Especulación urbanística
El macrodesahucio de 18 familias revive el debate sobre el papel de la Sareb

El calendario del movimiento por el derecho a la vivienda tiene marcado el próximo 6 de febrero como una fecha ineludible. Ese día, tres bloques de la Sareb en la calle María Guerrero (Carabanchel, Madrid) se enfrentarán a un intento de desahucio después de la negativa de la Sareb a respetar los antiguos contratos o renegociar unos nuevos.

Las 18 familias afectadas, organizadas en la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, intentarán con el respaldo de los colectivos de vivienda frenar los desahucios, como ya lo hicieron el pasado 18 de diciembre, cuando cientos de vecinos y activistas consiguieron paralizar el desalojo programado para ese día.

Sus viviendas pertenecían a Proisa SL y Proyectos Inmobiliarios Stout. Cuando estas compañías entraron en concurso de acreedores, los inmuebles fueron adquiridos en subasta por la Sareb, “negándose esta a respetar los antiguos contratos o renegociar unos nuevos”, según denuncia la Asamblea de Vivienda de Carabanchel.

Los intentos de ponerse en contacto con el ‘Banco Malo’ o establecer un diálogo o negociación ha chocado con la negativa de la Sareb, que ha instado a los juzgados al desalojo inmediato de los bloques. El 12 de diciembre pasado, la justicia daba la razón al banco y ordenaba el desalojo de las 18 familias. Desde entonces, “la única alternativa de las familias es, por tanto, la acción vecinal y la presencia mediática denunciando la situación a que la Sareb, una entidad financiada con fondos públicos, les conduce”, dicen desde este colectivo de Carabanchel.

Frente a los intentos de desalojar las viviendas para “sacarlas de nuevo al mercado”, desde la Asamblea advierten que trabajarán “para que la apertura de un proceso de negociación sea una realidad que resuelva la situación y para impedir que se vulneren derechos fundamentales recogidos en la constitución”.

De fondo, el papel de la Sareb, una entidad pública que hasta ahora no ha funcionado para defender intereses generales, según denuncian desde diversos colectivos antidesahucios. “Entendemos que el ejecutivo central, tras el acuerdo entre PSOE y UP que alcanza a la política de la Sareb, tiene que posicionarse en este conflicto, por lo que en los próximos días interpelaremos a su intervención y solicitaremos una reunión a los principales grupos
parlamentarios”, proclaman desde la Asamblea de Vivienda de Carabanchel.

Desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, Javier Gil recuerda que la Sareb se convirtió en “la primera inmobiliaria de España gracias al dinero público” y lanza una advertencia: “[El 6 de febrero] tenemos que ser miles en la puerta y mandar un mensaje claro: las viviendas de Sareb son nuestras”.

Para el portavoz del Sindicato de Inquilinos, el reciente anuncio de la venta de 1.000 pisos de la Sareb en el mercado libre representa una oportunidad perdida para “aumentar el parque público” de vivienda social y un impulso realizado desde una entidad nacionalizada a la burbuja del alquiler.

En un vídeo realizado para difundir la situación de los bloques de María Guerrero, los vecinos tomaban la voz. “Mi hija ha nacido aquí. Aquí tiene su colegio y aquí tiene a sus amigos. El 6 de febrero no nos vamos”, dicen Gina y Sofi. Otro vecino llamado Miguel insistía en la misma idea: “Llevo viviendo aquí, en María Guerrero, con familia, hijos, nietos y nietas y muchos amigos, y tenemos nuestra vida aquí. Así que el 6 de febrero no pensamos salir de aquí. Que lo sepan”.