Especulación inmobiliaria
El precio de los alquileres cae el doble en los municipios adheridos a la ley catalana

La ley catalana de los alquileres cumple este 22 de septiembre un año de vida. La norma, recurrida por el PP y el Gobierno por inconstitucional, sigue siendo el modelo en el que mira el movimiento de vivienda y la izquierda parlamentaria para regular el precio de los alquileres en la aparcada Ley de Vivienda.

La Ley de Contención y Moderación del Precio del Alquiler (11/2020) fue aprobada en julio de 2020 con los votos de Esquerra Republicana, Junts Per Catalunya, Catalunya En Comú y la CUP después de una larga lucha liderada por el Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya y apoyada por más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil, desde sindicatos a colectivos sociales y vecinales, pasando por las grandes organizaciones soberanistas. La presión del movimiento de vivienda consiguió a último momento que la norma fuera aprobada en el Parlament sin las modificaciones con las que Junts pretendía desvirtuar la letra original de esta ley, convertida en vanguardia en el Estado español.

Día histórico en la lucha por la vivienda: Catalunya aprueba la ley que regula los alquileres

Martín Cúneo

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Catalunya

Día histórico en la lucha por la vivienda: Catalunya aprueba la ley que regula los alquileres

Martín Cúneo

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Después de más de un año de trabajo legislativo y muchos más años de presiones desde la calle, Catalunya se suma a los territorios europeos más avanzados en la regulación del precio de los alquileres. Tras el bloqueo inicial de JxCat, las negociaciones de última hora han dado resultado y la ley ha sido aprobada este 9 de septiembre.

La norma se aplica actualmente en 61 municipios de Catalunya, donde los alquileres están congelados y las rentas que superan el índice de precios están obligados a bajarlos. Para el Sindicat de Llogaters, la principal prueba de que la ley está funcionando es que 57 de los 61 municipios donde inicialmente se aplicó ya la han refrendado y han solicitado una ampliación de cinco años.  

Una de las últimas ciudades en hacerlo fue Barcelona. El pasado 15 de septiembre, el pleno prorrogó la aplicación de la ley de alquileres cinco años más. Con los votos de los comunes, PSC, ERC y Junts, el Ayuntamiento decidió declarar definitivamente la ciudad como área tensionada, un paso necesario para poder seguir aplicando la ley.

La prueba definitiva de que la ley ha funcionado es que el descenso en el precio de los alquileres ha sido dos veces superior en las localidades catalanas donde se aplica la ley, dicen desde el Sindicat de Llogaters

La concejal de Vivienda de la ciudad, Lucía Martín, declaró que la ley está ayudando a estabilizar los precios y que solo se oponen a ella las “minorías privilegiadas que están lejos de ser pequeños propietarios, sino que son grandes empresas que lo que hacen es perpetuar un modelo de negocio incompatible con el derecho a la vivienda".

Según afirma Martín, la oferta de vivienda no se ha visto afectada y esta “se ha disparado en la ciudad”. De la misma forma, afirma, “los precios empiezan a estabilizarse y el mercado de compraventa funciona con normalidad”.

El nuevo boom inmobiliario agudiza la crisis de vivienda ante la inacción del Gobierno

Martín Cúneo

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¿Una nueva burbuja? El nuevo boom inmobiliario agudiza la crisis de vivienda ante la inacción del Gobierno

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El auge del precio de la vivienda en propiedad y una burbuja del alquiler que no se termina de desinflar coloca a un importante sector de la población en un “limbo”: no pueden pagar el alquiler ni reúnen las condiciones para acceder a una hipoteca.

No es, por supuesto, la visión que trasladan los portales inmobiliarios, que han intensificado su campaña contra la ley catalana. Según Idealista, la ley ha significado un “dramático recorte de la oferta”. El portal de noticias de este gigante inmobiliario defiende que la 11/2020 no ha tenido efecto en los precios: según sus propios datos, la caída del precio de los alquileres en la ciudad de Barcelona (-8,2%) ha sido inferior a la registrada en el mismo periodo por Madrid (-9,3%), sin ningún tipo de regulación. “Los datos son tozudos: la ley catalana de control del precio del alquiler no ha funcionado como se esperaba”, señalaba Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Una interpretación radicalmente distinta hace el Sindicat de Llogaters del resultado de este primer año de ley de alquileres. “Idealista es a la ley catalana que regula el precio del alquiler lo que Marlboro al impuesto sobre el tabaco”, ironizaba el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, en redes sociales sobre los datos publicados por el portal. De hecho, Competencia investiga a este y otros seis portales inmobiliarios por inflar los precios.

Para el Sindicat, la prueba definitiva de que la ley ha funcionado es que el descenso en el precio de los alquileres ha sido dos veces superior en las localidades catalanas donde se aplica la ley. En concreto, en el segundo trimestre del año los precios han vuelto a bajar en un 5,5% de media en los municipios regulados y solo un 2,7% en los no regulados, según datos de L’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Con respecto a 2020, los alquileres en los municipios regulados han bajado un 3%, mientras que en los restantes se han mantenido estables. 

Los números también son tozudos para los defensores de la ley de alquileres: los hogares que han firmado contratos en el marco de la regulación pagan de media 44 euros menos, unos 528 euros de ahorro anual. En Barcelona el ahorro es mucho mayor: 76 euros al mes.

Los hogares que han firmado contratos en el marco de la regulación pagan de media 44 euros menos, unos 528 euros de ahorro anual. En Barcelona el ahorro es mucho mayor: 76 euros al mes

Y no, no se debe solo a las consecuencias del covid-19 y a la caída del turismo. La clave, insisten desde el Sindicat de Llogaters, es comparar los datos de los municipios regulados con aquellos en donde solo funcionan las leyes de la oferta y la demanda. Un ejemplo, sostienen, es lo que ha ocurrido en Blanes, un municipio regulado, donde los precios han descendido un 5%, mientras que en Lloret de Mar, no regulado, se limita al 1%. 

Sin embargo, para el Sindicat, “la mejor demostración del éxito de la regulación” es que 57 de los 61 municipios regulados han solicitado ampliar cinco años más la aplicación de la ley. Entre ellos, Badalona, gobernada por el PP, y Gavà, a petición de la actual ministra de Fomento y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, encargada nada menos que de la nueva Ley de Vivienda. La regulación de precios también funciona en L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad catalana, gobernada por el PSC, partido que votó en contra de la ley en el Parlament y cuya dirección nacional se niega, por ahora, a incluir una normativa equivalente en la ley estatal de vivienda. Además, 25 localidades más se han adherido a la ley que regula los alquileres.

Los recursos de inconstitucional del PP y del Gobierno, ahora sobre la mesa del Constitucional, sitúan la normativa en un punto delicado y aumenta la presión para que la nueva Ley de Vivienda ampare la ley catalana y permita extenderla al resto del Estado español.

Desde el Sindicat califican la norma de “moderada”, sobre todo si se tiene en cuenta que los alquileres subieron 30 veces más que los salarios en los últimos cuatro años. Los problemas de vivienda no han desaparecido, como tampoco los desahucios, pero la ley es una demostración de que existen políticas públicas que pueden contener y desinflar la burbuja del alquiler. “La regulación de precios es sólo un paso adelante que da una mínima tranquilidad a la gente: ahora sabes a qué atenerte cuando termina el contrato, ya no te pueden hacer una subida abusiva y sin justificación”, sostienen desde el Sindicat de Llogaters.