Espionaje
Margarita Robles pone el norte de su brújula en los secretos de Estado y la confianza ciega de la población

Mañana se celebrará una comisión de Secretos Oficiales en la que participarán diez diputados. Robles augura en que allí la directora del CNI aclarará lo ocurrido y apela a que los ciudadanos confíen en la justicia mientras propone una “transparencia secreta”, según ha definido Josep Pagès (Junts).
Margarita Robles Congreso
Margarita Robles en el Congreso de los Diputados el 27 de abril de 2022. No CC. Dani Gago

Lo único que ha podido ofrecer la ministra Margarita Robles en la comisión parlamentaria de Defensa respecto al escándalo del caso Pegasus ha sido una petición a la población, a la que pide “confianza” en las instituciones y “orgullo” patriótico. Nada más. Robles se ha mostrado tensa y nerviosa en su primera intervención, y ha elevado el tono de voz para parecer contundente en su defensa del Estado y sus cloacas. Ha contado con un aliado, el presidente de la comisión, José Antonio Bermúdez de Castro (PP), quien ha reprobado a la primera parlamentaria en intervenir en el turno de palabras, Mireia Vehí (CUP), por nombrar el caso Pegasus en una comisión de Defensa en la que la ministra iba a presentar un documento que debe ser importante: La brújula estratégica de la defensa de la Unión Europea

Los diálogos más reveladores se han producido entre el diputado de EH Bildu Jon Inarritu y la ministra. Ha sido en la tercera palabra de Robles cuando el argumentario de la ministra ha aflorado del todo: mañana habrá una comisión de Secretos Oficiales; la directora del CNI, Paz Esteban, aportará luz con los consiguientes informes —que la ministra no conoce o sí conoce, no ha quedado claro—; los “especuladores” podrán entonces quedarse tranquilos y, quizá, sorprendidos, cuando los enigmas y entuertos se aclaren. Sea como fuere, nada podrá contarse. Porque lo abordado en la comisión de Secretos Oficiales es secreto y, si no hay filtraciones, la población seguirá sin saber quién ha espiado a quién y en base a qué motivos. Básicamente, esta es la línea que Margarita Robles viene defendiendo desde que asumió que el espionaje existe. Acusa a los espiados de especular, apela al secreto oficial en el caso de que se haya espiado y nombra a los jueces para justificar que el espionaje ha sido legal, o para que sean estos quienes diriman quién es el espía fraudulento, en caso de ilegalidad.

Jueces todopoderosos

Precisamente lo que más ha nombrado Robles no ha sido la palabra Pegasus —ni una sola vez— o espionaje, sino jueces, tribunales y carrera judicial. Ella fue magistrada de la Audiencia Nacional en 1998, año en el que el periodista Pello Urzelai del clausurado diario Egunkaria entrevistó a Margarita Robles y ella afirmó, que “siendo demócratas, no podemos permitir que haya guerras sucias o escuchas ilegales”.

Inarritu y Robles se conocen desde hace tiempo y se han hablado con cordialidad. En sus reproches, él le ha dicho “echo de menos a la Margarita Robles que era el azote de las cloacas”. Ella ha vuelto a incidir en la necesidad de confiar en la Justicia. Inarritu ha insistido: no cree que su teléfono infectado provenga precisamente de una autorización judicial. Robles se ha mostrado más reacia —hay que confiar en los tribunales y ponerse a su disposición— evitando reconocer, una vez más, la existencia actual de unas cloacas del Estado, que seguramente siguen funcionando con la misma pasión que antaño.  

Con muchísimo menos respeto, la ministra se ha dirigido a Mireia Vehí (CUP), Pablo Echenique (Unidas Podemos) y Montse Bassa (ERC). A la primera le ha reprochado abandonar la comisión —Vehí había salido, luego ha vuelto a entrar—, y al segundo le increpado veladamente por su postura con respecto al envío de armas a Ucrania.

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Pruebas periciales de contraparte

Ha sido el representante del grupo parlamentario Junts per Catalunya, Josep Pagès, quien ha entrado en el juego de Robles con mayor maestría: “Usted es juez y, si no le gustan las pruebas periciales que aporta un organismo reconocido incluso por el CNI, como es Citizen Lab, aporte usted sus propias pruebas periciales [que rebatan las tesis de que el Estado espió a independentistas catalanes y vascos]”. Pagès ha concluido conceptualizando la estrategia del Gobierno, que “apuesta por la transparencia secreta”, en referencia a la comisión que se celebrará mañana. Los partidos de investidura y Unidas Podemos han solicitado una comisión de investigación cuyos resultados sean públicos. El Gobierno se ha negado, junto con los votos del PP, Vox y Ciudadanos, y ha optado por una comisión de Secretos Oficiales a la que asistirán diez diputados: Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Albert Botran (CUP). 

Pagès ha concluido su primera intervención advirtiendo “del timing en el que ha hecho público el espionaje a los miembros del Gobierno. Es muy relevante. Ni usted ni nadie tienen credibilidad en Junts”, ha zanjado el parlamentario catalán. 

La diputada de ERC ha optado por la ironía: “¿De verdad creen que el referéndum del 1 de octubre fue un secreto? Llevábamos años anunciando que lo íbamos a hacer. Son ustedes quienes ponen la etiqueta de secreto oficial, una etiqueta que empodera a las cloacas del Estado, que nacen del franquismo y se alimentan del terrorismo de Estado y del todo vale. Unas cloacas que duran tanto que ya son su normalidad democrática. Condecorados y premiados con pensiones vitalicias”, ha reprobado Montse Bassa a la ministra de Defensa. “¿Hasta cuándo aguantarán sin dar explicaciones públicas?”, ha añadido Mireia Vehí. 

El grupo canadiense de investigación en materia de seguridad cibernética Citizen Lab concluyó que 63 móviles de políticos, activistas, abogados y periodistas independentistas catalanes y vascos fueron infectados por el programa de espionaje Pegasus. Solo organismos oficiales y estados pueden acceder a este malware que, según ha adelantado el periodista Pedro Vallín tras leer la querella presentada por el abogado Gonzalo Boye, espiado también por Pegasus, no sería legal en España ni con autorización judicial, dado que la captación de datos es tan masiva que imposibilita un espionaje dirigido. 

Si el presidente echó un polvo al lado de su móvil, quienquiera que pudiera estar espiándole, pudo escuchar sus gemidos. Pero Pedro Sánchez no es una estrella de Hollywood ni estamos en los 2000. Presumiblemente, nadie le ha investigado para chantajearle por sus asuntos de alcoba en un país donde esas informaciones no suelen tener cabida. Se presupone que se le investigó con fines políticos. Pero sobre esto, Margarita Robles también ha intentado sembrar la duda veladamente: “Nadie pudo anticipar una amenaza como la covid o la guerra en Ucrania. ¿Y si un joven debilita la defensa de un país?”, se ha preguntado en referencia al documento de la Brújula estratégica.

Lo cierto es que tanto microbiólogos como expertos en geopolítica sí vaticinaron ambas cosas. Independentistas catalanes también habían augurado escuchas ilegales en sus comunicaciones; los vascos tienen una larga experiencia en ello. Incluso Aitor Esteban explicó ayer que en el PNV “no somos nuevos” en esta materia. Rememoró que con el Plan Ibarretxe su teléfono fue intervenido y conversaciones privadas aparecieron en la prensa.    

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Marc
5/5/2022 10:43

Le faltó decir "y dad gracias que no contraté sicarios". Vaya tela.

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