Migración
Poner fin a las políticas migratorias inhumanas de la Europa Fortaleza

Como demuestra la terrible crisis de acogida que se produjo en marzo de 2020 en la frontera entre Turquía y Grecia, el enfoque de las medidas adoptadas por parte de la Unión Europea se ha traducido en políticas inhumanas, como si la UE se encontrase en una situación de asedio. La crisis sanitaria ligada al coronavirus toca especialmente a los campos de acogida como el de Lesbos en la isla griega de Moria. Estos campos constituyen en sí una violación a los derechos fundamentales de personas que huyen la guerra y la precariedad. Su capacidad de acogida ya se ha visto ampliamente superada, y las pésimas condiciones de vida van a multiplicar las víctimas de este virus. Más que nunca, es hora de poner fin a esta política.

Desde la firma de los acuerdos de Schengen en 1985 la cuestión migratoria y de las políticas establecidas para limitarla han sido una prioridad para los países de la Unión Europea. Si bien estos acuerdos abrieron las fronteras entre los países miembros, también marcaron el punto de partida para la construcción de la Europa Fortaleza que conocemos hoy en día.

La política fronteriza europea se ha ido endureciendo gradualmente a lo largo de los años, vinculando las políticas migratorias con las políticas antiterroristas. Una vinculación que precisamente ha servido de justificación para las políticas fronterizas europeas. Así, la agencia Frontex, encargada de coordinar la “protección” de las fronteras europeas, ha visto su presupuesto dispararse entre los años 2005 y 2019, pasando de 6 a 330 millones de euros. Este impresionante aumento muestra claramente el lugar importante que ocupan las políticas de control migratorio en la actual UE. Esto se refleja, en primer lugar, en el fortalecimiento de las fronteras físicas, mediante muros y barreras, que ya alcanzan al menos los 990 km de longitud, y que están provistos de medios de vigilancia de alta tecnología. Se trata de fronteras verdaderamente militarizadas, que buscan “proteger” el suelo europeo, reproduciendo la imagen de una ciudad sitiada por “bárbaros”. Además, cuando hablamos de fronteras, no debemos olvidar que la principal de entre ellas es el Mar Mediterráneo. También es la más mortífera, con más de 35.000 personas desaparecidas en menos de 20 años.

La Europa fortaleza ya ha levantado el equivalente a seis muros de Berlín

Redacción El Salto

Fronteras

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Redacción El Salto

En tres décadas los países de la UE y la zona Schengen han erigido 1.000 kilómetros de vallas. El aumento de la paranoia de la securitización ha levantado además “muros virtuales” en forma de programas de control y vigilancia de circulación de personas y “muros mentales” cristalizados en el auge de una extrema derecha racista.

En términos más generales, este enfoque de las políticas fronterizas es consustancial a la agenda política neoliberal. Las políticas de ajuste estructural han favorecido al capital de los países del Norte, al mismo tiempo que han aumentado la dependencia de los países del Sur global. En definitiva, se trata de políticas que se insertan en las antiguas relaciones coloniales, exacerbando la crisis social en la mayoría de los países anteriormente colonizados y empujando a la gente a emigrar a Europa.

Desde hace unos años, los países europeos han tratado de deslocalizar la gestión de la vigilancia de esta frontera altamente mortífera. En este sentido, la cumbre de La Valetta de 2016 ha reforzado los programas destinados a la externalización de las fronteras europeas. Esta externalización consiste en delegar en países de fuera de Europa parte de la responsabilidad de la gestión de cuestiones de migración como la recepción, el asilo o el control de fronteras. Esta política tiene dos objetivos principales: reducir de forma preventiva la movilidad de las personas que emigran a la UE y aumentar los retornos desde el territorio europeo a terceros países.

Los países europeos han tratado de deslocalizar la gestión de la vigilancia delegando en países de fuera de Europa parte de la responsabilidad de la gestión la recepción, el asilo o el control de fronteras

De hecho, las fronteras europeas se están estableciendo cada vez más lejos. En julio de 2017, Italia, con el apoyo de la Unión Europea y sus Estados miembro, firmó un acuerdo con el gobierno de unidad nacional libio de El-Sarraj, tras haber concertado un acuerdo similar con Turquía en 2016 y negociado pactos migratorios con cinco países africanos. Después de haber trasladado a los países europeos de entrada, como Grecia o Italia, la responsabilidad de tratar con los solicitantes de asilo en virtud de la denominada norma de “Dublín”, la UE está tratando de ampliar la gestión de sus fronteras exteriores más allá del Mediterráneo. Esta estrategia reduce gravemente el derecho al refugio y conduce a la violación de los derechos humanos de las personas migrantes.

Estas medidas, justificadas por la “crisis migratoria”, afectan principalmente a los países del Sahel. Así, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, se han desplegado misiones militares en las fronteras de Malí y Somalia y en las fronteras de la República Centroafricana, afectando a la pérdida de soberanía e independencia de estos países. Esos despliegues han brindado oportunidades adicionales de interferir en los países africanos, como la flagrante injerencia de Francia en Malí para proteger sus intereses coloniales históricos en la expansión de los grupos tuareg bajo el pretexto de eliminar el terrorismo y la delincuencia organizada, incluida la “inmigración ilegal”.

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Poner fin a las políticas neocoloniales de la UE

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Poner fin a las políticas neocoloniales de la UE

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Segunda parte del texto que forma parte del proyecto ReCommonsEurope: “El impacto de las políticas financieras europeas y las estrategias de cooperación al desarrollo en el Sur y posibles alternativas”.

Por una parte, la lógica de la externalización permite a la UE y a sus Estados miembros incumplir sus compromisos en materia de acogida, violando así la Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 1951. Por otra parte, la externalización permite a la UE y a sus Estados miembros eludir sus responsabilidades en caso de violación de los derechos fundamentales (en particular los diferentes tipos de violencia y las devoluciones arbitrarias) durante las operaciones de control de las fronteras, que tienen lugar lejos de la opinión pública europea. Las relaciones de dominación de los países europeos sobre los países del Sur se traducen igualmente en que se ignore la opinión pública de estos últimos países a la hora de cuestionar esas políticas. En última instancia, al mismo tiempo que los regímenes de los países del Sur toleran, o incluso fomentan, la fuga de capitales y la explotación de los recursos naturales, se impide que las personas disfruten de la libertad de circulación y de viaje, obligándoles a correr riesgos sin precedentes.

En el Consejo Europeo de 2016, los 28 jefes de Estado acordaron poner en marcha pactos de migración con cinco países piloto, todos ellos africanos, los Migration Compacts. Esos pactos se traducen en cooperaciones que utilizan todos los instrumentos de los que dispone la Unión Europea (como la ayuda al desarrollo y el comercio) para comprometer a los Estados africanos a frenar la llegada de migrantes hacia las costas europeas y a acoger a sus nacionales y a las personas que han transitado por sus países. Por consiguiente, estamos asistiendo no sólo a una instrumentalización de la AOD (Asistencia Oficial para el Desarrollo) con el fin de limitar la migración, sino también a una instrumentalización de la cuestión migratoria con el fin de facilitar las inversiones europeas en terceros países. Por último, estas negociaciones se mantienen la mayoría de las veces en total opacidad, lo cual no hace más que reforzar su aspecto ilegítimo.

A cambio de las medidas para limitar preventivamente las salidas y aumentar el retorno a los llamados “países de origen” de las personas migrantes consideradas “indeseables”, la UE concede o deniega el acceso a fondos de la AOD

A fin de asegurar que los países no europeos acepten el aplicar una política de migración restrictiva, la Unión Europea y sus Estados miembros mercadean con su ayuda al desarrollo. A cambio de las medidas para limitar preventivamente las salidas y aumentar el retorno a los llamados “países de origen” (los llamados acuerdos de readmisión) de las personas migrantes consideradas “indeseables”, la UE y sus miembros conceden o deniegan el acceso a diversos fondos de la AOD. Además, este uso de la ayuda al desarrollo conduce a la violación de derechos fundamentales como el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución (incluido en la Convención de Ginebra), el derecho a abandonar un país, incluido el propio (Art. 13 de la DUDH), la libertad de circulación en la zona de la CEDEAO (violada mediante el refuerzo de los controles, el registro y la detención), la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes, el derecho a la protección de los datos personales y el principio de no discriminación, por citar sólo algunos de ellos.

Procesos como los de Rabat o Jartum, y especialmente el Fondo del Plan de Emergencia para África, también constituyen mecanismos creados para la aplicación de una política de externalización de fronteras. Este fondo cuenta con más de 4700 millones de euros desde 2015, de los cuales al menos 1270 millones se destinan a la gestión de las fronteras. Estamos asistiendo por lo tanto a una verdadera política de desvío de fondos, en la que el dinero supuestamente destinado a “ayudar al desarrollo” de los países de África se utiliza en gran medida para la gestión de las fronteras. Esos proyectos se utilizan, por ejemplo, para financiar la capacitación y el armamento de grupos criminales del noroeste de Libia para que actúen como guardacostas a fin de impedir a toda costa el paso de migrantes a Europa desde ese país, lo que no para de provocar muertes. Al mismo tiempo, se ha demostrado que en ese país existe una importante trata de personas, inclusive con “ferias de esclavos”, que tienen lugar a plena luz del día. Esto es, por supuesto, inaceptable, ya que este fondo de “emergencia” no proporciona una respuesta positiva a las consecuencias de siglos de relaciones coloniales y neocoloniales. Más bien, este fondo las acaba perpetuando, transformando a estos países en “gendarmes” de las fronteras de la Fortaleza Europa. Los programas de Ayuda al Desarrollo son verdaderas herramientas neocoloniales.

Estamos asistiendo a una política de desvío de fondos, en la que el dinero supuestamente destinado a “ayudar al desarrollo” de los países de África se utiliza para la gestión de las fronteras

Propuestas

La criminalización de las personas migrantes no acabará con la inmigración clandestina. Por el contrario, este enfoque conduce a la exacerbación de la migración clandestina y a las muertes catastróficas que la acompañan. Las y los jóvenes africanos, que huyen de la muerte, la pobreza y la miseria, seguirán arriesgándose a abandonar sus países.

Cualquier fuerza progresista que llegue al poder en un país europeo tendrá que oponerse a las políticas de la Europa Fortaleza y desobedecerlas, con el fin de respetar los derechos humanos. Su acción deberá inspirarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de Ginebra sobre el derecho de asilo. A un nivel más inmediato, será necesario:

Primero: cerrar los centros de internamiento para migrantes, que en la práctica son verdaderas cárceles. Poner fin a la criminalización y a las leyes que clasifican a las personas migrantes como “ilegales”; igualmente, poner fin a las distinciones moralistas entre “buenas y buenos migrantes” (aquellas personas con acceso al refugio, y aquellas que tienen acceso al mercado de trabajo) y “las y los malos migrantes” (consideradas y considerados como “ilegales”). Serán necesarios verdaderos acuerdos de recepción de personas migrantes que garanticen el acceso a los servicios públicos.

Habrá que establecer canales seguros para que las personas puedan migrar, tratando de defender la libre circulación dentro del espacio Schengen

También habrá que establecer canales seguros (tanto físicos como legales) para que las personas puedan migrar, tratando de defender la libre circulación dentro del espacio Schengen y más allá. Esto implicaría aprovechar plenamente las instalaciones consulares y diplomáticas de los países interesados y abandonar el sistema de gestión subcontratada de los “visados Schengen”. Igualmente, deberá dejar de aplicarse el Reglamento de Dublín, de manera que si las personas migrantes desean solicitar asilo en un país que no es el de su entrada en la Unión Europea lo puedan hacer. Esto tendrá que verse acompañado, en los países que constituyen la frontera de Europa, de la eliminación de los dispositivos militares como los muros y las vallas, los sistemas de vigilancia, etc.

Debemos facilitar los marcos jurídicos y administrativos necesarios para garantizar la circulación segura de las personas, de modo que podamos hacer de la migración una elección y no una necesidad de vida o muerte. Ni las políticas migratorias ni la ayuda al desarrollo podrán compensar a las poblaciones africanas por siglos de saqueo de sus recursos naturales y humanos, un saqueo que ha dado lugar a una enorme deuda ecológica y que las ha sumido en el subdesarrollo y la violencia, lo que a su vez provoca desplazamientos forzados y solicitudes de asilo. Las riquezas naturales y humanas que posee hoy el continente son capaces de garantizar a los pueblos de África un verdadero desarrollo y una vida segura que no les obligue a desplazarse, siempre y cuando esos pueblos puedan ejercer la soberanía sobre las riquezas de sus países. La garantía de una vida digna y segura para los pueblos de este continente está vinculada a su soberanía en la toma de decisiones, que debe escapar a las políticas neoliberales y a los mecanismos neocoloniales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio). Estas alternativas estarán necesariamente vinculadas al establecimiento de regímenes democráticos, así como al fortalecimiento de la autoorganización de estos pueblos frente a sus regímenes actuales y en pro de su soberanía. La migración tendrá que ser una prioridad en su lucha, ya que sus causas están vinculadas a las políticas neoliberales.

En lo que respecta al gobierno popular de un país europeo, tendrá que ir más allá del actual marco exclusivo y colonialista de la Unión Europea. Necesitará necesariamente una política de reparación por el saqueo y la explotación de las riquezas que las clases dirigentes y las grandes empresas de los países europeos han llevado a cabo durante siglos.

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Este texto forma parte de la publicación titulada "El impacto en el Sur de las políticas financieras europeas y de las estrategias de cooperación para el desarrollo y las alternativas posibles”, preparada en el marco del proyecto ReCommonsEurope.