamiento del modelo económico vasco

A Iñaki Anasagasti le gusta contar que Euskaltel nació en la madrileña Génova 13. Eran los tiempos del “vayasé señor Gonzalez”, Mario Conde y los bombardeos sobre Croacia. Entonces, durante las elecciones de 1996, el Partido Popular se hizo con las riendas del Estado bajo el lema “gana el centro”. La mayoría parlamentaria era escueta y Jose María Aznar necesitaba los votos de nacionalistas vascos y catalanes para ser investido. Al frente del Euzkadi Buru Batzar estaba Xabier Arzalluz, que junto al propio Anasagasti (aquende conocido como el “azote del Gobierno” por el gremio periodístico genuflexo) y el Vice-Lehendakari Juan José Ibarretxe, negociaron el precio de sus votos. Apenas unas semanas más tarde, la mano de Ibarretxe estrechaba la de Jaime Mayor Oreja dando luz verde a la creación de la empresa pública vasca de telecomunicaciones: Euskaltel.

Anasagasti todavía se jacta de “todo lo que conseguimos con 5 votos” y, en general, disfruta deleitándose con el buen hacer de los gestores de la cosa vasca desde los tiempos del Muro de Berlín. El problema es que los grandilocuentes —y manidos— argumentos sobre la excepcionalidad del Estado de Bienestar vasco, su potente política industrial, contrastan con la realidad asfixiante y financiarizada en la que se respira, siente y palpa el neoliberalismo salvaje. La oferta pública de adquisición (OPA) sobre Euskaltel es prueba de ello.

Desde una perspectiva estrictamente capitalista, Alemania, Francia, e incluso España, han protegido a sus joyas de la corona durante la pandemia. Es sabido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez modificó la normativa que regula las inversiones exteriores para impedir OPAs no deseadas, o que empresas de fuera de la Unión Europea entren en sectores estratégicos aprovechando el declive bursátil de las últimas jornadas. De hecho, ello tuvo como consecuencia que Telefónica remontara casi un 18% su valor pocas ho­ras después del anuncio.

Financiarización à la basque
La impotencia de los poderes públicos jeltzales para afrontar la crisis de productividad de la industria les ha abocado a la viagra financiera una vez más. Algo que los grandes capitales internacionales, aquellos cuyas deudas y liquidez imponen corsés sobre la administración vasca, bendijeron el pasado domingo por la tarde. La eucaristía tomó forma de una OPA que MásMóvil lanzó por el 100% de Euskaltel. El sindicato bancario, compuesto por BNP Paribas, Santander, Barclays, Deutsche Bank y Goldman Sachs, debía financiar la operación. La oferta, de 2.000 millones, fue calificada de amistosa y respaldada con la aceptación del 52,3% del capital: Zegona, fondo de inversión británico, la omnipresente Kutxabank, y la Corporación Financiera Alba. Los mercados no tardaron en reaccionar: las acciones en bolsa de la teleco vasca se dispararon en la sesión del lunes un 15,95% hasta los 11,12 euros, muy cerca de los 11,17 euros por título que ofrece MásMóvil en la opa. Es la neutralidad de los mercados financieros, amigo.

De un lado, 40 directivos de la cúpula directiva de Euskaltel se embolsarán casi 27 millones de euros en bonus por la venta. José Miguel García, quien llevó a la operadora hasta su venta a Orange, se embolsará 7,5 millones; Xabier Iturbe, hombre de Kutxabank desde 2012, más de un millón de euros.

La política industrial y la valorización capitalista del trabajo han perdido el primado sobre la financiarización, cuyos actores han penetrado en la espina dorsal de la economía vasca para extraer valor, especulando con lo que fueran activos públicos. Los fondos que están detrás de Lorca Telecom, Cinven, KKR y Providence, tienen tal capacidad de financiación que el pasado noviembre adquirieron el 100% del capital de MásMóvil por 3.000 millones, retirando así la empresa del mercado de valores. Lo mismo pasará con Euskaltel, que dejará de cotizar cuando la OPA se consume. Esa es precisamente la prueba de la hegemonía financiera. Ostentan tal capacidad crediticia que no necesitan de la capitalización bursatil; de un plumazo amplían su cartera y mejoran sus perspectivas de rentabilidad. Poco les importa a sus acreedores, los bancarios que llenan diariamente las páginas salmón, que MásMóvil arrastre una deuda cercana a los 6.500 millones de euros (casi 3.000 millones de euros en pasivos de MásMovil, 2.000 millones de la OPA sobre Euskaltel, y los 1.455 millones que debe a su vez la operadora vasca).

Este movimiento supone el último capítulo de una tan estrecha como antigua relación entre las élites locales, quienes se han apresurado a señalar que ven “con buenos ojos la OPA”, y los grandes capitales internacionales. De un lado, 40 directivos de la cúpula directiva de Euskaltel se embolsarán casi 27 millones de euros en bonus por la venta. José Miguel García, quien llevó a la operadora hasta su venta a Orange, se embolsará 7,5 millones; Xabier Iturbe, hombre de Kutxabank desde 2012, más de un millón de euros. Al mismo tiempo, los nuevos propietarios de la compañía mantendrán el control de la empresa lo máximo posible antes de reestructurarla y venderla a fin de rentabilizar la infraestructura de telecomunicaciones mediante su expansión nacional con la marca Virgin, proceso de internacionalización que iniciara García.

Hacia el fin del modelo vasco
A principios de la década de los noventa, de la mano de British Telecom, el Gobierno Vasco había abierto las zanjas para instalar una red propia de telecomunicaciones de fibra óptica que uniese todos sus centros operativos, los de la Ertzaintza y también los de Euskal Irrati Telebista. Así, Lakua presentaba allá por 1995 a Euskaltel como la empresa pública que afrontaría la digitalización de los organismos autonómicos. El Gobierno Vasco entraba como socio socio mayoritario, con un 40% del capital social, y las tres cajas de ahorros vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital) se quedaron con el monto restante. Cuando la llegada de los Populares a la Moncloa prometía poner fin al monopolio de Telefónica, los jeltzales vieron clara la oportunidad de crear una compañía vasca. Aznar cumplió, ordenando que la recién creada Retevisión, impulsada por Endesa, no actuase en el País Vasco y cediese su licencia a Euskaltel.

Gracias a los favores políticos de nacionalistas y socialistas vascos, Euskaltel alcanzó pronto cuotas de mercado cercanas al 50% en telefonía fija y del 30% en telefonía móvil. Eran los años de la marea naranja y de los grandes éxitos de la marca-país Euskaltel Euskadi, el recientemente resucitado equipo ciclista, que hizo cumbre con aquel segundo puesto de Samuel Sanchez en el Tour de Francia. En la otra cara de la moneda, durante aquellos mismos años tuvo lugar la crisis financiera, llegaron los grandes reajustes bancarios y se produjo la ilegalización de la Izquierda Abertzale. Entretanto, Patxi Lopez se aupó al frente del ejecutivo vasco y, el mismo año que Samu cruzaba la meta de los Campos Elíseos, propuso al Parlamento Vasco la venta de la fibra óptica vasca por el equivalente en acciones a 68 millones de euros. La enajenación de la red vasca se aprobó con agosticidad en una Diputación Permanente del Parlamento Vasco gracias a los votos favorables de PNV, PSE y PP.

Patxi Lopez se aupó al frente del ejecutivo vasco y, el mismo año que Samu cruzaba la meta de los Campos Elíseos, propuso al Parlamento Vasco la venta de la fibra óptica vasca por el equivalente en acciones a 68 millones de euros.

Poco después, entre desahucio y desahucio, las cajas de ahorro dejaron de serlo para integrarse en Kutxabank, entidad que sólo durante el 2013 y 2014 solicitó 213 ejecuciones hipotecarias. Las nuevas reglas del juego dictadas por Basilea III sirvieron como excusa para que la nueva entidad bancaria empezase a deshacerse de buena parte de sus activos inmobiliarios y su cartera económica. A finales de 2012 el modelo de crecimiento vasco ya comenzaba a mostrar signos de agotamiento, cuyo principal síntoma ha sido la venta del tejido industrial al mejor postor. Tras un varapalo de 222 millones de multa por el incumplimiento de un contrato que había contraído con la francesa Orange, se abrió la puerta definitivamente a la entrada a Euskaltel de grandes capitales internacionales.

En el plano político, los síntomas mórbidos de época no podían ser más evidentes. Salpicado por el desastre de Orange, el ex-lehendakari Jose Antonio Ardanza dejaba la presidencia de Euskaltel y el Gobierno Vasco abandonaba definitivamente el accionariado de la empresa pública que tantas negociaciones en Madrid le había costado. La participación de Lakua, situada en torno al 15%, se vendió por una cifra ligeramente superior a los 25 millones de euros. Para ilustrar semejante obra de ingeniera política: el gabinete nacionalista entregó toda su participación en la empresa por un tercio del valor de las acciones que había adquirido a cambio de la red pública de telecomunicaciones apenas dos años antes.

Euskaltel ya era una empresa de telecomunicaciones privada, y saneada gracias a la cesión de la red fibra óptica en su activo, lista para generar plusvalías a los capitalistas globales. La soberanía vasca se mostraba como lo que es, mera retórica proteccionista, cuando el grupo financiero ICV, compuesto por los fondos Trilantic e Investindustrial, se hacía con el 41% de la teleco vasca por apenas 200 millones de euros. En una nueva acrobacia financiera, sólo tres años después, ICV vendía todas sus acciones en la salida a bolsa de una Euskaltel valorada en 1.200 millones de euros. Hagan cuentas. Desde entonces —y hasta la fecha— el reparto de dividendos millonarios ha sido la tónica habitual año tras año. El último en plena pandemia, que incluyó un reparto extraordinario hasta alcanzar los 55 millones de euros.

Los distintos departamentos habrían entregado al menos 69 millones de euros a Euskaltel en contratos de suministros y servicios desde 2017, de acuerdo al registro presente en la plataforma de Contratación pública en Euskadi

Cabe señalar en último término que la administración pública vasca también ha engrasado a golpe de licitación los mecanismos de poder de la empresa en el territorio vasco. Los distintos departamentos habrían entregado al menos 69 millones de euros a Euskaltel en contratos de suministros y servicios desde 2017, de acuerdo al registro presente en la plataforma de Contratación pública en Euskadi al que han tenido acceso los autores. Resulta del todo metafórico que ese trasvase de fondos públicos hacia la empresa sea equiparable a la cifra que se embolsan anualmente los accionistas de Euskaltel. Algunos de estos contratos son difícilmente explicables. Por ejemplo, un contrato de la Consejería de Justicia y Administración Pública datado en 2010 adjudica una cuantía de 101 millones a Euskaltel, Telefónica y Sarenet para la prestación de servicios de telecomunicaciones a la administración por un periodo de tres años, en lotes sin especificar. No existen tampoco registros similares, lo cual en el mejor de los casos habla de falta de transparencia y en el peor de puro caciquismo. ¿O cómo se explican también los servicios prestados por su principal accionista, Kutxabank, sino como tratos especiales de favor?

Cinturón del 5G de Bilbao
En este contexto, la pandemia ha dado la razón a Karlos Marx: el desarrollo de las fuerzas productivas degenera en la concentración de grandes capitales y en el aumento de la competencia entre estos, lo cual deriva en toda suerte de tácticas, estrategias de negocio para asegurar su posición. Ello puede observarse tanto en la guerra entre Estados Unidos y China por el control sobre las futuras redes de 5G como en el mercado español, donde la pugna intercapitalista tiene lugar en el despliegue nacional de esta infraestructura. De nuevo, algunas pruebas de este hecho podemos encontrarlas en el mercado: la cotización de Telefónica cayó en un 5% en la misma jornada bursátil en que se conocía la OPA de marras.

Existe el temor a que la compra de Euskaltel fortalezca a MásMovil, el cuarto operador más grande de España, quien además ha atado su futuro con el 5G a Orange, la segunda compañía del sector por ingresos en España. Más aún, en un momento en que la tendencia del mercado de las telecomunicaciones tiende hacia el bajo coste, que lidera precisamente MásMóvil con sus distintas marcas, entre ellas Virgin Telco, la empresa británica del magnate Richard Bradson, pionero en la privatización de Reino Unido, que Euskaltel escogió hace apenas un año para irrumpir en mercado español de la telefonía.

El futuro dueño del grupo trata de adquirir un lugar central en el proceso de digitalización del Estado, controlando la implantación de la nueva tecnología 5G desde el Norte en un momento en que los fondos europeos para tan oneroso fin comienzan a permear en el territorio.

El futuro dueño del grupo trata de adquirir un lugar central en el proceso de digitalización del Estado, controlando la implantación de la nueva tecnología 5G desde el Norte en un momento en que los fondos europeos para tan oneroso fin comienzan a permear en el territorio. Por eso, la jugada de los capitalistas financieros resulta especialmente inteligente. Tampoco olvidemos que Zegona, quien tras la OPA recupera su inversión, adquirió la asturiana Telecable y la Gallega R hace tan sólo un par de años. Todo ello no sólo da cuenta de la infraestructura disponible para iniciar la expansión nacional y desafiar a empresas como Telefónica, sino de la enorme revalorización de la empresa ante una posible compra futura.

“Cuidaremos mucho a Euskadi”, señalaba luciendo camisa y vaqueros Meirad Spenger, el manager-in-chief austriaco del MásMóvil, mientras apelaba al arraigo del operador naranja a las tierras vascas. También, el principal argumento esgrimido por la Consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, a la hora de valorar positivamente la operación.  A pesar de voces discordantes de la talla del Presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, en las últimas horas hemos vuelto a escuchar ese mantra cuasi religioso, pero que a estas alturas no parece más que un síntoma de debilidad y anquilosamiento peneuvista.

Euskal Herria es una pequeña región semi-periférica, no un Estado fuerte en el centro de la economía mundial. La élite nacionalista, embriagada de un fatalismo TINA, se siente abocada a desprenderse de los pilares de lo público para que el capitalismo vasco no pierda comba (“competividad”, de acuerdo a la jerga de la patronal). Esta última crisis muestra que sus habituales acrobacias políticas comienzan a dar muestras de extenuación.