Especulación urbanística
Las cinco principales organizaciones ecologistas españolas exigen que la Junta acate ya la sentencia del TSJEx sobre Valdecañas

Este 16 de enero, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF convocaron en Mérida a los medios para explicar la situación del caso Valdecañas y sus planteamientos al respecto.

Las principales organizaciones ecologistas a nivel estatal avalaron las posiciones de Adenex y Ecologistas en Acción Extremadura y remarcaron su apoyo al trabajo que estos vienen realizando contra la urbanización ilegal Marina Isla Valdecañas, la cual describieron como un “despropósito” por haber sido construida en suelo protegido de la Red Natura 2000. El planteamiento principal era compartido por todas las organizaciones: debe asegurarse y cumplirse cuanto antes lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que explicita el desmantelamiento del complejo turístico al completo. Así mismo, han afirmado que a estas alturas del proceso judicial “no hay ningún pretexto ni posible dilación para cumplir la ley” por lo que “la Junta debe acatar la sentencia” y comenzar a desarticular el complejo turístico de lujo. También “deben asumirse las responsabilidades políticas” que de la sentencia se derivan.

El proyecto Marina Isla de Valdecañas consiste en 180 villas de lujo –el coste de cada una, como media, 550.000 euros-, una playa privada, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf de 18 hoyos y un club náutico. La promotora de la urbanización, que es propiedad entre otros de magnates como Gómez Acebo, ha declarado que no puede pagar los costes del desmantelamiento, “que ahora asumirá la Junta por haberles dado los permisos en su momento”. 

Hace dos meses, en noviembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el cambio de la Ley de Suelo extremeña realizado por el PP y el PSOE en la Asamblea, que intentaba legalizar la urbanización a posteriori

Las organizaciones convocantes apuntaron que uno de los principales motivos para el desmantelamiento de la urbanización es revertir todo cuanto sea posible el daño causado al territorio y al entorno natural. Pero además, otro motivo importante que expusieron es el que ha rondado los debates sobre este tema: que desmantelar Marina Isla Valdecañas es “la única manera de no sentar un precedente” que facilite otros casos de especulación urbanística en terreno protegido, “en los que primero se hace la trampa y luego se intenta adaptar la ley a ella”. Las organizaciones recordaron que existen otros proyectos urbanísticos similares planeados en espacios protegidos de Extremadura, y también en el resto del Estado, que están a la espera de “ver cómo se resuelve finalmente el caso Valdecañas” para saber a qué atenerse. 

El catedrático de la Universidad de Extremadura Pedro Búfalo ha afirmado que el hecho de que PSOE y PP cambiaran la Ley extremeña de suelo para que se autorizara la construcción de la urbanización representa “un auténtico atentado al Estado de Derecho y a la división de poderes”. En 2011 el TSJex anuló el Decreto que permitía el PIR de Marina Isla Valdecañas, destacando “la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del Proyecto aprobado”, por lo que la isla no era urbanizable. Sin embargo, a causa de la “desproporcionada fianza” de 41 millones de euros, las organizaciones denunciantes no pudieron paralizar cautelarmente los trabajos.

En enero de 2019 el rotundo informe de la Estación Biológica de Doñana determinó que la mejor opción ambiental es el desmantelamiento de lo construido, y destacó la ínfima calidad de la evaluación ambiental que la Junta había presentado. Hace dos meses, en noviembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el cambio de la Ley de Suelo extremeña realizado por el PP y el PSOE en la Asamblea, que intentaba legalizar la urbanización a posteriori.

Desde El Salto Extremadura hemos hecho un recorrido detallado de todo el caso Valdecañas.

Tanto Greenpeace, Amigos de la tierra, Ecologistas en acción y Adenex como SEO/BirdLife y WWF esperan que el TSJex se reafirme en su sentencia. Han explicado ante los medios que “no conciben otro desenlace”

En la rueda de prensa describieron el caso Valdecañas como “inaudito” ya que, según explicaron, “el proyecto urbanístico acumula varias sentencias en su contra y aún la Junta aún no ha empezado a organizar el restablecimiento de la Isla a su estado natural”. De hecho, la Junta ha anunciado la posibilidad de instar al TXJex, antes de que dicte la sentencia definitiva, a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de evitar lo ya dictado por el tribunal extremeño. Ahora la Junta ha planteado un “desmantelamiento parcial” para que se mantengan las edificaciones que ya se habían terminado de construir, propuesta que carece de base legal según los ecologistas. Tanto Greenpeace, Amigos de la tierra, Ecologistas en acción y Adenex como SEO/BirdLife y WWF esperan no obstante que el TSJex se reafirme en su sentencia. Han explicado ante los medios que “no conciben otro desenlace”.

Hace unos meses desde entrevistamos al abogado de la parte demandante, Nino Trillo, que afirmaba que “la responsabilidad esencial, recae en el Gobierno de Fernández Vara, que aprobó urbanizar un espacio protegido sobre justificaciones no acreditadas y que en el tiempo se han demostrado falsas”. Así mismo aseguraba que “el proyecto no ha dinamizado la región de ninguna manera que lo justifique.”

En un análisis reciente sobre las personas implicadas en el caso, se señalaba que “Marina Isla Valdecañas ha sido y es un negocio indigno, que se ha fabricado violando la ley de forma reiterada, una aventura de contumaz prevaricación y servilismo para beneficio y disfrute de un club de millonarios con sólidos anclajes en la banca, el gran empresariado y la monarquía. Los grandes hacedores en la sombra, los dueños de la inmobiliaria que se ha beneficiado de la venta de las viviendas de lujo: Jaime López-Ibor y Beltrán Gómez-Acebo. El primero es nieto del conocido psiquiatra franquista Juan José López-Ibor y sobrino –de casta le viene al galgo- del todopoderoso empresario Alberto Alcocer”.

Ecologistas en acción Extremadura ha encargado una tasación de un desmantelamiento de Marina Isla Valdecañas en el que se aprovecharan los materiales de obra utilizados y el coste final “no llega a los 10 millones” de los que el Estado pagaría una parte

Por otra parte, en la rueda de prensa se comentó que la Junta se ha referido al coste del desmantelamiento, que en algunas ocasiones ha llegado a estimar en 34 millones de euros. Sin embargo, desde las organizaciones ecologistas apuntan que el proyecto de recuperación del Algarróbico, muy similar a este, también se estimó en esa misma cantidad, pero cuando Greenpeace encargó un presupuesto independiente este no superó los 8 millones. Por su parte, Ecologistas en acción Extremadura ha encargado una tasación de un desmantelamiento de Marina IslaValdecañas en el que se aprovecharan los materiales de obra utilizados y el coste final “no llega a los 10 millones”. Un coste que además, señalan los ecologistas, “no tendría que afrontar íntegramente la Junta, sería asumido de forma conjunta con el Estado, como en el caso del Algarróbico”. Igualmente, explican que se recuperarían elementos públicos, algunos de gran valor, como la depuradora de agua, pues aunque la urbanización es privada en la práctica (tiene hasta puertas y personal de seguridad privada) no deja de formar parte del municipio de El Gordo, y se sirve de recursos públicos.

Las organizaciones ecologistas insisten en que la mejor solución es desmantelar el total de la construcción visible. Pero explican que es mejor no retirar la construcción subterránea que se realizó como base para los edificios, pues el impacto al mover las tierras del subsuelo sería más perjudicial para el espacio natural, en el que el estado del suelo siempre es clave, por lo que tendría más difícil regenerarse.

Las principales organizaciones ecologistas del Estado tienen claro que los únicos responsables fueron “los dirigentes de la Junta” por “insistir en seguir adelante con un proyecto urbanístico descabellado cuando sabían el resultado que podía tener”

Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF quisieron solidarizarse en la rueda de prensa con Ecologistas en acción Extremadura y Adenex por haber sido “culpabilizados públicamente por el gobierno extremeño desde los medios de comunicación“, cuando se publicó la Sentencia judicial del TSJex que obliga al desmantelamiento, porque este “suponía un gasto”. Ante esto, estas organizaciones tienen claro que los únicos responsables fueron “los dirigentes de la Junta” por “insistir en seguir adelante con un proyecto urbanístico descabellado cuando sabían el resultado que podía tener”. De igual manera, en otras ocasiones se ha señalado que muchos de los inversores conocían los riesgos, pues empezaron a invertir cuando ya habían sido informados de que la justicia podía declarar la construcción de la urbanización como ilegal. Tras la primera sentencia en contra, el director general de Urbanismo en ese momento se puso en contacto con los inversores para decirles que no se preocuparan, porque ”al final todo seguiría adelante”.

En ese sentido, el ecologista Fernando Llorente apuntaba hace unos meses: “fueron todos los diputados de la Asamblea los que votaron un cambio de la ley del suelo que sabían que era una burla. Quizá por ahí se podían buscar a los responsables de asumir las indemnizaciones astronómicas y los gastos de esta aventura especulativa que, en vez de llegar a ser la 'Marbella extremeña', se ha quedado en triste 'Algarrobico fluvial'. Una verdadera batalla de la clase política regional contra la Justicia y el Derecho que ha utilizado recursos públicos para favorecer a una minoría que ya es rica y privilegiada, y que además es foránea, una batalla también contra el movimiento ecologista, al que se trata de estigmatizar como enemigo del progreso y el empleo, enemigo del mundo rural”. 

Ecologistas en acción afirma que “todas promesas sobre Marina Isla Valdecañas se han demostrado falsas: que el proyecto iba a ser un centro terapéutico, que generaría una gran cantidad de empleo y riqueza en la zona, que supondría la mejora de la biodiversidad y el estado de conservación de la isla, etc”. Sin embargo, “tal y como concluyen las propias sentencias, solo se ha trabajado para proteger los intereses de la promotora urbanística frente a los intereses generales”.

Por ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF finalizaron la intervención explicando que la decepción que supone Marina Isla de Valdecañas “debería provocar dimisiones” y “disculpas de los responsables políticos a toda la sociedad extremeña” ya que “pocas veces se encuentra un caso tan claro de vulneración flagrante de la legislación ambiental y urbanística”.