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La presencia esta mañana de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, en el Congreso de los Diputados estaba rodeada de expectación y ha sido un casus belli para la derecha política porque se trata de la primera vez que grupos como EH Bildu, la CUP o Esquerra Republicana de Catalunya accedían a esta comisión, cuyas deliberaciones son secretas.
Pero la comparecencia de Esteban no ha cerrado ninguna de las cuestiones puestas encima de la mesa: “Las explicaciones han sido del todo insuficientes”, ha resumido Mertxe Aizpurua. El diputado republicano Gabriel Rufián ha seguido la misma línea crítica en su cuenta de Twitter: “No se ha dicho nada que el CNI no haya filtrado ya”, y ha ampliado en declaraciones en los pasillos del Congreso: “Reclaman el espionaje, pero sostienen que a mucha menos gente”.
Esteban se ha reafirmado de este modo en lo que parece la versión definitiva del Ejecutivo en torno a este escándalo: el espionaje de independentistas fue “legal”, es decir, autorizado por el Tribunal Supremo —que tiene un juez asignado para autorizar acciones de los servicios secretos— pero no se realizó sobre todas las personas que aparecen en el documento de Citizen Lab y The New Yorker, solo sobre 18 personas vinculadas a Tsunami Democràtic. Esteban, según han publicado medios afines a Defensa, ha aportado la documentación que acredita que contaba con permiso judicial para dichas intervenciones.
Tras la comparecencia, TV3 ha publicado que entre los nombres de las 18 personas que Esteban ha admitido que fueron monitorizadas a través de Pegasus están los del actual president de la Generalitat, Pere Aragonès y el entorno del expresident, Carles Puigdemont, en Waterloo.
Otro organismo pudo estar detrás de la intercepción de comunicaciones mediante Pegasus en otros casos, pero Esteban no ha conjeturado o comunicado sus sospechas sobre qué organismo sería responsable en ese supuesto. Según Rufián, la directora del CNI ha sugerido que se trataría de “una nación extranjera o a organismos estatales que espían por encima de sus posibilidades legales”.
“Todas aquellas sorpresas que según la ministra de Defensa nos íbamos a encontrar en esta Comisión brillan por su ausencia. Muchas dudas, y pocas sorpresas”, ha denunciado Aizpurua, en referencia a las intervenciones previas de Robles.
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Aizpurua y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han coincidido a la hora de pedir que se haga pública más información sobre el caso, una vez que este martes el PSOE, el PP, Ciudadanos y Vox se pusieron de acuerdo para rechazar la creación de una comisión de investigación en el Congreso respecto a Pegasus. Echenique ha referido que ha solicitado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se desclasifique la información trasladada a los diputados presentes en la comisión. El PNV ha coincidido en que falta “tela que cortar” para esclarecer el caso.
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Si hay un Estado dentro del Estado que hace lo que le da la gana independientemente del poder que “elige” el pueblo como su representante, significa que esto no es una democracia sino una dictadura y que dicha “elección” no es más que una patraña, un envoltorio edulcorado para neutralizar a lxs enemigxs del estado profundo: la clase obrera.